Una compra fallida de 19 millones deja a la Guardia Civil sin 1.000 coches de paisano

Un contrato fallido ha dejado a la Guardia Civil sin una dotación de 1.000 coches camuflados. La Dirección General de la Guardia Civil pretendía adquirir en régimen de arrendamiento por un periodo de cuatro años estos vehículos para las unidades de escolta, investigación, información y apoyo. Esta compra era tan importante que tuvo que autorizarse a través del Consejo de Ministros, el 29 de noviembre de 2019, por un valor de 18.852.000 euros.

El contrato se licitó el 21 de septiembre de este año y los 1.000 vehículos se iban a distribuir por 54 comandancias de la Guardia Civil, repartidas por todo el territorio español. Fue fallido porque ninguna empresa presentó su oferta, declarándose el concurso público desierto.

Principalmente, el modelo de coche que iba a predominar era la berlina, ya que, como señala el propio contrato al que ha accedido este medio, es un vehículo con altas prestaciones mecánicas y de seguridad, así como de tamaño, para ser utilizado por unidades dedicadas a la protección de altas personalidades. Este modelo se suele utilizar generalmente en caravanas oficiales, de la Casa Real, Presidencia del Gobierno y autoridades extranjeras, en que las características de vehículos de las comitivas son de altas prestaciones.

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Alejandro Mata

Uno de los requisitos indispensables era que los vehículos tuvieran colores comerciales, los cristales tintados y el sistema de radiocomunicaciones digitales de emergencia del Estado camuflado en la guantera. Las marcas de los coches debían tener una amplia implantación en todo el territorio nacional, para facilitar así su mantenimiento y reparaciones.

Los coches de paisano debían incluir un kit policial escondido, en el que, entre otros elementos, se incluyera la emisora policial Sirdee, una sirena electrónica multitono y unos focos led camuflados de luz azul.

La compra se dividía en siete lotes, uno de los cuales estaba destinado para la adquisición de berlinas híbridas. Ya que, según señala la propia institución, se plantean la utilización de este tipo de vehículos debido a la actual problemática de la crisis climática y la progresiva concienciación en el uso cada vez más restrictivo de los vehículos de combustión.

Además, señalan que de esta forma también podrían cumplir con las condiciones más restrictivas impuestas por los ayuntamientos, "garantizando así la presencia policial en cualquier actuación camuflada".