La Fiscalía sobre Alberto Rodríguez: "No puede presentarse a cargos durante 45 días"

"Significa única y exclusivamente que durante el tiempo de un mes y quince días que se fije en tal liquidación, Rodríguez no podrá presentarse a cargos públicos. Ni más, ni menos". Esta frase del informe emitido por la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, que perdió su escaño tras una condena por agresión a un agente en una manifestación, ha servido al ex de Unidas Podemos como capote para continuar su pelea jurídica contra la inhabilitación que le desposeyó del cargo.

El escrito del Ministerio Público se elabora en respuesta a la solicitud formulada por Rodríguez al alto tribunal de "suspensión provisional de la ejecución de la sentencia". En su recurso, reclamaba, además, que se "instara y advirtiera" a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, "que proceda a ejecutar la pena en los mismos términos en que viene establecida en la sentencia sin que pueda realizar ninguna modificación de la pena impuesta".

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La Fiscalía se opone a su pretensión, sin embargo, desliza esas líneas de valoración de los efectos de la condena, en concreto a una pena de un mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo. Con base en esta afirmación, Rodríguez ha remitido un nuevo escrito a la Junta Electoral Central en el que ruega que se efectúe el cálculo de tiempo de ejecución de su actual condición.

En todo este proceso, Rodríguez ha defendido que en la sentencia del Supremo que le condenó no se especifica que le tenga que ser retirado el escaño en el Congreso, en contra de la decisión que adoptó la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el pasado viernes. Según ha reflejado, considera evidente que la decisión Batet comporta una desviación tanto respecto de sus prerrogativas como de las normas de aplicación y "una clara intromisión en la esfera jurisdiccional", añade al tiempo que la acusa de actuar "prescindiendo total y absolutamente del principio de separación de poderes".

El Ministerio Público le aclara, no obstante, que las consecuencias que una condena penal pueda tener en otros ámbitos regidos por normas de carácter administrativo "exceden del régimen competencial de los tribunales penales" e indica que no procede advertencia ninguna a la presidenta del Congreso.

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Con este nuevo paso, el exdiputado de Podemos está cumpliendo con su intención de inundar a distintas instancias con recursos y alegaciones tanto contra la condena como por la inhabilitación que en última instancia le ha supuesto la pérdida del escaño. Arrancó su estrategia legal reclamando a Batet explicaciones sobre su decisión y acudió 24 horas después al alto tribunal. Ahora implica también a la Junta Electoral. Además, Rodríguez ha anticipado que reclamará al Constitucional una decisión cautelar para recuperar su escaño cuando presente el incidente de nulidad que prevé registrar.

Insiste en señalar a Batet como "la autoridad del Estado que arrogándose competencias propias y Supremo ha procedido sustituir la pena impuesta por otra de distinta naturaleza y mayor lesividad". Para el exdiputado morado, la presidenta del Congreso ha modificado la pena accesoria impuesta en la sentencia de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por una de privación del acta de diputado, modificando así la parte dispositiva de la resolución.