El PSC pide al Govern que "reconsidere" el aplazamiento del 14-F

El PSC se ve reforzado momentáneamente tras el auto del TSJC que mantiene las elecciones del 14-F. Se trata de una decisión ante todo técnica que viene a preservar el proceso electoral, ya que los plazos propios de unos comicios no pueden alterarse a la espera de una resolución definitiva. Los socialistas catalanes, sin embargo, debido a la inseguridad jurídica creada por el decreto del pasado viernes, piden al Govern que "reconsidere" el aplazamiento.

Fuentes de esta formación han señalado a El Confidencial que "el tribunal ha querido preservar los derechos de todos ya que, si no hubiese cautelares, no habría posibilidad de marcha atrás". Subrayan: "El PSC ya lo dijo en la reunión de la mesa de los partidos: podemos estar de acuerdo en un aplazamiento técnico, porque un aplazamiento a medio plazo no tiene sentido".

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Los socialistas propusieron en la reunión citada una nueva convocatoria para el 21 de marzo, ya que ello hubiese permitido al proceso seguir adelante. "Ese calendario nos hubiera dado lugar a solventar la situación si se produjese, por ejemplo, un pico en la ocupación de camas de UCI. Pero al llevar la celebración de la votación a finales de mayo ya no podemos hablar de que es por la pandemia, sino que se vislumbran otros motivos detrás de esa decisión. Los argumentos epidemiológicos no se aguantan para retrasar más de tres meses las elecciones. Nosotros se lo dejamos bien claro en la reunión de partidos: por cuestiones de salud, estamos dispuestos a un aplazamiento técnico, pero no de más de tres meses porque es innecesario".

Por otro lado, en el PSC aseguran que un aplazamiento en la actualidad no es coherente. "Si se retrasan unas semanas para permitir capear un pico de contagios, podemos mantener las reglas del juego. No hemos de olvidar que la partida ya había empezado e incluso estaban a punto de proclamarse las candidaturas".

Critican los socialistas también los argumentos del Govern para retrasar los comicios. En primer lugar, el hecho de que sea el vicepresidente Pere Aragonès el que firma el decreto levanta dudas, ya que el único con potestad para convocar unas elecciones ―y así lo especifica la ley― es el 'president' de la Generalitat. Y Aragonès no es presidente, ya que no ha sido investido. Por tanto, aunque haga las funciones de 'president', tiene sus competencias limitadas porque, entre otras cosas, tampoco puede nombrar o cesar consejeros. Desde el Govern se justifica que sea el vicepresidente el que firme los decretos porque "lo hace como acto debido; es decir, ha de firmarlo el 'president' y él lo representa en ese momento".

Desde el PSC, reconocen, no obstante, que hay distintas opiniones sobre el particular. El Govern se aferra a los antecedentes de Galicia y País Vasco, donde los comicios se retrasaron el año pasado. "Claro que la situación no es la misma, ya que, en primer lugar, en la fecha de las gallegas y vascas había en vigor un decreto de alarma, con confinamiento domiciliario y, por otro lado, en esas comunidades sí había unos presidentes que, aunque estuviesen en funciones, habían sido investidos y, por tanto, tenían todas sus atribuciones en vigor. En Cataluña, sin embargo, el presidente en funciones no fue investido. Su cargo es vicepresidente y asume solo algunas de las funciones de la presidencia", aducen las fuentes.

PP y Cs divergen de los socialistas

La postura en el centro-derecha es distinta. El PP, que decidió no impugnar el aplazamiento de las elecciones, se mantiene en respetar las resoluciones judiciales, informa Paloma Esteban. La dirección nacional estaba reunida cuando saltó la suspensión cautelar del TSJC y el secretario general, Teodoro García Egea, dejó claro que su posición será "cuidar la salud de los catalanes" y "seguir los criterios sanitarios" respetando las decisiones de los tribunales. También el candidato popular, Alejandro Fernández, dejó claro que "el Estado de derecho consiste exactamente" en "seguir los pasos que dé la Justicia".

También Ciudadanos se ha mantenido en esa línea. Carlos Carrizosa, presidente del grupo parlamentario y candidato a la Generalitat, se ratificó en que las elecciones "deben realizarse cuando los ciudadanos puedan votar en tranquilidad" (en clara alusión a su conformidad con que se aplacen), e instó al Govern a modificar jurídicamente "lo que haga falta" para evitar la inseguridad generada.