El Gobierno señala ante el juez que Plus Ultra no tiene aviones propios y no ve delito

La Abogacía del Estado se ha opuesto a la constitución de una hipoteca mobiliaria sobre las aeronaves que pueda tener en su activo la aerolínea Plus Ultra alegando que la compañía, en virtud de la documentación que ha aportado, no tiene ningún avión en propiedad, sino que opera a través de un sistema de 'leasing'. En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, los servicios jurídicos del Gobierno niegan, además, irregularidades en el rescate aprobado por el Ejecutivo, informan fuentes jurídicas.

La idea del embargo de las naves partió del PP, personado en el procedimiento como acusación que, en un escrito, recurrió la decisión de desbloquear el pago de 34 millones a Plus Ultra. El 22 de julio, se suspendió la entrega de este dinero de forma cautelar para pedir a Plus Ultra que justificara "su pertinencia", pero, tras analizar las alegaciones de la compañía, que defendió que quebraría si no recibía esa cantidad, el magistrado modificó la primera decisión de congelar la entrega y autorizó que se efectuase.

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El 2 de marzo, el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobó un rescate a la aerolínea que consistía en la entrega de 53 millones en dos pasos: por un lado, 19 millones que ya fueron desembolsados como préstamo ordinario con un vencimiento a cinco años y, por otro, los 34 millones que iba a recibir el pasado 28 de julio como préstamo participativo con vencimiento a siete años y cuya entrega se desbloqueó hace solo unas semanas por la decisión del juez que ahora impugna el PP.

En el recurso, el partido de Pablo Casado solicitaba que se adoptara una prevención extra para evitar que ese dinero se esfumara y provocara un daño al erario: hipotecar las naves de la compañía. En respuesta a la petición de informes reclamada por el instructor y que adelantó 'Vozpopuli', la Abogacía no ve viable esta opción. Destaca que los tres aviones de los que dispone la compañía están en 'leasing' operativo como dice el expediente en varios documentos. Agrega que este hecho es patente hasta tal punto que así figura en el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se concedió la ayuda. En anteriores escritos, la Abogacía había ya sugerido como prevención la posibilidad de nombrar una administración judicial de la compañía para salvaguardar la devolución.

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El auto que permitió la entrega de los 34 millones adicionales apuntaba a que "el plan de viabilidad aprobado por el FASEE y corroborado por un nuevo auditor contratado por Plus Ultra permitiría la viabilidad de la empresa (de hecho, esta es la razón por la que se le ha otorgado la ayuda investigada) y la consiguiente devolución de los préstamos a la administración". También incidía en que en "el acuerdo de otorgamiento de la ayuda con cargo al FASEE se ha incluido como garantías un contrato de prenda del 51% de las acciones y un acuerdo de gestión con la compañía", por lo que existen "medidas de control y supervisión de la administración".

El procedimiento se encuentra ahora pendiente de una pericial para determinar si los indicios de delito que ven las partes —además del PP, Vox está personado también como acusación popular— se sostienen. Una quincena de cargos del Gobierno, vinculados al Consejo de Administración de la SEPI, están siendo investigados por los hechos. Se enfrentan a la comisión de delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en las subvenciones.

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La Abogacía no ve que los afectados cometieran ninguno de ellos y destaca las medidas de control y supervisión a las que hacía alusión la resolución judicial mencionada. Destaca, como ya ha hecho en reiteradas ocasiones en otros informes, que la concesión de los dos préstamos contó con todas las garantías que se confiere a este tipo de ayudas públicas. Así, señala la existencia de informes para la concesión de los préstamos elaborados por expertos independientes, tanto en el aspecto legal como en el financiero, que aún no han sido citados como testigos.

Incide también en la falta de indicios que ha sido apreciada ya por distintas instancias. El plan de FASEE está fiscalizado y debe contar, como hizo, con una serie de garantías, entre ellas la amortización del dinero a siete años. Los servicios jurídicos del Estado apuntan así que el Tribunal de Cuentas no vio perjuicio contable en la operación salvo que acabado ese plazo, el dinero no sea devuelto. Mientras tanto, el Tribunal Supremo archivó una querella planteada contra aforados por estos mismos hechos y la Comisión Europea ha dado por cerrado el asunto renunciando a iniciar una consulta de mercado.

Asegura que los acusados concedieron la ayuda siguiendo al pie de la letra el criterio técnico que se refleja en los informes técnicos que han sido aportados. En ellos -dice- se demuestra que la empresa es española y recurría a esa ayuda como última opción. La viabilidad estaba en serio riesgo, había más de 400 puestos de trabajo en el aire y la cantidad que se aprobó fue la necesaria para que Plus Ultra recuperara su situación económica anterior a la pandemia.

Las acusaciones aseguran que Plus Ultra no puede considerarse empresa estratégica dado su reducido volumen de negocio y ven tras la ayuda un interés del Ejecutivo en favorecer intereses venezolanos. Un 47 por ciento del accionario está en manos de ciudadanos de Venezuela y parte de ellos cuentan con empresas 'off shore' en Panamá, destacan.