El Gobierno se pliega a la campaña del PSOE y usa las amenazas para alentar un veto a Vox

El Gobierno ha trasladado una firme condena a las diferentes amenazas de muerte recibidas por representantes políticos durante los últimos días y, en línea con el nuevo marco de la campaña 4-M instaurado por los partidos del bloque de izquierda, a modo de plebiscito sobre la democracia, se ha querido "dejar claro" que "ninguna amenaza va a hacer retroceder a nuestra democracia". Así lo ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, al inicio de la rueda de prensa desde Moncloa tras la celebración del Consejo de Ministros, asociando los acontecimientos que han supuesto un punto de inflexión en la campaña electoral con una amenaza a la convivencia y las reglas democráticas. Durante las últimas horas, desde el PP se ha acusado a los socialistas de convertir las amenazas en un "circo" y utilizarlo para un rédito electoral que, además, podría generar un efecto imitación.

"Como demócratas tenemos que defender nuestras ideas con la palabra", ha apelado la ministra portavoz señalando a quienes "quieren alimentar el odio para envilecer y enfangar el debate público, dando carta de naturaleza a discursos que son excluyentes, totalitarios y no pueden tener cabida en nuestra sociedad". Montero se ha referido directamente a la necesidad de establecer un cordón sanitario a Vox, como coinciden en reclamar las candidaturas del bloque progresista en las elecciones de Madrid, además de demandar una condena unánime a las amenazas de muerte "sin ningún tipo de excusa o de matiz".

"Hay que poner un cordón sanitario a cualquier formación que haga de este tipo de incitación al odio su lema", se alentó desde el Ejecutivo. Algo que la ministra portavoz extendió a "quien se niegue a pedir perdón cuando se amenaza gravemente a determinadas víctimas, como menores, o que no hace condena de hechos tan reprobables". En esta línea se dirigió al PP, "que no quiere reconocer el papel que juega con este debate", y que "intenta justificar el no hacer ese cordón sanitario porque en el fondo cuenta con la ultraderecha para conformar sus propios gobiernos".

Hasta el momento, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, se ha limitado a realizar una condena genérica de todos los tipos de violencia, lo que le ha valido la acusación por parte de la izquierda de negarse a una condena explícita de las cartas con amenazas. Un hecho que provocó que se abortase el último debate electoral, celebrado en la Cadena SER, y por el que los candidatos de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han rechazado volver a participar en debates electorales en los que esté presente Vox.

Más concretamente, y en respuesta a las preguntas de la prensa, Montero reconoció la "preocupación" del Gobierno por el "clima de crispación" y lamentó la "incitación al odio por parte de algunas formaciones políticas" al crear, dijo, "un caldo de cultivo en el que se intentan normalizar situaciones reprobables que deberían exigir una condena unánime sin ningún tipo de matiz". Criticó también las "descalificaciones o comentarios que minimizan hechos muy graves". "Siempre hay formaciones que ponen algún 'pero' y que hacen condenas genéricas", concluyó la portavoz advirtiendo que en este contexto "pueden aparecer conductas que en otras circunstancias, probablemente, no se atreven a expresar".

Ángel Gabilondo apelaba explícitamente en un mitin este lunes, tras conocerse la última carta con amenazas a un representante político, a la necesidad de establecer un “cordón sanitario con Vox, porque no se puede ni se debe gobernar con Vox”. Acto seguido, ponía el foco en Díaz Ayuso para preguntarse si va a aislar a Vox o no, "porque son un problema para la democracia". El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advertía en un mitin electoral junto a Gabilondo este domingo de que "Vox representa una amenaza para la democracia".

En la misma línea se expresaba la candidata de Más Madrid, Mónica García, quien ponía en duda si Díaz Ayuso está de acuerdo en que "se debe decir basta ya a la política del odio y la intolerancia" que representaría Vox. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuntaba directamente al líder del PP, Pablo Casado, sobre quien dijo que, si es "un demócrata", debe dejar claros unos límites que asoció a "cumplir la Constitución y respetar el marco de la UE y los derechos fundamentales". Tras ello, concluyó que "el PP está secuestrado por Vox".

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