"Los vocales del CGPJ somos okupas. Es una grave anomalía democrática"

Álvaro Cuesta (Oviedo, 1955) es vocal del Consejo General del Poder Judicial. Antes fue abogado y, sobre todo, diputado del PSOE y miembro de su ejecutiva. Sostiene que deben renunciar todos los vocales del CGPJ como gesto para forzar la renovación, que está bloqueada desde hace dos años por el PP. Es partidario de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que limita las competencias del Consejo cuando sobrepasa su mandato, pero critica la iniciativa que pretendía rebajar las mayorías para elegir vocales. Considera una "anomalía democrática" la situación del órgano de Gobierno de los jueces.

PREGUNTA. ¿Cuál es la situación actual del Consejo General del Poder Judicial?

RESPUESTA. Yo estoy muy orgulloso de la gestión de este Consejo. Ha sido muy institucional, a diferencia de otros momentos. No ha sido un circo ni ha habido pluralidad de portavoces y, sobre todo, nos hemos distinguido por unas políticas muy serias y rigurosas. Por ejemplo, hasta hemos recibido premios por la política de transparencia, la política de impulso de la mediación, crear una unidad de apoyo a los jueces para las grandes causas, la política de prevención y salud laboral, que por primera vez hay un plan para la carrera judicial o la política de formación y del Cendoj, que lleva todos los servicios documentales para los jueces.

Hemos trabajado en un clima del que estoy muy orgulloso, porque ha sido muy institucional. Ahora bien, en este momento, sin tener ninguna responsabilidad, nos han situado en el centro de la polémica, hasta tal punto que muchos vocales nos hemos llegado a sentir una cierta suerte de okupas 'ope legis', es decir, okupas por efecto de la ley. Cuando nosotros no hemos creado esta situación. Quienes no renuevan en plazo son las Cámaras en 2018 y de ahí en adelante. Además, en los dos últimos años, por consideración a la coyuntura, no hizo nombramientos en espera y por facilitar el clima de acuerdo político. Y empezó en septiembre a hacer esos nombramientos, que es a lo que yo me opongo, porque ha roto su propia práctica.

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Hay una laguna legal que hay que regular, que es el concepto de Consejo en funciones. Y ahí está la polémica. En el debate del otro día, yo le decía al Consejo que no tiremos por la borda nuestra gestión trayendo a nuestra mesa el debate político. Que los que son responsables del bloqueo pierdan toda esperanza de manipular al Consejo y si para ello hemos de renunciar, renunciemos, porque es la única manera de colocar las instituciones frente a la responsabilidad de cumplir un mandato constitucional. El propio Tribunal Constitucional ha criticado los retrasos en los nombramientos de los altos cargos y, en terminología del tribunal, es una grave anomalía constitucional.

“Es una irresponsabilidad que el PP no quiera renovar el CGPJ”

P. Pero si los partidos no pactan, ¿la falta de nombramientos podría llevar al colapso de la Justicia?

R. En esos nombramientos, la ley siempre prevé soluciones en funciones, es decir, si hay una vacante, ejerce su función el más antiguo, etcétera. Siempre hay mecanismos para evitar ese bloqueo, pero lo cierto es que si el Consejo no nombra, es una manera también de dejar claro a los que tienen la responsabilidad de desbloquear esta situación que los que tienen que hacerlo son ellos. Tiene que haber un marco legal, con el concepto de Consejo en funciones que está citado en el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el sentido de que estableció en el año 2013, por Rajoy, que si una Cámara es capaz de elegir a una parte del Consejo y la otra no, los otros miembros quedan en plenitud de funciones. En la hipótesis de que ninguna sea capaz, dice que el Consejo en funciones no puede elegir presidente. Pues es razonable que se intente tasar y clarificar el concepto de Consejo en funciones o que se diga que, transcurridos seis meses, queda cesado el Consejo, la fórmula depende del legislador.

P. Pero los nombramientos no son solo del sector conservador, sino que participa una parte del progresista, al que usted pertenece.

