La Fiscalía recurre para retirar el cartel de Vox por su "deshumanización" de los menores

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso contra el auto que denegó la retirada del cartel de Vox sobre los menores inmigrantes no acompañados. Según defiende, la imagen fomenta “la hostilidad y el rechazo social hacia estos menores, su cosificación y deshumanización, y constituye un ataque a la dignidad de todo el colectivo, lo que se ha hecho de manera pública al colocar el cartel en una de las estaciones de Metro de mayor afluencia de usuarios del servicio público de transporte”.

El pasado jueves, la jueza Carmen Rodríguez Medel denegó la medida cautelar solicitada por la Fiscalía al considerar que antes debía estudiarse a fondo la cuestión. Pese a ello, adoptó la decisión en función de guardia de diligencias, por lo que el recurso se presenta ahora ante el juzgado de instrucción número 53 de Madrid, responsable de continuar con el procedimiento instado por el Ministerio Público por la supuesta comisión de un delito de odio.

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Más allá del cartel en la estación de Sol, la Fiscalía pide la retirada de “todos los de idéntico contenido expuestos en cualquier otro espacio publicitario y colocados por el anunciante denunciado”. Subraya que la “dignidad” del colectivo vulnerable quedaría protegida de esta manera sin vulnerar el derecho de Vox, pues “el espacio publicitario contratado y ocupado por el cartel cuya retirada solicita puede volver a ser ocupado con propaganda tendente a la petición de votos en campaña".

El recurso de la Fiscalía explica cómo el cartel muestra el rostro de una mujer mayor a quien se atribuye la condición de "abuela" y se le imputa como coste económico en concepto de pensión la cantidad de 426 euros. En contraposición, plasma la imagen de un joven “racializado de piel oscura con la cabeza tapada con la capucha de la prenda que viste y con la cara igualmente tapada por un amplio pañuelo” a quien el coste que se atribuye es de 4.700 euros al mes.

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Respecto a la afirmación de Rodríguez Medel de que el hecho denunciado no reviste apariencia delictiva, el recurso defiende que esta comparación busca “ahondar en la idea del coste social que supone un MENA, enfrentado al de un pensionista, cuestionándose así su carácter ético y legal, trasladando una imagen totalmente prejuiciosa de un menor extranjero y delincuente, dado que la imagen de una persona joven de piel oscura embozado y encapuchado es un concepto social común y estereotipado”.

Apoyándose en este razonamiento, concluye que la caracterización de un menor no nacional como la que se visualiza en el cartel publicitario constituye “una estigmatización negativa, intolerante y prejuiciosa”. La imagen no es “baladí” y, según la Fiscalía, parte de "la idea prejuiciosa del carácter delincuencial de estos menores que a su vez impide la convivencia normalizada en las zonas en las que se encuentran, formando esta idea parte del discurso mantenido por algunos grupos sociales”.