La Fiscalía acecha a Podemos: un cargo chavista y un testigo protegido dan más pruebas

Dos jerarcas del régimen chavista detenidos en España por delitos de corrupción, el exviceministro de Energía Javier Alvarado y otro alto cargo que ha sido declarado testigo protegido, llevan meses proporcionando en secreto nuevos documentos sobre la presunta trama de financiación ilegal de Podemos. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para analizar esas pruebas y efectuar otras indagaciones, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso.

Los investigadores confieren credibilidad a la información facilitada por estos dos antiguos dirigentes de la Administración venezolana, que servirían para acreditar de forma indiciaria que Podemos recibió fondos del régimen bolivariano a través de empresas instrumentales y mediante entregas en efectivo. La petrolera estatal PDVSA intervino supuestamente en esos envíos de dinero. Además, ambos atribuyen un papel decisivo en esta red a Juan Carlos Monedero, cofundador del partido y actual director de su 'think tank', el Instituto 25-M.

Tanto Alvarado como el testigo protegido están considerados dos piezas clave en la estrategia que desplegó Caracas, en los primeros años del siglo, para inyectar fondos en organizaciones y movimientos políticos afines de terceros países para tratar de tejer una red de apoyo internacional.

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Alvarado (Caracas, 1955) formó parte del núcleo de confianza de Hugo Chávez. Ocupó el puesto de viceministro de Energía entre 1999 y 2013, y desempeñó funciones directivas en empresas públicas vitales para el régimen, como la eléctrica estatal Coproelec y la multinacional Bariven, filial de compras de PDVSA, principal fuente de ingresos del país. Por su parte, el testigo protegido habría desempeñado responsabilidades relacionadas igualmente con la petrolera venezolana.

Las supuestas revelaciones de estos colaboradores sobre Podemos se han visto reforzadas en las últimas semanas por el testimonio de otro dirigente chavista, el general Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, director de la Agencia de Inteligencia Militar de Venezuela entre 2004 y 2011. La Policía Nacional lo detuvo en un piso de Madrid el pasado septiembre, tras dos años en busca y captura, para dar cumplimiento a una reclamación de Estados Unidos por presuntos delitos cometidos en su territorio.

Para tratar de frenar su entrega a Washington, el Pollo Carvajal ha intentado convertirse en testigo protegido ofreciendo detalles sobre las transferencias a Podemos, contratos de PDVSA con el exjuez Baltasar Garzón y presuntos negocios opacos del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, como una supuesta mina de oro en Venezuela. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha acordado que su extradición debe producirse de forma inminente.

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Este miércoles, volvió a comparecer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, que se ha encargado de canalizar los datos que había aportado hasta ahora. Pero, ya sin alicientes para colaborar con la Justicia española, optó por un perfil más bajo, aunque ratificó todas las acusaciones que había formulado hasta ahora. Antes de su salida de España, ha ofrecido a la Audiencia Nacional facilitar los nombres de media docena de personas con conocimiento directo de las presuntas irregularidades denunciadas que serán citadas en condiciones de especial cautela.

La extradición del Pollo Carvajal no debería suponer un problema para continuar avanzando en las pesquisas, ya que se seguirá contando con los testimonios y las pruebas de Alvarado y el testigo protegido mencionado. Ambos tienen también motivos para colaborar con la Justicia. Las diligencias que conduce Anticorrupción se acumularán previsiblemente al procedimiento sobre la financiación de la formación morada, recientemente reabierto.

La Audiencia Nacional dictaminó en febrero de 2020 que no se puede entregar a Alvarado porque tiene nacionalidad española

Alvarado fue detenido en Madrid en mayo de 2019 por orden del Juzgado Central de Instrucción número 2 por su presunta implicación en la trama de corrupción de Duro Felguera. Las pesquisas apuntan que la compañía española pagó sobornos a Alvarado y otros dirigentes del régimen chavista para que le otorgaran en 2009 la construcción de dos plantas de ciclo combinado en Caracas por un importe total de 1.500 millones de euros.

Estados Unidos lo reclamaba, al igual que al Pollo Carvajal, por un caso de corrupción en su país. Sin embargo, al contrario que en el caso del jefe de la Inteligencia Militar, la Audiencia Nacional dictaminó en febrero de 2020 que no se puede entregar a Alvarado porque tiene nacionalidad española y aún no ha respondido a la hipotética responsabilidad penal que podría derivarse del procedimiento de Duro Felguera.

Por su parte, el testigo protegido está siendo investigado en España por el blanqueo de dinero procedente del saqueo de PDVSA, que habría superado los 6.000 millones de euros.