Sánchez redobla la presión por el CGPJ y acusa a Casado de "insumisión contitucional"

Pedro Sánchez ha vuelto a cargar contra el principal partido de la oposición por el bloqueo de la renovación del CGPJ y ha situado a los populares "fuera de la Constitución". Un bloqueo que ha calificado de "insostenible" y que ha querido sustraer del juego de poder para alertar sobre su impacto negativo "en la democracia y en el día a día de la ciudadanía". El Gobierno no se mueve ni atiende a las condiciones de los populares para sentarse a negociar, que pasan por un compromiso de reforma de la ley para que sean los jueces quienes elijan a los vocales del órgano de poder de los jueces. La única consigna es que el PP "cumpla con su responsabilidad" mientras Sánchez eleva el tono de la confrontación y acusa al jefe de la oposición, Pablo Casado, de "insumisión constitucional" por no avenirse a negociar.

El choque entre el Gobierno y el principal partido con el que debe acordar la renovación, al precisarse tres quintos de los votos del Congreso, no vislumbra un acuerdo a corto plazo. Ni en esta ni en otras cuestiones relevantes. Al menos así se desprende de las palabras de Pedro Sánchez durante su apertura de la reunión interparlamentaria del PSOE que se celebra este miércoles en el Congreso, asegurando que los populares carecerían "del mínimo sentido de Estado" y tildándolos de la "oposición más furibunda de la UE"; "instalada en la crispación y en el insulto".

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Franqueado por la vicesecretaria general, Adriana Lastra, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el jefe del Ejecutivo ha arrancado su intervención ante los diputados, senadores y europarlamentarios del grupo socialista condenando las agresiones homófobas. Una "dinámica preocupante", según la calificó por el repunte de las denuncias relacionadas con delitos de odio y por la que instó al resto de grupos parlamentarios a que se acelere la tramitación de la ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, conocida como ley Zerolo.

Sánchez ha pedido a los suyos erigirse como un "muro contra la intolerancia" y ha anunciado que el Gobierno "va a poner todos los medios a su alcance" para poner freno a unos "datos muy preocupantes" de agresiones por cuestiones consideradas como delitos de odio. "No habrá otra vez armarios", aseguró, para avanzar que en la comisión de seguimiento de delitos de odio que presidirá este viernes actualizará los delitos de odio.

Opinión

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Al igual que en su discurso para inaugurar el curso político, Sánchez ha dibujado la prioridad de una "recuperación justa", que la salida de la crisis no deje a nadie atrás pivotando sobre los fondos europeos y reflejándose en mejoras salariales, principalmente en el SMI, y en unas "pensiones dignas". El espejo opuesto a la salida de la crisis de 2008, que adjetivó de "lenta, injusta y con corrupción". "Ahora, con un Gobierno progresista, la recuperación es rápida, justa y ejemplar en la gestión de los recursos públicos", defendió. Con un tono triunfalista ha puesto en valor los datos de evolución del empleo y ha avanzado el objetivo de recuperar el próximo año los niveles de PIB previos a la pandemia.

Precio de la luz

La concatenación de máximos históricos en el precio de la luz que se vienen produciendo desde antes del verano es una de las principales amenazas que ponen en duda el discurso de la "recuperación justa" de Sánchez. Una crisis que ha dicho que seguirá aplacando con el compromiso de que el alza de precios en el mercado mayorista se note lo menos posible en la factura de la luz de los hogares, destacando su compromiso de que a finales de este año el coste sea similar al de 2018, descontando el IPC.

Para ello, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno ha anunciado que se llevarán nuevas medidas al Consejo de Ministros. Entre ellas la creación de un consumo mínimo vital, complementario al ingreso mínimo vital, o la ampliación del bono social térmico. "El Gobierno tiene un objetivo y tiene un plan", se ha defendido ante las críticas no solo de la oposición, sino también de sus propios socios de coalición que acusan a los socialistas de inacción en este asunto.

Mociones en ayuntamientos

Mientras Unidas Podemos acusa a Vox y al "blanqueo" del PP del repunte de la violencia homófoba, los socialistas están preparando mociones para presentar en los ayuntamientos. Se busca ratificar acuerdos en los plenos que "ratifiquen el compromiso firme con la igualdad, los derechos de las personas LGTBI y la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia este colectivo". Asimismo, se pretende reconocer la LGTBIfobia y "los discursos que la alientan como una afrenta a la calidad democrática". Estas mociones también incluirían un plan formativo para la Policía Municipal de cara a aumentar la formación de los agentes sobre la realidad de las personas LGTBI "con el fin de que puedan ofrecer un trato adecuado a las víctimas".

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EFE

Los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior dan cuenta de un repunte de las denuncias de delitos de odio, pasando de 1.172 en el año 2013 a 1.706 en 2019. En lo que respecta a delitos sobre la orientación sexual han aumentado un 8,6%. Desde el Gobierno se está poniendo el foco en "combatir los discursos y actitudes que promueven el odio" ante las dimensiones que está adquiriendo el repunte de agresiones homófobas. La agresión homófoba a un joven en Madrid el pasado fin de semana ha hecho saltar las alarmas. Pedro Sánchez se situará al frente de la comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio, que ha decidido convocar de forma urgente para el próximo viernes.