R. Efectivamente. En el Consejo, para hacer un nombramiento —por ejemplo, de magistrados del Tribunal Supremo o de presidentes de Sala—, se requiere una mayoría cualificada de tres quintos que requiere un planteamiento de negociación en positivo, es decir, que se busquen los méritos y el nivel de coincidencia. Y el Consejo ha venido haciendo una buena política de nombramientos, pero entiendo que, si hemos respetado en 2020 y hemos dejado de hacer nombramientos en espera de la renovación, no me parece bueno hacerlo ahora. He observado en algunos sectores demasiada tentación de traer a la mesa del Consejo lo que es el debate político, del que hasta ahora hemos estado al margen. Por eso, entiendo que si alguien está bloqueando, pensando que va a activar a un sector conservador y así usar el Consejo como estilete contra la acción del Gobierno, deberíamos dar un mensaje de responsabilidad institucional y decir que sea quien sea el que bloquee, que pierda toda esperanza de manipular el Consejo.

P. ¿Hubo petición expresa y directa del Gobierno o el PSOE a los vocales progresistas para que no participaran en los nombramientos?

R. No. Mis tesis las he defendido por mi cuenta y ni siquiera todos los progresistas tenemos el mismo nivel de coincidencia. En mis siete años en el Consejo, no hemos sentido la más mínima presión ni intromisión política, ni los progresistas ni los conservadores.

“Tiene que haber una dimisión masiva de vocales para colocar ante su responsabilidad a quienes bloquean”

P. ¿Qué le parece que el PP no quiera renovar el Consejo?

R. Es una opinión negativa, es una irresponsabilidad en términos constitucionales. Me limito a usar la expresión del Constitucional: la no renovación en plazo de un órgano constitucional es una grave anomalía constitucional.

P. ¿El presidente del Consejo, Carlos Lesmes, podría hacer algo más?

R. Creo que ha hecho las apelaciones como presidente del Consejo y ha expresado públicamente el sentir del Consejo, que es el desagrado a una prórroga que no ha sido buscada por nosotros. Él ha expresado más de ocho veces la voluntad del Consejo a instar a la renovación. Habría que dar un paso más, y esa es mi diferencia: llegados a este punto y habiendo agotado todas las vías, nuestra obligación y contribución a que pacten una solución es una renuncia masiva. Una renuncia aislada no serviría de nada, porque el régimen de adopción de acuerdos establece que con 10 vocales y el presidente el Consejo funciona, entonces, para que quede vaciado en sus funciones, deberían dimitir o renunciar 11 vocales y, si eso ocurriera, automáticamente colocaríamos ante sus propias responsabilidades a quienes tienen que hacer la renovación.

P. ¿Y por qué no dimite usted como primer gesto simbólico?

R. Yo podría perfectamente dimitir, pero no añade nada, porque lo único que hago es disminuir un miembro del Consejo, pero el Consejo puede seguir y encima disminuyo las mayorías reforzadas. Imagine que dimitiéramos los cinco que lo hemos pedido, el Consejo solo necesitaría ocho miembros para constituirse y, si para nombrar a un magistrado del Supremo necesita ahora 13 miembros, el Consejo con 10 puede hacer de su capa un sayo y estaríamos fortaleciendo los intereses del que está bloqueando. Por eso sostengo que seamos todos, para transmitir el mensaje de que pierdan toda esperanza de manipularnos.

“Debemos transmitir el mensaje de que pierdan toda esperanza de manipularnos”

P. Inicialmente, se planteó una reforma legal para rebajar las mayorías. ¿Qué le parece?

R. Voy a ser coherente. Antes de ser vocal, fui abogado, y antes parlamentario de la Comisión de Justicia del Congreso ,y fui uno de los ponentes en 1985 de la vigente ley orgánica y sostuve y defendí la elección parlamentaria de los 20 miembros del Consejo y por tres quintos. Es decir, creo que el actual modelo, convalidado por el Constitucional, es el modelo más pacífico y más acorde con los 35 años de vida del Consejo. Defiendo el actual modelo, que obliga a que los partidos hagan un esfuerzo de negociación, no de cuotas ciegas. Otra cosa, y me parece legítimo, es que el Parlamento matice y regule el concepto de Consejo en funciones.

