Acuerdo entre AESP y Cáritas para facilitar el acceso al agua de los colectivos vulnerables

La Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP) y la organización católica Cáritas han firmado un convenio para definir indicadores concretos, homogéneos y fiables que permitan a las administraciones públicas definir qué familias deben contar con apoyos sociales para garantizar su acceso al agua, que la ONU reconoce como derecho fundamental y que la crisis del coronavirus ha amenazado aún más.

En el marco de la Jornada 'El derecho al agua en España: la protección de los vulnerables', organizada por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) en colaboración con Cáritas, Sonia Olea, responsable de Derechos Humanos de Cáritas, ha señalado la responsabilidad de los ayuntamientos, como titulares de la gestión del agua, a la hora de atender las necesidades de todos los ciudadanos. "Agradecemos mucho que las empresas tomen su responsabilidad y sobre todo la administración pública que es la obligada a facilitar el acceso al agua donde no la hay según la ley reguladora de las Bases del Régimen Local", ha expresado.

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Por su parte, el que fuera Ministro de Justicia y actual presidente de OSUR,Francisco Caamaño, al inaugurar la sesión, recalcaba su "objetivo", como asociación, de "hacer una evaluación de los servicios públicos, tanto si los gestiona la administración pública directamente o de forma indirecta por medio de la colaboración público-privada", ya que todo servicio público, "en el contexto de un estado social, debe ser atendido".

"Los operadores tenemos en nuestro ADN que el agua es un derecho humano", afirmaba Manuel Marchena, presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los servicios de Agua Urbana (AGA), que pedía que los servicios sociales de los ayuntamientos tengan datos "claros" para poder atender la situación particular de cada familia, algo que, según auguró, el acuerdo entre Cáritas y OSUR permitirá alcanzar.

El convenio busca facilitar a las administraciones definir qué familias deben contar con apoyos sociales para acceder al agua

"El agua es de todos, pero eso no quiere decir que se malgaste, porque también es un recurso finito. Debemos aplicar la solidaridad y aquellos que podemos pagar el agua y podemos sufragar las inversiones con nuestros impuestos debemos hacer lo posible para que aquellas personas que no tienen la fortuna puedan acceder a ella", afirmaba Gustavo Vargas, responsable estatal de Agua y Energía de FICA-UGT. También recordaba que es a la administración local a quien le corresponde según la ley atender tanto el agua potable como al saneamiento.

Por su parte, Fernando Arlandis, subdirector de estudios y responsable de implantación del Plan Estratégico del Canal de Isabel II, señalaba el firme compromiso de las empresas gestoras para atender situaciones de necesidad, pero recordaba que se precisa mejor información: "Necesitamos que sean los expertos en temas sociales quienes nos den los indicadores y nos digan si lo estamos haciendo bien".

De la misma opinión es Federico Ramos de Armas, director general de Suez Madrid: "Nos gusta hacer bien nuestro trabajo y no estaría bien hecho si no atendemos a los vulnerables. Hemos sido pioneros en protegerlos, usando tarifas sociales, fondos de ayuda y flexibilidad en el pago, pero se necesita mejor información para ello".