El Gobierno volverá a ir al choque contra el TC por el segundo estado de alarma

El Gobierno de Pedro Sánchez prepara el argumentario ante dos inminentes fallos del Tribunal Constitucional que se prevé declararen inconstitucional el segundo estado de alarma y el cierre del Congreso de los Diputados. Moncloa y los ministros emplearán los mismos razonamientos que los utilizados en público tras el primer varapalo que declaró ilegal el confinamiento de la primavera de 2020, explican fuentes gubernamentales. Anticipan, por tanto, que volverán a enarbolar un discurso “duro” a la hora de defender sus decisiones para hacer frente a la crisis sanitaria. Entonces, el pasado mes de julio, varios pesos pesados del Ejecutivo, como Margarita Robles y Pilar Llop, juristas de profesión, criticaron abiertamente la decisión. Una colisión institucional sin precedentes.

El varapalo al Gobierno es inminente. El TC tiene previsto abordar en el pleno del próximo 5 de octubre la anulación tanto del segundo estado de alarma, el que duró seis meses, como la clausura de la actividad en la Cámara Baja durante el primer confinamiento. Es cuestión de unos días, por tanto, que Sánchez reciba un segundo y tercer golpe a una decisión que, en el caso del estado de alarma que se aprobó por un periodo de medio año, evitó que el Ejecutivo tuviese que ir convalidando cada 15 días la medida en el Parlamento.

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Las fuentes consultadas indican que nada ha cambiado respecto a la respuesta que se dio a la primera decisión del TC. Los argumentos son los mismos. En primer lugar, que la decisión evitó miles de pérdidas humanas. El día en que se conoció el fallo, Moncloa convocó a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que apenas llevaba unos días en el cargo, para que ofreciera explicaciones en una comparecencia extraordinaria: “El confinamiento salvó 450.000 vidas”, dijo, y defendió que la figura del estado de alarma es la misma que adoptaron el resto de gobiernos europeos para restringir la movilidad durante los peores días de la pandemia.

Otro argumento que empleó el Gobierno en julio para justificar el primer estado de alarma fue que Vox, que fue quien presentó el recurso, votó a favor de la figura en el Congreso. En esta ocasión, fuentes del Ejecutivo añaden que el segundo estado de alarma fue convalidado por una mayoría parlamentaria de 194 votos a favor. La ministra más contundente con el primer fallo del TC fue la de Defensa. Robles destacó la profunda división que existió entre los magistrados y llegó a hablar de “elucubraciones doctrinales”. Moncloa la escogió a propósito como portavoz para pronunciar estas palabras.

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A puerta cerrada, las críticas al Constitucional fueron aún más duras. Miembros del Ejecutivo censuraron en 'petit comité' que el tribunal de garantías es un órgano caduco que acumula un retraso de dos años en el revelo de cuatro de sus miembros. También incidieron en la división del pleno, que se ha partido por la mitad en numerosas decisiones sensibles tomadas en su última etapa, acumulando votos particulares en muchas de sus resoluciones. El mejor ejemplo es la propia sentencia sobre el primer estado de alarma, en la que un solo magistrado fue el que inclinó la balanza.

Pese a que la decisión sobre el segundo estado de alarma contará con una mayoría más amplia, la posición de los de Pedro Sánchez no ha variado. A partir del día 5, los 11 miembros que ahora componen el pleno abordarán dos ponencias del magistrado Antonio Narváez críticas con la gestión de la pandemia. Como adelantó El Confidencial, el TC prevé considerar inconstitucionales dos aspectos del último de los estados excepcionales: la prórroga de seis meses y la delegación de competencias en favor de las comunidades autónomas. Considera, por un parte, que no puede negarse a las Cámaras todo ejercicio de supervisión y, por otra, que la ley solo permite delegar en una autonomía cuando la crisis que motiva la aplicación de la medida se circunscribe "exclusivamente" a esa región como epicentro, cosa que no sucedió en la pandemia.

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En cuanto a la segunda sentencia que se deliberará en dos semanas, una mayoría de los miembros del TC ve inconstitucional el acuerdo de la Mesa del Congreso que en marzo de 2020 congeló los plazos reglamentarios de las iniciativas que ya se encontraban en tramitación. Según adelantan fuentes jurídicas, al menos seis de los 10 magistrados defienden que esta decisión, recurrida por Vox y aprobada con los votos del PSOE y Unidas Podemos, fue inconstitucional por hurtar a la Cámara Baja la función de control sobre el Ejecutivo.