La Audiencia imputa por sorpresa a una exdirectiva de Popular que iba como testigo

Entrar como testigo y salir como imputado. Este riesgo del que suelen avisar los abogados se ha hecho realidad este jueves en la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama ha decidido interrumpir la declaración de la ex directora de Auditoría Interna de Banco Popular, Yolanda García, a los 15 minutos de que empezara su interrogatorio ante algunas de sus respuestas. La ex ejecutiva, jubilada, tendrá que regresar con abogado en las próximas semanas.

Fuentes presentes en el interrogatorio señalan que este giro se ha debido a un "calentón del juez" y a que la testigo "iba sin ningún tipo de preparación a la declaración".

De este modo, García, que era número dos de Auditoría Interna hasta finales de 2016, ha reconocido que no revisó si en la ampliación de capital de ese año hubo financiación para la compra de acciones por parte de clientes, algo que a su juicio no estaba prohibido. Este apunte, y el de que no dio prioridad a un informe que le pasó su jefe, Jesús Arrellano, con presuntas evidencias sobre créditos para acudir a la ampliación.

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J. Zuloaga

García, que se jubiló después de la resolución de Banco Popular, hizo gran parte de su carrera en Banco Pastor, entidad que compró Popular en plena crisis. Fue la número dos del responsable de Auditoría Interna, hasta que éste salió a finales de 2016. Entonces tuvo un papel clave liderando la investigación interna que acabó con la reexpresión de cuentas que anunció el banco en abril de 2017 bajo la presidencia de Emilio Saracho. La exdirectiva no ha llegado a explicar estos extremos al cortarse su declaración.

Fuentes financieras próximas al antiguo Popular señalan que García tiene información clave sobre este trabajo que podía haber puesto sobre la mesa durante su declaración. Añaden que acudía a su declaración como testigo sin asesoramiento legal, cometiendo errores como interrumpir al juez o dar determinadas explicaciones sin medir las consecuencias.

Financiación de acciones

El caso Banco Popular se abrió en otoño de 2017, tras la resolución del banco, centrado principalmente en posibles irregularidades contables de la entidad. Dentro de esta línea de investigación, hay dos ejes principales para el juez Calama y los fiscales: las posibles tasaciones irregulares y la financiación a clientes para que compraran acciones de la ampliación.

Este último extremo ha sido negado por todos los exdirectivos del equipo de Ángel Ron que han desfilado en los últimos años por la Audiencia. Sin embargo, en los últimos días han ido declarando antiguos clientes de la entidad explicando justo lo contrario.