El primer querellante del Popular abandona la causa tres años después de su arranque

Más de tres años después de que, en 2017, arrancara la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre la gestión de los dos últimos equipos gestores del Banco Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, el primero de los querellantes, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha decidido renunciar a continuar acusando y se ha desligado del procedimiento.

La causa comenzó en octubre de 2017, con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, sus respectivos consejos de administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios. Se abrieron entonces dos piezas separadas: la primera, que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los primeros días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

La OCU, personada hasta ahora en la primera de las piezas y una de las acusaciones más activas hasta el momento, explica en un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional sus motivos. Su querella fue interpuesta el 9 de junio de 2017, solo dos días después de la repentina resolución del Banco Popular y su venta al Banco Santander por el simbólico precio de un euro. Tomaron la iniciativa al considerar que la previa amortización y conversión de instrumentos de capital de la entidad había llevado a miles de accionistas y acreedores (titulares de bonos convertibles y deuda subordinada) a verse privados de los títulos valores de su propiedad, perdiendo el 100% de su inversión.

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E.P.

La querella se basaba en el presunto falseamiento de los estados financieros y cuentas anuales del Popular, de manera que sus inversores mantuvieron o dispusieron de sus inversiones sin conocimiento de la situación financiera real del banco y la "deliberada omisión de información relevante, ocultando pérdidas que debían haber aflorado, con la clara intención de captar el mayor número de inversores que suscribieran las sucesivas ampliaciones de capital acometidas en los últimos años, ampliaciones que se suscribieron incluso con dinero prestado por ella misma, y dando una impresión de bonanza falsa al mercado con activos inmobiliarios sobrevalorados y millonarios créditos de dudoso cobro o fallidos no provisionados".

En opinión de la OCU, estos tres años de instrucción han servido para demostrar "la falsedad de los estados financieros" en el año 2016 como consecuencia de la existencia de un "déficit sistemático y recurrente de provisiones desde al menos el año 2008". Se ha detectado —señala en su escrito— una incorrecta clasificación de los créditos normales, dudosos y subestándar; la incorrecta clasificación de operaciones refinanciadas; una sobrevaloración de activos inmobiliarios adjudicados, dados en garantía de créditos dudosos, y una recurrente financiación a clientes para adquirir acciones de la entidad sin descontarla de sus recursos propios.

"Llegados a este punto, y tratándose la OCU de una asociación privada bajo la supervisión pública del Ministerio de Consumo, una entidad por ello sin ánimo de lucro, de defensa de los consumidores y usuarios, consideramos que la finalidad perseguida por dicha organización de consumidores se ha cumplido, esto es, se han conseguido defender los derechos de los consumidores iniciando la acción penal, así como instar un procedimiento para luchar contra actos y conductas constitutivos de fraude, especulación ilícita, y los abusos, excesos, desviaciones y maniobras antisociales que perjudiquen al consumidor y usuario", indican. Aseguran que cuentan con recursos limitados y que sus socios están dando prioridad a la vía civil del litigio, para lograr recuperar sus inversiones de forma más rápida.

Los mensajes

La OCU deja en su escrito dos mensajes dirigidos al instructor. Asegura no entender el rechazo de una de sus últimas solicitudes, en la que reclamaba ampliar a años anteriores la investigación de la manipulación contable, y se queja de que se haya exonerado al Banco Santander de responsabilidad penal. Acaba destacando que confía en que la labor de la Fiscalía y las acusaciones particulares "sin duda llevará a la condena de los responsables del escándalo financiero".

"Esta vergüenza para nuestro país y sus instituciones solo podrá encontrar reparación para la recuperación de la credibilidad internacional que los ciudadanos y empresarios españoles merecen cuando finalice con el severo reproche penal que, sin duda, los hechos ameritan. La OCU se sentirá muy satisfecha de haber podido contribuir humildemente y en la medida de sus posibilidades a los orígenes de esa condena que, entretanto, aguardará impaciente", concluye.