El Supremo avisa de que Puigdemont podría ser detenido pese a su nueva inmunidad

Desde que el pasado 2 de junio Carles Puigdemont recuperara provisionalmente su inmunidad parlamentaria, se ha abierto la compuerta a un regreso a España del 'expresident' de la Generalitat al abrigo de esa protección especial. Sin embargo, su libertad de movimientos en territorio español no está tan clara. Fuentes jurídicas informan a El Confidencial de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena podría ordenar su detención si pisa suelo español, como ya advirtió el instructor del 'procés' en el auto en el que acordó remitir suplicatorio al Parlamento Europeo para reclamar autorización para poder proceder en su contra.

La tesis del magistrado, expresada en aquella resolución, sigue vigente a día de hoy pese a esta inmunidad intermitente. Explicaba Llarena que la inmunidad adquirida por su condición de eurodiputado no sirve para borrar de un plumazo todo lo sucedido antes de obtener el escaño. El juez dejaba su tesis, que hoy se mantiene, bien clara. Las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión adoptadas con posterioridad al procesamiento siguen siendo viables "sin que las mismas estén condicionadas a la inmunidad que les afecta", indicaba.

En resumen, el instructor entiende que la inmunidad no puede operar más allá del momento procesal que marcan las normas procesales españolas. "Supondría desbordar el espacio constitucionalmente reservado a esa garantía e implicaría olvidar que la inmunidad protege frente a la apertura de procesos concebidos para alterar y perturbar el normal funcionamiento de la cámara legislativa, no para impedir el desenlace de una causa penal en la que el diputado o senador electo ha sido ya procesado", destacaba el juez en enero de 2020. "Si vuelve, será detenido", indican las fuentes jurídicas consultadas.

TE PUEDE INTERESAR

La Justicia europea paraliza temporalmente el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont

Nacho Alarcón. Bruselas

Puigdemont fue procesado junto a Antoni Comín y Clara Ponsatí por auto de 21 de marzo de 2018. La inmunidad que alcanzaron el 13 de junio de 2019 con ocasión de su proclamación como miembros electos del Parlamento Europeo no impone la adopción de las medidas oportunas en su contra, destacan las mismas fuentes.

El 'expresident' también es consciente de esta tesis del Supremo. Puigdemont tiene muy claras las consecuencias de dar un paso así. Fuentes cercanas a su entorno responden así a la pregunta de qué sucedería en el caso de que regresara en la actualidad: "básicamente que le detendrían, pasaría a disposición del tribunal supremo y lo mandarían a prisión saltándose la inmunidad", indican. Regresar no está en los planes inmediatos del 'expresident'.

La reforma de la sedición

El escenario descrito sirve para el hoy, pero puede cambiar a medio plazo. La iniciativa del Gobierno de reformar el delito de sedición, el principal de los dos por los que fue procesado el 'expresident', cambia las cosas y abre la puerta a un retorno en el que, si bien no se puede descartar que pise la cárcel, si se puede aventurar que lo haga por poco tiempo. Un recorte de las condenas aparejadas a este delito, que hiciera prever una condena por el mismo de entre cuatro y seis años combinada con el pago de responsabilidad civil para atenuar el delito de malversación, supone un escenario completamente distinto.

Así, el regreso a España que deseó esta semana la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, no será tan inmediato. Como explica el Parlamento Europeo, la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal de los diputados, sino que garantiza que un diputado pueda ejercer libremente su mandato sin ser objeto de persecución política arbitraria. Así, los eurodiputados no pueden ser investigados, detenidos ni procesados por las opiniones expresadas o los votos por ellos emitidos en su calidad de parlamentarios y gozan de protección cuando se desplazan por motivo de su cargo. Este hecho sí garantiza a Puigdemont una mayor libertad de movimientos en Europa, pero España continuará siendo territorio vedado.