El veto a los cazadores en los parques nacionales aísla aún más la España vaciada

La despoblación es un problema que desde hace décadas acucia a la España interior, con excepción de la Comunidad de Madrid. La última traba apareció el pasado 5 de diciembre, cuando entró en vigor la prohibición de cazar en las fincas ubicadas en los parques nacionales. La nueva legislación ha hecho desaparecer las monterías en Cabañeros, Doñana, Monfragüe, Sierra Nevada o Picos de Europa; debilitando la economía de estas zonas y empujando a muchas familias hacia un éxodo rural para encontrar una mejor situación laboral.

Los cotos de caza daban trabajo a mucha gente. Y no solo de manera directa, ya que durante las jornadas de montería se llenaban los bares, restaurantes y casas rurales de los pequeños pueblos asentados dentro del perímetro de los parques nacionales. "Lo que más nos aportaba es el movimiento del personal, porque venían a comer y dormir en el pueblo", explica Javier Camarea, veterinario y vicealcalde de Horcajo de los Montes, una pequeña localidad de Ciudad Real que apenas supera los 900 habitantes y posee parte de su término municipal dentro del parque de Cabañeros.

Otra de las grandes preocupaciones para Camarena es ver qué pasa con los guardas que custodian las fincas. La gran mayoría corre el riesgo de perder su puesto de trabajo, lo que les obligaría a emigrar a la ciudad. Si esto ocurre, tendrán que llevarse consigo a sus hijos, vaciando todavía más las escuelas rurales o, incluso, forzando a cerrar algunos de estos centros de enseñanza. "Una vez que te cierran un colegio, abrirlo es imposible", lamenta el edil, perteneciente a la Agrupación Independiente de Hocarjo.

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Por su parte, la Fundación Artemisan critica en un comunicado que el Gobierno "haya hecho oídos sordos al clamor de una España vaciada", que "va a sufrir un golpe definitivo al perder una de las fuentes de riqueza más importantes para los municipios del entorno de estos parques". De hecho, según sus propios cálculos, la prohibición de la caza va a provocar que los parques nacionales dejen de crear empleo en el medio rural "para pasar a costar más de 320 millones de euros a los españoles".

Además, advierten de que la nueva normativa va a generar una sobrepoblación de ciertas especies animales, como ciervos o jabalíes, lo que aumentará los daños en la agricultura y generará la "probable aparición de enfermedades en la fauna silvestre por sobreabundancia". Si este supuesto llega a producirse, el Estado tendrá que contratar a cazadores profesionales para matar a un determinado número de especies y controlar la sobrepoblación, un proceso que hasta ahora se llevaba a cabo sin coste alguno para las arcas públicas con las monterías privadas organizadas en los cotos de caza.

La situación en el parque de Monfragüe es algo diferente. La caza deportiva está prohibida desde 1991 y solo se realizaban 25 monterías al año para controlar la sobrepoblación. Ocho de ellas tenían lugar en Serradilla, un pequeño municipio de Cáceres con poco más de 1.500 habitantes. Como apunta su alcalde, Francisco Javier Sánchez Vega, si a un pueblo como Serradilla le quitas esas cacerías, "sufre un golpe importante", porque "se nota mucho en el consumo". Por este motivo, pide "que los controles de población se sigan haciendo como se hacían, mediante la caza, y no mediante trampas o jaulas". Además, sostiene que las monterías se realizaban con la supervisión y la autorización de la dirección del parque.

Los ecologistas apoyan la prohibición

Justo la opinión contraria es la que aportan desde las asociaciones ecologistas, que niegan rotundamente una despoblación en la España vaciada derivada de la prohibición de cazar. Según manifiesta el coordinador de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, "los parques nacionales ayudan a fijar la población" porque generan una serie de beneficios económicos ajenos a la caza.

