La renovación del Tribunal de Cuentas irrumpe en el diálogo con Cataluña

El Tribunal de Cuentas se ha colocado en el centro del tornado que es la apertura de un nuevo proceso de diálogo entre el Gobierno y el Govern de Cataluña, y eso que aún no ha empezado. Está en la diana de la polémica por dos cuestiones muy diferentes, una inherente a sus funciones y otra de raíz política, consecuencia de la anterior. El martes que viene, el día en que se reúnen Pedro Sánchez y Pere Aragonès en la Moncloa, el órgano fiscalizador ha llamado a declarar a unos 40 políticos y funcionarios por el coste del servicio de promoción exterior catalán. Les exigirá que restituyan de sus bolsillos ese desembolso. Como el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, en una entrevista en la SER, ha dicho que esto es "una piedra" en el camino de la negociación, se ha montado un lío importante.

El PP, con su portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida, al frente, ha salido en tromba a criticar al político valenciano y a sembrar dudas sobre la visión que el Gobierno tiene del Tribunal. El presidente de la Generalitat de Cataluña ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que intervenga en el órgano. Aunque las fuentes consultadas no han precisado en qué puede consistir dicha intervención, la renovación de su composición es plausible, básicamente porque en julio caducará el mandato de los consejeros de este órgano. Fuentes parlamentarias confirman la posibilidad. Se trataría, por tanto, de cambiar el sistema de elección, que depende de las Cortes Generales.

Un presidente, doce consejeros

Renovar una institución es mal negocio actualmente, ya que forjar consensos para ello es casi imposible. Entre que no hay manera de que aparezcan esos consensos y que el umbral está en el "sí" de tres quintos del Congreso (210 diputados), justo lo exigible para el Tribunal de Cuentas, cambiar a los consejeros/as va a resultar arduo. ERC lo va a intentar, sin embargo, han indicado fuentes de esta formación. Su propósito, de momento, no ha llegado a oídos del grupo socialista, responden aquí.

Pero qué es el Tribunal de Cuentas. Su definición, su papel, sus funciones, su composición, todo lo que le concierne, está escrito en la Constitución y en la Ley Orgánica 2/1982. Indica el artículo primero que "es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público" en "todo el territorio nacional". El segundo artículo concreta lo que es el sector público, y es entonces cuando aparecen las comunidades autónomas.

Los consejeros, doce en total, son elegidos por el Congreso (seis) y por el Senado (otros seis) por mayoría de tres quintos

Hay que ir al artículo 29 y al artículo 30 para saber de dónde viene la composición del organismo. Lo más importante a tener en cuenta es que depende de las Cortes Generales, tanto la aprobación de su presupuesto como el mecanismo de designación.

Aunque el presidente o presidenta es nombrado de entre los integrantes a propuesta del pleno del Tribunal (con mandatos de tres años), los consejeros, doce en total, son elegidos por el Congreso (seis) y por el Senado (otros seis) por mayoría de tres quintos. Ocuparán los cargos durante nueve años. Las ramas profesionales de las que tienen que provenir son las siguientes: censores del Tribunal de Cuentas, censores jurados de cuentas, magistrados y fiscales, profesores de universidad y funcionarios pertenecientes a cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación académica superior, abogados, economistas y profesores mercantiles. Todos habrán de acreditar "reconocida competencia" y "más de quince años de ejercicio profesional". Justo después, sin salir de la ley orgánica, se blinda su independencia y también su inmovilidad.

El párrafo anterior, meramente explicativo, sirve para aclarar por qué el Tribunal se encuentra desde este viernes en el meollo del conflicto catalán.

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Al fiscalizar la puesta en marcha del servicio de promoción exterior de la Generalitat, declarado ilegal por exceder el círculo competencial de Cataluña y por haber contribuido a la causa independentista, dicho órgano detectó usos indebidos de dinero público. En el informe hecho al respecto así lo constata, aunque con serias dudas entre los consejeros, ya que alguno ha llegado incluso a cuestionar el rigor de la redacción. El diario El País adelantó este pasado viernes que la cuantía que pedirán reembolsar supera los cinco millones de euros. La cifra a reclamar, no obstante, será mayor, ya que si se suma la del coste de otra actuación que el Tribunal también ha rastreado, la de los preparativos del referéndum del 1 de octubre, el total ascendería a 10 millones.

