El escándalo de los políticos vacunados continúa: la inmensa mayoría no dimite

El consejero de Sanidad de Ceuta, el mismo que se vacunó porque sus técnicos le obligaron —“me dijeron que si no me vacunaba yo, no se vacunaban ellos”— y al que, según dijo, ni siquiera le "gustan las vacunas", terminó dimitiendo este martes. Como los escasos dirigentes que le han precedido abandonando su cargo tras saltarse la cola de la vacunación, se reafirmó en que actuó “de forma correcta y buena fe”. El pistoletazo de salida lo dio la semana pasada su homólogo murciano, el consejero Manuel Villegas, que tras negarse a dimitir una mañana, presentó su renuncia esa misma tarde. El presidente regional, Fernando López Miras, lamentó su marcha. “Ha sido ejemplar”.

Los dos consejeros del PP han sido de los pocos dirigentes en asumir por ahora responsabilidades. Coinciden, eso sí, igual que el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya, cuando dimitió el fin de semana, en defender sus acciones. Ninguno ha reconocido haber obrado mal y achacan la decisión al cumplimiento estricto del protocolo.

La lista de dimitidos la completan la alcaldesa de Molina de Segura (Murcia), Esther Clavero (PSOE), que dejó el cargo después del consejero de su región. También una concejala socialista de Bonares, en Huelva, y los directores gerentes de los hospitales de Basurto y Bilbao, exconcejales del PNV hasta ocupar la dirección de esos centros médicos. También el ministro del Interior cesó a un oficial de la Guardia Civil que hacía de enlace en el Estado Mayor de la Defensa y que se vacunó con el Jemad.

El debate sobre los dirigentes vacunados ya tiene una dimensión jurídica. La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha abierto diligencias por el escándalo en esa comunidad (el consejero admitió que en torno a 400 personas de la consejería se vacunaron sin pertenecer a residencias de ancianos ni ser sanitarios de primera línea) con el objetivo de esclarecer si algún delito recogido en el Código Penal encaja con saltarse la cola de la vacunación. Los expertos coinciden en que cada caso debe evaluarse de manera individual, aunque algunos apuntan a la posible prevaricación o cohecho pasivo.

En cuanto al aspecto político, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, abrió el melón hace días cuando reconoció que no vería mal que el Gobierno de la nación o altos mandos como el Jemad se vacunen de manera prioritaria: “En la situación en la que estamos, el Estado no puede quedar descabezado”, explicaba. Su socia de gobierno, Begoña Villacís (Ciudadanos), se alejó de ese criterio. Más allá del debate, el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad y consensuado con las comunidades autónomas ha definido el orden de acceso a la vacuna según distintos grupos de población, siendo los primeros las personas en residencias de ancianos y con alto grado de discapacidad, sus trabajadores y los sanitarios que se encuentran en primera línea de la lucha contra el coronavirus.

Algunas comunidades han comenzado la vacunación con otro personal que trabaja en hospitales (limpieza, cocineros o seguridad), como es el caso de Murcia y Andalucía. La excusa más repetida por los dirigentes vacunados de manera irregular es la de que su condición les obligaba a estar en contacto continuo con hospitales y residencias, combinada con que los técnicos les mandaron hacerlo. Lo que ha quedado claro es que el protocolo parece insuficiente en su definición original y que no se somete a ningún tipo de control.

De hecho, el listado de cargos públicos que siguen sin dimitir cada vez es más largo. El viernes, se conocieron dos casos más en Aragón: el alcalde de Luesia, Jaime Lacosta (PP), y el de Asín, Rogelio Garcés (PSOE). Ambos han abandonado sus partidos, pero no dejan la alcaldía. Si hubo un matrimonio de políticos que hizo viral su excusa por haberse vacunado —"sobraban y los íbamos a tirar a la basura"—, fueron los socialistas valencianos Ximo Coll, alcalde de El Verger; y Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets. El PSOE solo los suspendió de militancia. También hay casos en municipios como Orihuela. A pesar de que el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, como también su concejal de salud, fueron vacunados, el PP emitió un comunicado dejando claro que habían accedido a la primera dosis en tiempo y forma por ser sanitarios en ejercicio. La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana mantiene abierta una investigación sobre todos los dirigentes.

Aun así, el 'president', Ximo Puig, ha sido uno de los más duros con este tipo de conductas, abriendo la posibilidad de dejar sin segunda dosis a aquellos que se hayan vacunado de manera irregular. Hay casos a lo largo y ancho de toda España. Alcaldes socialistas en Plasencia, Córdoba y Asturias. También en el Cabildo de La Palma y en algunos pueblos de Castilla y León.

En el caso del PP, aunque los dos únicos consejeros implicados ya han dimitido tras la petición expresa de Pablo Casado de ser “ejemplares”, otros muchos concejales, como el de Salud de Orihuela, en La Nucia (también en Alicante) y más cargos que acompañaron al consejero ceutí, siguen ocupando su cargo público. En Cataluña, también se vacunaron de manera irregular un alcalde y un concejal de JxCAT, Sergi Pedre y Jordi Domingo, ambos del municipio de Ruidoms.

En Galicia, la Xunta ha reconocido 17 vacunaciones a informáticos desde la Consellería de Sanidad en Pontevedra, aunque los sindicatos médicos elevan hasta 200 los casos irregulares.

Se trata de un tema sensible que incluso ha enfrentado a algunos dirigentes entre sí. El líder del PSOE en Murcia, Diego Conesa, aseguró ayer que las vacunas de la Región de Murcia no se habían quedado solo en la comunidad autónoma, sino que “algunos cargos de Madrid” también se las habían puesto señalando su condición de representantes de la Región. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se dio por aludido y respondió en un tuit: “Mensaje a Diego Conesa. Yo no estoy vacunado, tú sí estás imputado”.