Sánchez estrenará curso político con otra censura del TC a su gestión de la pandemia

El Tribunal Constitucional retomará su actividad en un primer pleno previsto para el 14 de septiembre y tiene sobre la mesa distintos asuntos sensibles para el Ejecutivo al que le esperan malas noticias desde el frente judicial. El principal golpe, que ya esperan los de Pedro Sánchez desde que hace unos meses el TC decretara la inconstitucionalidad de algunos extremos del primer estado de alarma, es la decisión sobre el segundo. Según informan fuentes jurídicas la unidad de criterio en este caso es mayor y, aunque se esperan discrepancias, una mayoría más consolidada apoya que la prórroga de seis meses que evitó que el presidente recabara el apoyo del Congreso durante ese largo plazo ni rindiera cuentas a la cámara baja, no se ajusta a la Carta Magna.

Las dudas sobre la constitucionalidad de la alarma decretada en octubre no se limitan a su duración sin control sino también a la delegación de competencias en favor de las comunidades autónomas. El ponente Antonio Narváez Rodríguez, ultima un borrador cuyo análisis por parte del resto de magistrados no se alargará. Solo un acuerdo de renovación rápido de los cuatro integrantes que se encuentran en funciones puede alterar estos planes, indican las fuentes consultadas.

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Europa Press

Como adelantó El Confidencial, la previsión del ponente es la de sostener que el Gobierno vulneró el espíritu de la Constitución al implementar una prórroga de seis meses y reducir el control del Congreso a una votación. Moncloa se apoyó para ello en dos argumentos: la ley no dice de forma literal que la Cámara Baja deba prolongar el estado de alarma cada 15 días y, frente a los que apuntan a este plazo concreto, existe el precedente de 2010, cuando se extendió esta figura durante un mes por la crisis de los controladores aéreos. El alto tribunal, sin embargo, apuntaría a que esta maniobra supuso excederse en la aplicación del Derecho, explican las fuentes consultadas. La decisión evitaría que un Gobierno pueda acogerse a este Derecho excepcional sin contar con la función de control del Congreso de forma periódica.

Respecto al segundo punto, la delegación a favor de las autonomías, la idea del TC es apuntar que esta autoridad en remoto solo es válida cuando la crisis que motiva la aplicación de la medida tiene "exclusivamente" su comunidad como epicentro mientras que la pandemia afecta a todo el país.

El actual sistema de control del covid

Los problemas del Ejecutivo en lo que afecta a su gestión del covid no acaban en las alarmas. El Constitucional debe abordar otro asunto que afecta directamente a la forma en la que se gestionan las restricciones frente al avance de la pandemia en la actualidad: la autorización por parte de los Tribunales Superiores de Justicia de las medidas de limitación de derechos que ordenan las comunidades autónomas.

El pasado febrero el pleno admitió a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJ de Aragón en relación con el artículo 10.8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en la que se pone en duda la legalidad del control judicial de cuestiones como los confinamientos perimetrales, los toques de queda y otras medidas.

Aragón cuestiona la reforma que impuso a estos tribunales la obligación de avalar las decisiones políticas. Indica el TSJ que, con esta norma, se vulnera la separación de poderes al hacer obligatoria una convalidación previa o una especie de informe de legalidad, que no es competencia los tribunales. Lo contrario supone dar apariencia de que los jueces "colaboren" con los ejecutivos quedando así cuestiones si se presentan recursos posteriores sobre la decisión.