El colectivo de presos de ETA, de querer echar a Otegi a plegarse a su estrategia

El colectivo de presos de ETA pondrá fin a los homenajes a los terroristas que volvían a casa tras cumplir sus condenas para escarnio de sus víctimas. Los llamados ‘ongi etorri’ (bienvenida) suponían un escollo en el pretendido cambio de actitud que escenifica Arnaldo Otegi. También lo eran para cualquier acercamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los herederos del brazo político de la banda criminal. De este modo, los presos allanan ahora el camino y se pliegan de nuevo a las necesidades estratégicas de la izquierda abertzale institucional. Es la tónica habitual desde hace años, pero no siempre fue así.

El EPPK (Euskal Preso Politikoen Kolektiboa) fue siempre el sector más cohesionado y fiel a las decisiones que emanaban de la dirección de ETA escondida en Francia. Y hubo un tiempo en que ese mundo le declaró la guerra interna a su rama política que encabezaba Otegi. Tanto es así que el colectivo de presos llegó a personalizar sus ataques en el actual líder de Bildu. Fue en los meses de enero y febrero de 2010. El EPPK y la vieja Batasuna se enzarzaron en un enfrentamiento a cuenta del modo en el que ambos sectores hacían llegar a los presos sus respectivas propuestas para el futuro.

Hacía unos meses que Otegi había ingresado en prisión por el ‘caso Bateragune’ que le mantuvo seis años entre rejas, pero seguía activo en el debate interno proetarra. Él y los suyos defendían una ponencia que se llamaba ‘Zutik Euskal Herria’ (‘Euskal Herría en pie’). Apostaba por el fin de los atentados en favor de las vías exclusivamente políticas. No era el resultado de un examen moral de su pasado, sino una salida ante la ilegalización de formación política y los sucesivos golpes policiales. ETA ya no era una herramienta eficaz para doblegar al Estado.

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Enfrente estaba la banda terrorista, capaz de detonar con sus armas cualquier debate interno y el colectivo de presos. También otros sectores como EKIN, los guardianes de la ortodoxia dentro del autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) que englobaba todo. Este bloque defendía la ponencia ‘Mugarri’ (‘Hito’) que proponía más bombas y más muertos. En ese contexto, el EPPK llegó a acusar al preso Otegi de "crear mal ambiente" en las cárceles y denunció su "disidencia".

Así lo recoge un documento incautado por la Guardia Civil en el despacho de Naia Zuriarrain. Esta mujer era una de las detenidas en la operación ‘H-Alboka’ que en abril de 2010 desmanteló el entramado de abogados de ETA. El documento era un texto mecanografiado en euskera correspondiente al acta de una reunión celebrada entre Batasuna y el Colectivo de presos (EPPK) el 22 de enero de 2010. La elaboraron los asistentes en representación del Colectivo de Presos, que incluye a ex reclusos con ascendencia.

"La disidencia mostrada por Arnaldo Otegi, al salirse de la disciplina del Colectivo está creando un mal ambiente"

El EPPK transmitió a Batasuna "que la disidencia mostrada por Arnaldo Otegi, al salirse de la disciplina del Colectivo remitiendo las misivas publicadas sin contar con la Junta de Dirección (del EPPK) está creando un mal ambiente". En ese encuentro, los batasunos contestaron que contaban con el permiso de EKIN y propusieron "una reunión tripartita para clarificar posturas y evitar la expulsión de los cinco presos de Batasuna del Colectivo de presos", entre ellos Otegi.

El juez que se hizo eco en sus autos de este documento fue el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Las detenciones de’ H-Alboka’ fueron claves y de forma indirecta empezaron a despejar el camino de Otegi porque los letrados -juzgados este mes en la Audiencia Nacional- eran la principal correa de transmisión entre la dirección de la banda y las prisiones.

ETA lo deja, las resistencias siguen

ETA exteriorizó este pulso en algunos comunicados públicos en los que abroncaba a su otrora dócil brazo político. Pero las operaciones policiales continuaron y la banda fue perdiendo su capacidad de influencia y de presión. A regañadientes y arrastrando los pies terminó cediendo y en septiembre de ese año decretó un parón. El cese definitivo de la violencia llegaría en octubre de 2011, pero eso no acabó con las resistencias internas del sector más duro que persistía, sobre todo, en las prisiones.

En este devenir de los acontecimientos, hubo un momento especialmente significativo. Fue en una conferencia pronunciada en Pamplona en enero de 2016 por el responsable de Sortu, Rufino Etxeberria. Veterano de Batasuna y leal a un Otegi todavía preso, Etxeberria lanzó un mensaje directo al colectivo de presos: o se subían al barco de los nuevos tiempos o se quedaban en tierra.

"La caracterización actual de EPPK --dijo-- corresponde a otra época política. EPPK era uno de los principales exponentes de una estrategia ya superada, y ahora el colectivo de presos necesita otra caracterización, pues así lo exigen el cambio de estrategia y el nuevo tiempo político”. Por eso les exigió “una reflexión sobre la adecuación que necesitaría su caracterización y sobre el camino a seguir en el proceso de excarcelación, dando nuevos pasos en esa dirección". No era normal una declaración tan frontal hacía un colectivo del que la izquierda abertzale guarda una dependencia emocional, pero marcó un antes y un después.