P. El Consejo ha pedido poder informar sobre esa reforma, ¿está de acuerdo?

R. La manera de informar puede ser de varias formas. Nada impide que en la fase de ponencia de una ley se cite en calidad de expertos a miembros de la carrera judicial o miembros del Consejo, pero en todo caso lo que es un déficit en nuestra ley y habría que mejorar es que no establece una obligación de informar las proposiciones de ley, como sí ocurre con los anteproyectos. Es verdad que el artículo 561 dice que informará “cualquier otra materia que le someta a su consideración el Parlamento”, es decir, que ese informe es potestativo de la propia Cámara, no es un derecho del Consejo.

P. El PP rechaza ahora la elección parlamentaria de los vocales y usted está a favor. ¿Se ha utilizado bien ese sistema por parte de los partidos?

R. Estoy a favor y en general sí se ha usado bien. El problema, a veces, es de personas. Ha habido consejos que tenían juristas estupendos y en algún momento han sido altamente conflictivos desde el punto de vista institucional, por funcionamiento interno o porque asumieron una dinámica de enfrentamiento con otros poderes. Por ejemplo, el Consejo que duró también siete años y no se renovó hasta 2008, durante el periodo entre 2004 y 2008, en algunos momentos se llegó a extralimitar en sus funciones y confrontó innecesariamente con el Gobierno, con una cierta actitud de algunos vocales de ser más políticos que los políticos. Cuando entré en el Consejo, llevaba dos años fuera de la actividad parlamentaria y un magistrado que fue miembro del Consejo me dijo: “Descubrirás que los más políticos no sois los que habéis tenido algún origen político”. Y, efectivamente, en alguna ocasión me he quedado perplejo.

P. Podría decirse que su caso es un ejemplo de cómo los partidos nombran políticos como usted que han estado de la dirección de los partidos. ¿Eso es bueno para el Consejo?

R. Creo que no es malo aprovechar todas las experiencias. El Consejo no es poder judicial, es un órgano de Gobierno que tiene que hacer política judicial, entre otras cosas, crear las condiciones objetivas para el desarrollo de la función judicial, con un aspecto de gestión, y que confluyan distintas culturas es bueno. En mi caso, no es solo la condición de exparlamentario que fue muchos años miembro de la comisión de Justicia y ponente de muchas de las reformas legales, de la arquitectura jurídica del sistema español, también por la experiencia de abogado.

“Es un error que el PP quiera excluir a Unidas Podemos”

P. Y los partidos, lo primero que pactan es el nombre del presidente, pese a que es elección de los vocales y les dan hecho lo que deben votar.

R. A veces es una mala práctica, no es lo mejor de la experiencia del Consejo. Anunciar, como se ha hecho alguna vez, un presidente antes de que ni siquiera el Parlamento haya elegido a quienes forman parte del Consejo no me parece adecuado. En mi experiencia, no había habido un anuncio previo del presidente, hasta tal punto que, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba me llama para decirme que han llegado a un acuerdo y que quieren que forme parte del Consejo, no me dijo en ningún momento a quién había que votar, hasta tal punto que, en la sesión constitutiva, llegó a haber dos candidatos, una mujer y un hombre —se intuía que había una persona que podía ser objeto de consenso, pero sin un planteamiento previo—. Hubo un recurso de una asociación contra el nombramiento de Carlos Lesmes que fue rechazado por la Sala Tercera del Supremo. Yo no recibí instrucción alguna para elegir presidente, en otros consejos, posiblemente sí se deslizó una mala práctica política.

P. Una de las condiciones que pone el PP para no pactar es que Unidas Podemos no proponga vocales. ¿Qué le parece?

R. Me parece que 'a priori', si hay una elección parlamentaria, no podemos excluir en la conformación de esta voluntad a ninguno de los miembros del Parlamento. Porque es un acto en el que interviene un mínimo de tres quintos y a mí la exclusión 'a priori' me parece un error. Otra cosa es que en un proceso de negociación los que tienen mayor representación procuren integrar en el núcleo de la decisión. Tengo un orgullo en que fuimos votados por el 94% del Congreso, lo que no era muy habitual. Solo dejaron de votarnos los que venían de sectores como Bildu y los del partido de Rosa Díez.