El Defensor del Pueblo investiga si asociar en público a policías con un partido es ilegal

El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación que pone en entredicho la última tendencia de determinados dirigentes políticos y de algunos medios de comunicación de señalar a las fuerzas de seguridad y al ejército como votantes de Vox. Así lo hizo el pasado 22 de febrero un programa de la cadena pública TV3, que tras el resultado de las elecciones catalanas celebradas una semana antes, que situaron al partido de Santiago Abascal como cuarta fuerza política de la comunidad autónoma, dibujó un mapa de la región que marcaba las zonas donde la formación había tenido más respaldo y destacaba que coincidían con aquellas áreas donde había dependencias castrenses, de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.

El programa atribuía de este modo, por lo tanto, el incremento de los apoyos recibidos por Vox en la cita electoral a los votos introducidos en las urnas por los miembros de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad, lo que señalaba a la práctica totalidad de estos funcionarios como simpatizantes de la formación presidida por Abascal. Esta vinculación, a juicio precisamente de los componentes de estos institutos armados, resulta peligrosa. Así lo considera la Asociación Profesional de Guardias Civiles, una de las más influyentes, que presentó la denuncia que ha dado pie a la mencionada apertura de diligencias por parte del Defensor del Pueblo.

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En su escrito, los guardias civiles —en su mayoría, mandos de la corporación— recuerdan que la ley de protección de datos prohíbe la publicación de datos personales "que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, los datos genéticos, biométricos o los relativos a la salud y a la vida sexual" de las personas. Entienden, por lo tanto, que dar a conocer una supuesta adscripción política de los miembros de las fuerzas de seguridad y del ejército incumple estos preceptos.

La norma, continúan, señala asimismo que la privacidad también puede ser entendida de forma "grupal" cuando se refiere a conjuntos "definidos por cualquier característica o combinación de características que se asocian a determinados individuos". "Las autoridades con competencia para facilitar los resultados electorales exceden con mucho el contenido de la Ley Orgánica 5/85 de Régimen Electoral General y facilitan los resultados con un grado de detalle por colegio electoral, mesa o sección, de manera que las personas con domicilio en determinadas pequeñas localidades, residencias o centros pueden ver afectado su derecho al secreto del voto y a la protección de sus datos personales", argumenta la asociación.

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"Si se cruzan estos datos con los del Instituto Nacional de Estadística u otros, se hacen públicas las supuestas opiniones políticas de los guardias civiles que residen en dependencias oficiales (dada la propia naturaleza de la organización y distribución territorial del cuerpo), atribuyéndoles un sesgo en base a un supuesto ideario político", sostienen los denunciantes. "Pero no solo eso, sino que con demasiada facilidad comparando estos datos con otros de fuentes abiertas es fácil llegar a atribuir (identificar) a cada una de las personas que residen en nuestros acuartelamientos e inferir el sentido concreto de su voto", afirman los funcionarios, que acusan a "determinados grupos de personas y medios de comunicación" de utilizar "el grado de detalle con el que se distribuyen los resultados electorales" para "identificar a grupos determinados, en este caso a los miembros de la Guardia Civil", como votantes de un partido. A juicio de los denunciantes, esto podría constituir un tratamiento ilícito de los datos personales.

No se quedan los autores del escrito, sin embargo, en el mencionado ejemplo de TV3. Detallan un rosario de informaciones publicadas en otros medios que van en la misma línea. "En la zona militar de El Pardo, se votó a Vox", recuerdan que señaló el 2 de mayo de 2019 en referencia a las elecciones generales 'ElDiario', que añadió que "en Madrid aparecen islas de votantes de Vox que son viviendas de guardias civiles o militares". "Vox es líder entre los militares y adelanta al PP en los cuarteles de la Guardia Civil", destacan que expuso El Confidencial el 4 de mayo del mismo año. "¿Qué ha votado tu vecino?", describen que publicó 'El Periódico' el pasado 15 de febrero en relación con las elecciones catalanas. "¿Dónde ha calado Vox en Cataluña?", afirman que se preguntó 'Público' el mismo día.

Pide información a Interior

De momento, la investigación del Defensor del Pueblo se ha limitado a pedir información detallada al Ministerio del Interior, responsable de desgranar y hacer públicos los resultados de las campañas electorales de esta forma, relacionada con el objeto de la materia. El organismo pretende comprobar de qué modo el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska presenta la citada información y si este método podría estar contraviniendo algún tipo de normativa de protección de datos o relacionada con la privacidad de los ciudadanos. La denuncia también la ha interpuesto Aprogc ante la Agencia de Protección de Datos, que sin embargo aún no se ha pronunciado.

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El pasado 27 de abril, Iglesias insinuó que en la Policía hay sectores muy vinculados a "la ultraderecha", lo que a entender de los denunciantes y de la mayoría de los sindicatos de la Policía Nacional venía a seguir la misma dirección que la apuntada por Aprogc en su escrito ante el Defensor del Pueblo. Tres meses antes, Podemos puso un tuit en el que acusaba a la organización sindical con más peso de la Policía, Jupol, de "ultraderecha". El sindicato mostró su "profundo malestar" por unas declaraciones que a su juicio "no aportaban argumentos". "Es inadmisible que un partido político que forma parte del Gobierno de España actúe de esta forma contra el sindicato mayoritario de la Policía", protestó el portavoz de jupol, Pablo Pérez. Jupol, añadió, es "apolítica y apartidista", solo tiene el objetivo de "defender los derechos de los policías" y de "mejorar sus condiciones sociolaborales". "Día a día luchamos para alcanzar estos objetivos sin tener en cuenta el color político del Gobierno", subrayó Pérez.

En la misma línea se pronuncian desde Aprogc. Esta organización considera "muy peligroso marcar" de este modo a los guardias civiles, a los policías y a los militares. Los dos primeros, argumentan, en ocasiones tienen que enfrentarse a manifestantes de ideologías muy concretas y puede suponer más leña al fuego el hecho de que vean a los funcionarios como enemigos de otro credo, cuando la realidad es que tanto policías como guardias civiles mantienen en todo momento una "neutralidad política". "Si nos señalan políticamente, al final nuestro trabajo parece un enfrentamiento entre partes", censuran. "Todo esto nos sitúa en un escenario que no es real, porque aquí no se pregunta la adscripción política a quien entra, cada uno vota a quien quiera", afirman.