Para entonces, el EPPK ya tenía en su dirección a históricos etarras como José Antonio Ruiz, alias ‘Kubati’. Asesinó a 13 personas, entre ellas la exetarra Dolores López Catarain, ‘Yoyes’, considerada una traidora por ETA precisamente por oponerse a los atentados. ‘Kubati’ había quedado en libertad por la derogación de la doctrina Parot. Por si existe alguna duda de qué bando pasó a integrar, basta recordar que era colaborador de la comisión de presos de Sortu cuando en enero de 2020 le detuvieron junto a dos dirigentes de ese partido acusados de organizar los ongi etorri. Sortu es la columna vertebral de Bildu y la última marca de la vieja Batasuna.

Actualmente, ‘Kubati’ se encuentra en libertad provisional mientras continúan las investigaciones en la Audiencia Nacional. Meses después de su arresto, compareció como acusado en un juicio por un atentado contra una casa cuartel de la Guardia Civil. Allí dijo sentir el dolor de las víctimas. “Estamos en otra fase”, añadió. Son unas palabras parecidas a las de Otegi en la previa del décimo aniversario del cese de la violencia: “Sentimos enormemente su sufrimiento”.

Horas después, en un encuentro con militantes de Bildu, Otegi desveló que aquella declaración había servido para protagonizar el relato de la efeméride y avanzó su apoyo a los presupuestos del Gobierno con el argumento de los reclusos terroristas: “Esos 200 presos tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los Presupuestos, los votaremos”. Otegi cumplió con lo anunciado y ahora llega el paso de poner fin a los ongi etorri.

Ya en 2013, el colectivo de presos había anunciado que aceptaban la legalidad penitenciaria, es decir, que empezarían a solicitar beneficios y progresiones de grado. Eso era algo que ETA siempre les había negado al entender que era propio de delincuentes comunes y no de presos políticos. No obstante, en la práctica, aquel anuncio en busca de respuestas del Gobierno no se llegó a materializar hasta que la banda anunció su disolución en 2018. Lo que quedaba de la organización terrorista les liberó de cualquier disciplina. Las únicas líneas rojas eran no delatar a compañeros y no arrepentirse.

El EPPK sometió la decisión de acogerse a beneficios penitenciarios y el 73 por ciento votó a favor

El EPPK sometió la decisión de acogerse a beneficios penitenciarios y el 73 por ciento votó a favor. El cambio ya era una realidad. A mediados de 2018 también llegó Pedro Sánchez al Gobierno y puso fin a décadas de política de dispersión. Comenzaron los acercamientos de los reclusos terroristas a cárceles cercanas al País Vasco, una reivindicación histórica de la izquierda abertzale. Dirigentes de Bildu han hecho visitas periódicas a las cárceles para entrevistarse con presos de la organización. Hoy quedan unos 200 presos entre España y Francia, en torno a 80 en prisiones del País Vasco y Navarra. Cuando ETA decretó el cese de la violencia había 700 internos.

Pero si un 73 por ciento de los presos dio su visto bueno a los beneficios, un 27 por ciento no mostró interés o se opuso. En ese grupo cabe la minoría de presos que abandonó voluntariamente el EPPK para integrarse en una facción irredenta surgida en 2014 llamada Amnistía ta Askatasuna (ATA). Marcharse tiene como consecuencias dejar de recibir asignaciones, que los familiares no puedan ir a visitarlos en el autobús con el resto de familias o que retiren de su foto de la herriko taberna del pueblo.

ATA es una corriente que sigue en el discurso de máximos y crítica con Otegi y la izquierda abertzale institucional a la que acusan de haber traicionado a los presos. Esta ruptura se apreció especialmente en mayo del año pasado cuando una huelga de hambre del recluso etarra Patxi Ruiz provocó el regreso de la kale borroka al País Vasco y Navarra. El EPPK emitió un comunicado para informar que habían pedido al etarra que abandonara la huelga y acusó a ATA de "utilizar" su protesta para "atacarles".

La corriente crítica replicó tachando a Sortu de “movimiento electoralista con la mente puesta en las elecciones”. Añadían que “la nota del EPPK, redactada en alguno de los despachos de Sortu”, tenía como objetivo debilitar una serie de movilizaciones convocadas en apoyo a Patxi Ruiz. Este es uno de los presos que cambió el colectivo oficial por la corriente disidente. “Sortu nos pide responsabilidad para tapar sus miserias. Por encima de todo, y más aún en estos duros momentos, hay que respetar la voluntad de Patxi, que ha dejado claro que las actitudes políticas de EH Bildu y Sortu no tienen su beneplácito”, dijeron en otro comunicado. Corría el mes de mayo de 2020 y Otegi acababa de firmar con el Gobierno la derogación de la reforma laboral.