Según el Tribunal, ha quedado demostrado el mal uso del dinero público, de ahí que haya citado el próximo martes a unas cuarenta personas, entre dirigentes y funcionarios, para decirles cuánto deben devolver. Tendrán que buscar en sus propios rendimientos patrimoniales. Entre los convocados, ex altos cargos como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas, Andreu Mas-Colell o Raül Romeva. El riesgo de que les embarguen cuentas y bienes es elevado.

Aragonès: "El Tribunal de Cuentas es la nueva Inquisición económica. Tenemos que evitar esta situación"

El llamamiento, puramente administrativo, se ha transformado en acontecimiento político, porque coincidirán en el mismo día este trámite y la reunión de Pedro Sánchez y Pere Aragonès, quien ha recalcado: "El Tribunal de Cuentas se ha convertido en la nueva inquisición, la inquisición económica. Ante esa situación de injusticia tenemos que usar los mecanismos que todos tengamos a nuestro alcance para evitar la situación. Cada parte sabe lo que está en su mano para revertir la represión. Alentamos a que lo haga". El mensaje a Moncloa parece evidente.

Ábalos lo complica

El independentismo está que trina porque el golpe económico es devastador, principalmente para los propios acusados. Mas-Colell, sin ir más lejos, a través de su hijo, ha suscitado una campaña de dimensión internacional para despertar la atención sobre lo que le va a ocurrir: que su dinero en el banco y algunas propiedades pueden quedar embargadas. Decenas de premios Nobel se han adscrito a la campaña, lo que ha aumentado la resonancia, pues el exconseller de Economía es una eminencia académica.

Habitualmente, para sufragar estas sanciones, el mundo independentista cuenta con una caja de solidaridad, que parece que ahora está esquilmada. Llega el Tribunal de Cuentas en un momento poco oportuno, y no solo por la falta de fondos, sino por la coyuntura política. Los presos del 'procès', entre ellos Junqueras y Romeva, han salido indultados de la cárcel y se acerca la reanudación del proceso de diálogo, o el comienzo de uno nuevo, ya que la Mesa creada en tiempos de Pedro Sánchez y de Quim Torra parece un vago recuerdo.

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En esta tesitura, en SER Catalunya, han preguntado al ministro de Transporte por el procedimiento del Tribunal de Cuentas. En la respuesta, tras defender a los órganos jurisdiccionales, ha afirmado lo siguiente: "Sabíamos que estas causas, que no dejan de ser piedras en este camino, estaban ahí. Nos corresponde ir desempedrando ese camino, pero desde el reconocimiento de los órganos jurisdiccionales y dentro de la legalidad".

Qué puede ser desempedrar

Aragonès ha instado al Gobierno a actuar en el Tribunal de Cuentas. Las opciones no son muchas. El diario El Mundo informó en su edición del viernes que la Abogacía del Estado apuntaba al embargo de figuras como Junqueras y Mas-Colell. Es parte del procedimiento, y por tanto, por este circuito el Ejecutivo carece de capacidad de maniobra.

No obstante, asoman otras vías. La Mesa del Congreso tiene desde abril un escrito de la Presidencia del Tribunal de Cuentas en el que, como es preceptivo, indica que el mandato de los doce consejeros está cerca de caducar. En julio, en concreto. Es una manera formal y oficial de decirle a la Cámara que inicie los procedimientos para la renovación, que en resumen es: acuerdo entre los grupos, comparecencia de los profesionales pactados ante la Comisión de Nombramientos y posterior ratificación por el pleno.

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Es un mecanismo similar a los de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los consejeros de RTVE, los magistrados del Tribunal Constitucional o los vocales de la Junta Electoral Central. Ciertos matices diferencian los procesos en cada caso, pero un denominador común marca todos ellos: el consenso entre el PSOE y el PP.

Fuentes parlamentarias descartan acuerdos sobre el Tribunal de Cuentas. Sería extraño el pacto cuando el CGPJ, el TC o el Defensor del Pueblo llevan meses en funciones. Las perspectivas con el órgano fiscalizador no son halagüeñas.

Por tanto, la luz se dirige a la otra vía: que uno de los grupos parlamentarios presente una proposición de ley en el Congreso para modificar la ley orgánica que regula el órgano, la de 1982. Uno de los aspectos a modificar podría ser el sistema de elección de los consejeros. Aprobar una nueva ley orgánica necesita mayoría absoluta, es decir, el sí de 176 diputados. Es un umbral al alcance de la mano del PSOE tal y como está la aritmética parlamentaria actual. No en balde, no hace mucho, así se aprobó una modificación de la ley del poder judicial, la que limitó las funciones de su órgano de gobierno cuanto estuviera en periodo de interinidad.