La gestión del covid se adentra en otro caos jurídico pese a afrontar su fase final

Cuando parecía que la pelea jurídica por las restricciones del covid comenzaba a disiparse, las comunidades autónomas vuelven a avivarla. Este jueves, la decisión de Madrid de recurrir el plan que Sanidad quiere imponer a los gobiernos regionales y las nuevas limitaciones fijadas por el Tribunal Supremo para aquellas que quieran un control estricto del virus con medidas 'duras' como los toques de queda han traído de nuevo a los jueces al primer plano.

Curiosamente, el malestar va por territorios. Los hay, como Baleares o Valencia, que quieren mantener confinamientos más estrictos y han sido desautorizados por el alto tribunal. Y en el extremo opuesto, los hay también que lo que desean es todo lo contrario: entrar de lleno en la desescalada con una reapertura amplia de bares y discotecas buscando el respaldo de los tribunales para oponerse a los designios del Gobierno central.

Ayuso, a la contra

El último grupo lo encabeza Madrid. El ocio nocturno y los horarios de la hostelería han roto la cogobernanza que debía primar en esta fase. Nada menos que seis comunidades se enfrentan al proyecto. Junto al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se han posicionado Castilla y León, Cataluña, Galicia, Andalucía, Murcia y Euskadi. Sus opciones van de la desobediencia a la vía judicial. Sanidad quiere homogeneizar las pautas de cara al verano y pretende obligar al cierre de los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como de los bares y restaurantes de playa, a la 1:00, con opción de que se extienda hasta las 2:00 para las discotecas.

El Gobierno madrileño ha anunciado ya recurso a través del consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero. En opinión de la presidenta de Madrid, no hay obligación de cumplir "una norma que parte de un organismo que no tiene la capacidad de hacer ley de algo que no lo es". El truco de Sanidad es recurrir a la orden comunicada y dejar que cada comunidad la publique en su territorio vía decreto.

Fuego amigo

Mientras tanto, en el otro extremo, Baleares vio este jueves cómo el Supremo desactivaba su toque de queda antes de tiempo. En respuesta a su caso concreto —en las islas, regía hasta hoy un confinamiento obligado a partir de las 11 de la noche—, la Sala Tercera ha indicado que aunque las leyes sanitarias generales son suficientes para acordar determinados límites, no son una barra libre para cualquier cosa. Y que ni siquiera la única ley orgánica que se emplea para justificar las restricciones, la del 86, es respaldo suficiente cuando no existen razones que lo hagan "indispensable". Otras comunidades como Valencia mantenían toques de queda similares. Otra de las cosas que el TS no ve ajustadas es la limitación de reuniones, que se aplica también en territorios más allá de los mencionados.

El alto tribunal aprovecha su resolución, en la línea de lo que ya han hecho en varias ocasiones los TSJ, que son el primer filtro de autorización para las comunidades, para volver a protestar por la falta de una norma específica que el Gobierno nunca promovió, pese a la insistencia de la oposición y de los barones en que era necesaria. "Las dificultades jurídicas serían mucho menores, tanto para la Administración sanitaria como para las salas de lo Contencioso-Administrativo, si existiera una regulación suficientemente articulada de las condiciones y límites en que cabe restringir o limitar derechos fundamentales en emergencias y catástrofes como la actual. Pero el hecho es que tal regulación articulada no existe", destaca.

El caos jurídico... Y el caos político

Madrid, efectivamente, ha dejado claro que va a recurrir la decisión adoptada este pasado miércoles por mayoría en el seno del Consejo Interterritorial. Castilla y León ha avanzado que hará lo mismo. Junto a estas dos autonomías, ambas gobernadas por el PP, País Vasco ha mostrado su malestar porque ve invasión competencial, al igual que Cataluña, que ha reivindicado el ámbito de decisión autonómico. Galicia estudiará la norma obligatoria en cuanto se publique en el BOE para ver hasta qué punto puede esquivar precisamente la obligatoriedad.

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B. Parera

Por tanto, de fondo, late un conflicto político. Tantos meses han estado las comunidades haciendo frente a la pandemia con sus instrumentos legislativos, avalados por los tribunales superiores de cada autonomía (o rechazados), que ahora, cuando el covid-19 parece precipitarse hacia su final, llama la atención el ímpetu del Gobierno de Pedro Sánchez por retomar el liderazgo coordinado de las actuaciones. En el Consejo Interterritorial, se planteó un marco común aunque con márgenes de variación en función de la tasa de incidencia del coronavirus.

Desde la presidencia de una comunidad autónoma, una fuente lamenta, en declaraciones a El Confidencial, la reincidencia del Ejecutivo central en la apropiación político de los tiempos más amables de la lucha contra el covid, lo que contrasta con su "dejadez" cuando las cifras de la pandemia aconsejan medidas drásticas.

Madrid quiere mantener su normativa, al igual que el País Vasco y Cataluña, y, por tanto, meter en un brete al Ministerio de Sanidad, que dirige Carolina Darias, quien, a pesar de conocer el malestar de las comunidades y su intención de no acatar el marco reglamentario del Gobierno, ha asegurado que entre sus planes no está por el momento la idea de llevar a la Justicia un conflicto que revive. A pesar de que la pandemia parece languidecer, las administraciones central y autonómicas no se dan tregua.