El jefe de los letrados apoya ahora que Batet apartara a Alberto Rodríguez del escaño

El jefe de los letrados del Congreso apoya ahora la decisión de la presidenta, Meritxell Batet, de apartar de su escaño al ya exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. El secretario general, Carlos Gutiérrez Vicén, ha emitido este lunes un nuevo informe en el que avala que el auto del juez Manuel Marchena implicaría la sustitución del canario en base a la condena que recibió por agredir a un policía en 2014.

En el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, el máximo responsable de los letrados del Congreso entiende que Batet tenía la obligación que ejecutar la sentencia del Supremo al considerar que la sustitución de la condena de prisión por una sanción económica no hace desaparecer la naturaleza de la primera y, por tanto, Rodríguez tendría que dejar su acta. Con este nuevo documento la presidenta sí tiene respaldo a la decisión que tomó el pasado viernes y que supuso que Unidas Podemos llegase a anunciar que presentaría una querella contra ella.

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En la mañana de este lunes, y tras un fin de semana que ha provocado tensión en la coalición, Rodríguez daba el primer paso en su batalla legal por la retirada del escaño y remitía un escrito a Batet con una batería de preguntas ante lo que tacha de decisión “arbitraria”. Entre otras cosas, el ya exdiputado quiere saber si la decisión fue de la presidenta de la Cámara Baja y en virtud de qué resolución. El texto al que ha tenido acceso El Confidencial lleva la fecha de este lunes y consta de cuatro preguntas a partir de la comunicación en la que Batet le notificaba la retirada de escaño, confirmada en la página web del Congreso. “Si como parece desprenderse de su comunicación y como se han hecho eco los medios, usted ha decidido privarme de mi escaño como diputado, ¿cuándo y mediante qué resolución se adoptó tal medida?”, dice una de las cuestiones.

“¿Por qué motivo —añade— indica en esa comunicación que procedería a mi sustitución como diputado sin procedimiento previo alguno para privarme de mi escaño?”. Otra de las preguntas del exdiputado pide conocer “con qué base legal ha decidido transformar una pena accesoria de inhabilitación en una pena de privación del escaño”. Recuerda que fue elegido para representar a sus ciudadanos en las elecciones del 10 de noviembre de 2019 y acusa a Batet de crear “una pena no prevista en la sentencia” del Tribunal Supremo que le condenó. “Finalmente, interesa a mi derecho conocer si la arbitraria privación del escaño se trata de una decisión personal suya o la misma ha sido adoptada por algún órgano colegiado. En cualquiera de los dos casos ruego que me indique qué norma le atribuye tales competencias a usted o al órgano colegiado que haya adoptado tan arbitraria decisión”, concluye.

Termina con un aviso a Batet en el que le advierte de que, “como comprenderá”, la privación de su escaño para el que dice que le votaron 64.000 personas, “no puede ser aceptada sin más”. “Desde este momento le comunico mi intención de ejercitar todos los recursos que la Ley me permita para revertir tan arbitraria medida”, zanja. Tal y como ha avanzado este periódico, Alberto Rodríguez prepara una "gota malaya" judicial con su núcleo ante el Tribunal Constitucional para tratar de tumbar, por una parte, la condena impuesta por el Tribunal Supremo por agredir a un policía y, por otra, la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

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Para ello ha contratado a los abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye para preparar su estrategia legal. Es el mismo abogado que defiende los intereses del expresidente huido de Cataluña Carles Puigdemont. Rodríguez ha descartado querellarse contra Batet por prevaricación. El anuncio de esta decisión fue lanzado por Podemos el viernes y generó un terremoto tanto en el Gobierno de coalición como en la formación que lidera Ione Belarra. A lo largo del fin de semana, esa primera reacción ha ido desinflándose. Primero se descolgó Unidas Podemos y después la propia formación morada. Rodríguez quedó solo y anunció un abandono de la política y de su partido que no supondrá la renuncia a defenderse en los tribunales.

Los letrados de la cámara defendieron la semana pasada que Alberto Rodríguez podría mantener su acta de diputado al ser sustituida la pena de prisión por una multa. Ese informe fue el que permitió a la Mesa del Congreso defender que el canario no debía abandonar el escaño.