Preocupación en el TC ante el bloqueo que aboca al presidente más efímero de la historia
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un mandato de poco más de un año

Preocupación en el TC ante el bloqueo que aboca al presidente más efímero de la historia

La renovación ahora atascada es la que debería votar el Congreso con amplias mayorías y que incluye a cuatro magistrados que ya llevan en el cargo más de los nueve años fijados

Foto: Tribunal Constitucional. (Wikimedia Commons)
Tribunal Constitucional. (Wikimedia Commons)

El PSOE y el PP han roto definitivamente relaciones. Los indultos han dado la puntilla a la intención de renovar los órganos constitucionales, ya moribunda tras el último fracaso. Mientras toda la atención se centra en el Consejo General del Poder Judicial, un tribunal se adentra en una crisis sin precedentes. El bloqueo en las negociaciones provoca que el Constitucional se enfrente a la posibilidad de contar con el presidente más efímero de su historia con un mandato que solo se prolongaría poco más de un año. La preocupación por la inestabilidad que eso provoca se ha extendido entre los magistrados del TC, informan fuentes jurídicas.

Como si se tratara de un cronómetro, mientras transcurren las semanas el tiempo de esa futura presidencia se acorta. La causa se encuentra en el sistema de renovación propio del TC y en sus usos, costumbres y normas que, aunque no escritas, siempre se respetan en el seno del tribunal de garantías. La combinación de las dos cosas provoca que únicamente cuatro de los actuales integrantes del TC —los que se encuentran en los últimos años de su mandato— puedan aspirar a presidirlo si la esperada renovación llega a producirse. Todos ellos se encuentran a unos meses de que acabe su periodo y sin esperanzas de que este se alargue en funciones más allá del tiempo establecido.

Foto: Tribunal Constitucional. (EFE)

Para entenderlo hay que acudir al sistema de renovación del Constitucional. Se renueva por ciclos como dicta la Constitución y cada uno de sus magistrados es designado por un periodo de nueve años y van cambiando por terceras partes cada tres años. Cuando llega el momento del cambio, este depende por turnos de distintos órganos: cuatro de sus 12 miembros son nombrados a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintas partes de sus miembros, cuatro a propuesta del Senado por la misma mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

La renovación ahora atascada es la que debería votar el Congreso con amplias mayorías y que incluye a cuatro magistrados que ya llevan en el cargo más de los nueve años fijados, entre ellos el presidente. Es decir, hay que cambiar al presidente y la tradición respetada obliga a que solo aspiren a ellas los magistrados que se encuentran en el último tercio de los nueve años del mandato. La siguiente renovación, prevista en 2022, es la que corresponde al Gobierno. La primera exige acuerdo entre los principales partidos, pero la segunda no, ya que el Ejecutivo designa a quien considera sin tener que pactarlo con nadie.

Es decir, ahora mismo solo los magistrados Juan Antonio Xiol, Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares aspiran a la presidencia, pero se encuentran atrapados entre una renovación frustrada que va para los dos años de retraso y otra inaplazable dentro de año y medio que cortaría su designación. En un paréntesis que se estrecha cada vez más cuanto más tiempo transcurre.

A la gresca por seis meses

Que los compromisos no verbales en el TC son sagrados lo demuestra el caso de María Emilia Casas. En esa única ocasión en toda la historia del TC, una norma no escrita estuvo a punto de saltar por los aires hasta que el Gobierno socialista la transformó en ley. La discordia vino provocada por una extensión del mandato del presidente durante seis meses, en plena tensión por el Estatuto de Cataluña.

Casas, excepcional en varios sentidos, fue nombrada magistrada el 16 de diciembre de 1998 y su estancia en el tribunal debía concluir así el 16 de diciembre de 2007 una vez cumplidos los nueve años. Ocurrió que fue elegida presidenta el 13 de junio de 2004 para tres años por lo que en teoría su mandato presidencial finalizaba el 13 de junio de 2007 y no en diciembre, cuando se cumplían los nueve años totales de su estancia en el TC. Casas era progresista en un tribunal mayoritariamente conservador.

Foto: Nueva pirueta del Constitucional: María Emilia Casas asume la ponencia del Estatut

Así las cosas, se lanzó el rumor de que el sector conservador no permitiría mantenerla en la presidencia seis meses más. Con el telón de fondo del Estatuto de Cataluña, la posibilidad de que los magistrados de tendencia ideológica opuesta la tumbaran tenía visos de ser real. El Gobierno de Rodríguez Zapatero, en respuesta, decidió convertir en ley lo que era costumbre. Blindó prorrogar la presidencia hasta que expirara la estancia en el tribunal tanto del presidente como del vicepresidente.

El PP recurrió la modificación y el lío fue mayúsculo. Recusaciones cruzadas, ataques verbales... Solo quedaron ocho magistrados para resolver, el quorum mínimo. El TC acabó avalando la reforma legal. Pese al desacuerdo del PP, la enmienda Casas nunca fue derogada. Durante el gobierno de Rajoy no se dio marcha atrás y dos presidentes posteriores, ambos propuestos por el PP, se han visto beneficiados por ella.

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