Oberhuber sí reconoce que en algún momento puede ser necesario realizar un control de poblaciones animales, pero defiende hacerlo de manera ajena a la caza. Por ejemplo, propone capturarlos vivos para trasladarlos a zonas en que se han extinguido. "La caza no sirve para controlar poblaciones, lo que hace es incrementarlas para poder seguir cazando", denuncia el ecologista. De hecho, culpa a los cazadores de eliminar las especies depredadoras para potenciar el crecimiento de la población de ciervos y jabalíes.

También critica que se haya armado tanto revuelo por esta normativa, que ya fue aprobada en 2014, pero se encontraba en una fase de moratoria. Afirma que actualmente se puede cazar en el 80% del territorio nacional, mientras que los parques nacionales suponen el 0,8% de la superficie estatal. "Se está haciendo una presión para poder cazar en ese 0,8% que son los espacios más valiosos, los que tienen mayor diversidad", apunta.

Recursos de ayuntamientos y particulares

En cualquier caso, algunos ayuntamientos han aprobado mociones para intentar tumbar esta ley, que consideran perjudicial para su economía local. Un ejemplo es el citado pueblo Horcajo de los Montes, donde se ha llevado a pleno el apoyo a la caza en los parques nacionales al considerarla esencial para evitar la marcha de familias. También se han movilizado los propietarios de los cotos de caza, que han recurrido a la Justicia con el objetivo de poder conservar sus fincas y seguir cazando.

Si finalmente no consiguen revertir la legislación, los propietarios intentarán que el Estado les pague una indemnización, como si se tratase de una expropiación. "Lo primero que se debía haber hecho es hablar con los particulares y, si no les interesa, pues hay que expropiar el terreno con la consecuente indemnización económica, como se hace cuando construyen una autovía", remarca el presidente de Atica Castilla-La Mancha, Javier Caballero. De acuerdo con sus cálculos, la valoración de estas fincas es de más de 5.000 euros por hectárea, el valor de mercado que tenían antes de la entrada en vigor la nueva normativa.

Los últimos datos del Organismo Autónomo de Parques Nacionales sostienen que justo antes del 5 de diciembre se habían formalizado 36 acuerdos, que suman una superficie de 104.043,64 hectáreas, en su gran mayoría suscritos por los ayuntamientos. Por lo tanto, todavía queda pendiente alcanzar algún tipo de convenio en una superficie estimada de unas 97.902 hectáreas.

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La opción de vender los cotos a otro particular está descartada, porque tras la prohibición de la caza han pasado a no valer nada y encontrar a un comprador es una misión prácticamente imposible. "En el momento en que le quitas la caza, ese terreno no vale para nada", apunta Caballero, tras explicar que son zonas muy pobres desde el punto de vista agrícola.

No obstante, aunque los propietarios no consigan vender los terrenos, los más perjudicados son los trabajadores que han perdido su empleo. Para Caballero, se trata de un impedimento más para el desarrollo de las pequeñas poblaciones que han cuidado de forma autónoma las zonas rurales desde hace décadas, permitiendo que España tenga una superficie natural mucho mayor que la del resto de países europeos. "Los pueblos en zonas protegidas pierden mucha más población que los que no están en zonas protegidas", lamenta este experto. "Es la gran tragedia del campo español", concluye.

"En el momento en que le quitas la caza, ese terreno no vale para nada"

Desde la Fundación Artemisan, han propuesto al Gobierno diferentes alternativas, como la aprobación de una prórroga a la moratoria que permita formalizar los acuerdos necesarios. También han puesto sobre la mesa una reforma legislativa, de manera que no se establezca la prohibición en los parques nacionales donde la caza haya sido una actividad tradicional y no perjudique el espacio protegido. Por el momento, estas propuestas no han obtenido respuesta.

En el ámbito parlamentario, el Partido Popular presentó el 4 de diciembre —un día antes de que la normativa entrase en vigor— una proposición de ley en el Congreso para prorrogar durante tres años más la moratoria a la prohibición de cazar y pescar de manera recreativa y deportiva. Además, instó al Gobierno a que "cumpla con sus obligaciones", ya que en la Ley de Parques Nacionales de 2014 se establece que se debía llegar a acuerdos entre los propietarios de fincas y la Administración.