Policías y guardias civiles de la valla con Marruecos reclaman 10 millones a Hacienda

Alrededor de 600 miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en su gran mayoría componentes de las unidades antidisturbios de ambas corporaciones, han decidido reclamar a la Agencia Tributaria lo que consideran que es su derecho. Entienden que durante los últimos cuatro ejercicios de su declaración de la renta Hacienda debería haberles deducido un 60% de su cuota y, sin embargo, el organismo recaudador no lo ha hecho. De ahí que cada uno de forma individualizada, pero dirigida por el mismo asesor legal, el abogado especializado en derecho de fuerzas de seguridad Antonio Suárez Valdés, haya decidido interponer un recurso administrativo para reclamar lo que estiman que les corresponde.

Todos los que han decidido dar el paso adelante forman parte de los equipos de élite que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil envían regularmente a la frontera que separa Ceuta y Melilla de Marruecos. Se trata, en concreto, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de este último cuerpo y de las Unidades de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Benemérita. Todos los afectados han estado al menos tres meses al año destinados en labores de vigilancia o intervención en las mencionadas fronteras para controlar las controvertidas vallas.

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Agencias

Los 600 agentes solicitan que Hacienda les devuelva el mencionado 60% de la cuota que abonaron en sus respectivas declaraciones de la renta correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Según estima el letrado que está canalizando todas las reclamaciones, el montante total que la Agencia Tributaria tendría que devolver a los funcionarios supera los 10 millones de euros. Suárez Valdés basa las reclamaciones en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece que las rentas obtenidas por ciudadanos que no tengan su residencia habitual en Ceuta y Melilla tendrán una deducción del 60% de la suma de las cuotas íntegras que se deriven de su trabajo en esas ciudades autónomas.

Los escritos administrativos de reclamación, a los que ha tenido acceso El Confidencial, consideran que los rendimientos laborales de los policías y guardias civiles afectados se desarrollaron en gran parte en los mencionados territorios. "El actor no se practicó en su declaración del IRPF de los periodos 2016, 2017, 2018 y 2019 la dedución de las cuotas que proporcionalmente corresponda a las rentas computadas para la determinación de las bases liquidables que hubieran sido obtenidas en Ceuta o Melilla, por lo que esta parte solicita que la administración tributaria le practique la deducción correspondiente en proporción a los días trabajados en las ciudades autónomas", reclama uno de los afectados en una suerte de fórmula que reiteran los 600 agentes en otros tantos expedientes.

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Hacienda resuelve a favor tras una sentencia del Supremo

Los reclamantes basan su petición en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, emitida el pasado septiembre, que considera que en relación con estas deducciones habría que tener en cuenta que la residencia "viene dada por el hecho de residir o morar como realidad material y efectiva". Esta resolución, arguyen los escritos presentados ante la Agencia Tributaria, conlleva que Hacienda deba responder a la cuestión planteada "en el sentido de que por residencia habitual en Ceuta y Melilla" se considere a quienes hayan pasado un tiempo en esas ciudades. En concreto, continúan los reclamantes, deben entenderse como residente a "los contribuyentes que al menos durante una parte del periodo impositivo hayan residido en Ceuta y Melilla". "Tienen derecho a la deducción en proporción al tiempo que hayan residido en dichas ciudades", concluyen los escritos.

La mencionada sentencia, de hecho, está provocando un incremento paulatino de peticiones de liquidación ante la Agencia Tributaria por parte de ciudadanos que han residido en las ciudades autónomas en cortos intervalos que antes de la resolución debían superar los 183 días. Así lo confirman a El Confidencial desde Hacienda. Estas fuentes aseguran asimismo que el departamento está "resolviendo favorablemente todas las rectificaciones de autoliquidación" que les plantean los contribuyentes en este sentido desde que el Supremo dictó la citada sentencia, siempre después de haber comprobado las pruebas presentadas por estos afectados que demuestran los días que han residido en Ceuta o Melilla. Las mismas fuentes explican que son los contribuyentes los que tienen que formalizar la petición, ya que "la Agencia Tributaria no puede rectificarlas de oficio".

Opinión

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El abogado que ha canalizado la reclamación de los 600 agentes, por su parte, considera que el conflicto plantea otro problema añadido. "En lugar de dotar de plazas suficientes para fuerzas de seguridad a las ciudades autónomas, el Ministerio del Interior viene comisionando de manera sistemática a cientos de policías y guardias civiles para controlar las fronteras", explica Suárez Valdés, que considera que califica de "irregulares" esas comisiones "tanto porque vienen a suplir de manera sistemática necesidades de personal fijas mediante costosísimos desplazamientos desde la península como por el hecho de que a los agentes afectados no se les aplican las deducciones correspondientes en su IRPF".

La valla que separa España de Marruecos situada en ambas ciudades autónomas es un habitual destino de paso de policías y guardias civiles que son enviados a la zona en comisión de servicio en ocasiones durante varios meses al año. Esta recurrente plaza provoca que los funcionarios pasen largos periodos en Ceuta o Melilla y que compatibilicen con sus estancias en sus lugares de origen, donde también cotizan, aunque bajo otros parámetros. Las direcciones generales de Policía Nacional y Guardia Civil envían a sus agentes a la zona con el fin de mantener el orden público, en ocasiones alterado por los asaltos que con regularidad llevan a cabo inmigrantes dirigidos por mafias.

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EFE

La alteración del orden público que provocan estos asaltos no es algo previsible, ya que tiene lugar en diferentes momentos del año, a horas muy desiguales y en ocasiones cuando nadie se lo espera. Sí es cierto, sin embargo, que hay temporadas en las que se producen mayores oleadas, lo que origina que desde las direcciones generales de ambos cuerpos se ordene el envío de refuerzos. Otras veces, los servicios de información de los dos institutos armados son capaces de detectar movimientos al otro lado de la frontera que permiten aventurar que habrá asaltos, lo que ayuda a prever el personal necesario para hacer frente a las previsibles avalanchas. En cualquier caso, el envío de policías y guardias civiles está sujeto a vaivenes de distinta índole en el marco de un contexto en el que se torna necesario durante largos periodos de tiempo, extremo que hasta el momento no contemplaba la Agencia Tributaria en términos recaudatorios.