Primera condena a subsaharianos por lesionar a guardias civiles al saltar la valla

Desde hace algo más de dos años, los asaltos de los subsaharianos a las vallas de Ceuta y Melilla son violentos. Lo son no solo en un primer momento sino que lo siguen siendo cuando una avanzadilla de 'sin papeles' logra poner pie en España y arremete entonces contra los guardias civiles para impedirles que traten de contener la llegada de la siguiente oleada.

La acometida que tuvo lugar en Ceuta el 26 de julio de 2018 fue especialmente violenta, y quizás por eso nada menos que 602 inmigrantes lograron entrar ese día en la ciudad. Independientes de la Guardia Civil, una asociación profesional, encargó a la abogada Nuria Gutiérrez de Madariaga que pusiera una denuncia contra los nueve cabecillas de aquel asalto en el que resultaron heridos 18 agentes, la mayoría con quemaduras de primer y segundo grado.

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EC/Agencias

La Fiscalía de Ceuta también acusó entonces. Pidió que los que capitanearon la embestida fueran condenados a ocho años de prisión, a multas y al pago de indemnizaciones. En su acción, “perfectamente organizada y coordinada” por estos nueve 'sin papeles', se ha recurrido “a la violencia contra los agentes de la Guardia Civil” por parte de los primeros que accedieron a territorio español, “para así evitar que impidieran la entrada del resto de compañeros (…)”, señala la acusación del ministerio público. Con tal propósito, los asaltantes utilizaron “hierros, cizallas, lanzallamas en 'spray', piedras, botes con cal viva y heces”, prosigue.

El juicio se celebró ayer en Ceuta y los abogados de oficio de los imputados por lesiones y por daños agravados alcanzaron un acuerdo de conformidad mediante el cual la Fiscalía rebajó su petición de ocho años a año y medio de cárcel, aunque sin suspensión de la pena, por lo que, cuando queden vistos los recursos, los nueve subsaharianos deberán ingresar en prisión. Desde junio de 2018, permanecen en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

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A la condena a 18 meses se añaden la indemnización por un importe de 10.790 euros que deberán abonar a los guardias heridos, otros 1.644 euros para reparar el material dañado de la Guardia Civil y 10.511 euros al Estado para arreglar el vallado que estropearon al dar el salto. Como son insolventes, no pagarán esas cantidades.

Solo uno de los inmigrantes mostró cierta disconformidad con la condena cuando, tras escuchar su lectura por parte del presidente de la Audiencia, Fernando Tesón, señaló ante el micrófono que los 600 subsaharianos que entraron con él en Ceuta ese día de comportaron de la misma manera.

“Es la primera vez que logramos sentar en el banquillo y condenar a estos asaltantes”, comentó satisfecha al teléfono la abogada Nuria Gutiérrez de Madariaga. “Ahora vamos a revisar los asaltos a la valla de los 10 últimos años en los que hubo lesionados en las filas de las fuerzas de seguridad y tratar de llevar ante la Justicia a sus protagonistas”, anunció.

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La asociación Independientes de la Guardia Civil probablemente se alegre de la sentencia, pero esta no garantiza que los próximos asaltos sean pacíficos y tampoco tendrá un efecto disuasorio sobre los cientos, quizá miles, de 'sin papeles' africanos que se agolpan en los alrededores de Ceuta y Melilla. Unos meses en una prisión española son solo un contratiempo tras los sufrimientos padecidos en su largo recorrido hasta las ciudades autónomas españolas. Cuando cumplan la condena, probablemente no podrán ser expulsados a sus países de origen, como sucede con la gran mayoría de los subsaharianos que, por otra parte, no constituyen un colectivo conflictivo, según fuentes policiales.

Tras alcanzar un récord histórico en 2018, la inmigración irregular a España por tierra y mar ha experimentado en los nueve primeros meses de este año un retroceso. Las entradas ilegales en Ceuta y Melilla a través de la valla o de la frontera disminuyeron un 12,6% (4.301) con relación al mismo periodo del año pasado, según el Ministerio del Interior. En Ceuta, la caída (-34,8%) fue más acentuada que en Melilla. Esta reducción es sobre todo achacable a los esfuerzos que efectúa Marruecos desde febrero pasado para contener la presión migratoria.