El Gobierno defiende su plan: no hace falta nueva legislación para después de la alarma

El Gobierno defiende que las comunidades autónomas cuentan con instrumentos legislativos y jurídicos suficientes para hacer frente a la pandemia cuando decaiga el estado de alarma. La Ley General de Sanidad de 1986, el decreto de nueva normalidad de junio y las resoluciones de los tribunales superiores de justicia configuran el marco de garantías sobre el que actuar en caso de que posibles repuntes de coronavirus obliguen a medidas de contención. Además, el Consejo Interterritorial de Salud deberá complementar este conjunto normativo. Este mismo miércoles se reúne y, entre otros asuntos, va a revisar las condiciones de uso de las mascarillas en espacios exteriores.

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Con esos instrumentos, las comunidades pueden mantener o aumentar todo tipo de restricciones. Así lo aseguran fuentes de Moncloa, que añaden que esas "acciones coordinadas" del Consejo aseguran una respuesta adecuada a la incidencia de la pandemia, que se prevé que vaya haciéndose más leve a medida que sube el ritmo de vacunación.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha hecho público este punto de vista con motivo de una visita institucional a Mérida, este mismo miércoles. Ha recordado que las decisiones del Consejo, que congrega al Ministerio de Sanidad con las consejerías de cada autonomía, son de obligado cumplimiento, tal y como ha avalado el Tribunal Supremo, ha dicho. A su juicio, informa Europa Press, a partir del día 10 de mayo las administraciones dispondrán de "instrumentos ordinarios" para dar cada paso que sea necesario en cuanto a combatir la pandemia.

Decisión tomada un mes antes

El presidente, Pedro Sánchez, dijo el martes que su intención es no prorrogar el estado de alarma el día 9 de mayo, después de seis meses de vigencia. Lo explicará con más detalle en la intervención que hará en el pleno del Congreso dentro de una semana, cuando, además de pormenorizar el plan de recuperación que deriva de los fondos europeos, detallará sus planes de gestión de la pandemia. El Ejecutivo resalta que las previsiones sobre vacunación permiten afrontar el levantamiento del estado de alarma, de cara a la campaña turística de verano.

El PP, por contra, considera que sí es necesaria una legislación específica y alternativa al estado de alarma. El Gobierno así lo admitió hace casi un año en el Congreso, recuerdan en este partido, y llegó a pactarlo con otros partidos como Ciudadanos y ERC. Sin embargo, luego abandonó esa idea.

El Ejecutivo resalta que las previsiones sobre vacunación permiten afrontar el levantamiento del estado de alarma

Los populares llevan casi un año pidiendo que se haga una reforma legal que sirva de plan B alternativo al estado de alarma. Explica que de esa forma podría limitarse la movilidad, teniendo en cuenta qué supone medidas así, que deben hacerse con ley orgánica. Previsiblemente, el miércoles que viene, Pablo Casado pedirá de nuevo en el Congreso la aprobación de esa reforma legal.

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Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, ha asegurado este mismo miércoles en Onda Cero que, aunque se levante el estado de alarma, es posible mantener las restricciones. Sus palabras evocan la polémica que ya se produjo entre junio y octubre, cuando no hubo alarma. Las comunidades entonces tomaron medidas, avaladas en su mayoría por los tribunales.

No obstante, el Gobierno hace ahora una valoración muy optimista debido al ritmo de vacunación que prevé. En los últimos consejos de ministros se han escuchado informes en ese sentido de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, basados en las cifras de vacunas que llegarán durante el mes de mayo. Son los datos que Sánchez desgranó ayer martes.