Injurias por una información ya publicada: el frente judicial de los Franco contra Mediaset

Los responsables del episodio "La herencia de los Franco", emitido por el programa de la cadena Cuatro 'En el punto de mira' el 23 de julio de 2018, explicaron el pasado 3 de diciembre en sede judicial que todo el contenido del espacio estuvo basado en la documentación sobre las propiedades de la familia del dictador que había revelado la revista 'Tiempo' ocho años antes, el 11 de junio de 2010, bajo el título "Los papeles privados de Franco". Todos ellos declararon en calidad de investigados en el marco de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción 39 de Madrid a raíz de la querella interpuesta por los nietos de Francisco Franco, encabezados por Francisco Franco Martínez-Bordiú, que acusa a los productores, periodistas y a la propia Mediaset de injurias por las afirmaciones a su juicio gratuitas que aparecieron en el programa.

En concreto, el pasado jueves, prestaron declaración el presidente de Mediaset, Alejandro Echevarría, en representación de la cadena televisiva, y los periodistas, expertos y productores que participaron en el espacio televisivo Joaquín Giménez Arnau, Raúl López Palomar, Juan Serrano, Lorena Correa, Pablo de Miguel, Juan Carlos González, Carla Sanz, Carlos Roberto Babio, Javier Otero y Mariano Sánchez. Los declarantes explicaron que, con base en la mencionada documentación publicada por 'Tiempo', hicieron un guion audiovisual, localizaron a las fuentes, llamaron a expertos y elaboraron un programa que contaba con la percha de actualidad que aportaba la reciente exhumación de los restos del que fuera jefe del Estado y el conflicto que existía en torno al Pazo de Meirás.

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El presidente de Mediaset, por su parte, explicó que el espacio había sido elaborado por una productora externa, que la cadena tiene la política general de comprobar todas las fuentes y de seguir estrictamente el código deontológico de la profesión periodística, que todo lo que emitió el programa tenía interés público y estaba contrastado y de actualidad. En la misma línea, se posicionaron los demás declarantes, que aseguraron que para elaborar el contenido del espacio acudieron a expertos que tenían o habían tenido algún tipo de relación con el asunto. Ni las defensas ni las acusaciones preguntaron si para realizar el proyecto audiovisual llamaron en algún momento a los aludidos, los Franco, según explican fuentes que presenciaron el interrogatorio.

El hecho de que la documentación sobre la que se basaba todo el programa hubiera sido publicada ocho años antes indica, según las reflexiones de las fuentes que presenciaron la vista, que no tendría sentido una denuncia ahora sobre un contenido que en su momento no fue recurrido por ningún tipo de vía. La revista 'Tiempo' contó en su reportaje original el origen de la fortuna de los Franco, sus documentos privados y la mayor parte de la base con la que se elaboró el actual espacio de Cuatro, según relató la propia directora del programa, que declaró el jueves ante el Juzgado 39.

Un reportaje "sin fundamento", según los Franco

"El reportaje tenía un claro contenido difamatorio y de desprestigio, al recoger afirmaciones, propias y de terceros, que en ningún momento se ajustan a la verdad", contrarrestan, por su parte, los Franco en su querella, que considera que el programa no ofrece "fundamento" ni "información neutral". "Se sostiene en una artificiosa simulación documental de investigación, carente de objetividad e imparcialidad, que se estructura con el fin de ofrecer una imagen negativa y tendenciosa" de la familia, añade el escrito que investiga la magistrada instructora de la causa. El programa, añaden los querellantes, tenía el propósito de "conformar en la opinión pública un clima propicio a los objetivos de descalificación" hacia los Franco, "con la intención de procurar su descrédito personal y la censura de su patrimonio".

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La querella sostiene que el documental hace afirmaciones falsas sobre ese patrimonio, "así como sobre las mercantiles" que se relacionan con él. Pretende transmitir, a su juicio, que es "ilícito" que la familia siga manteniendo determinadas propiedades. "Refiere distintos inmuebles que a lo largo de los años tienen o han podido tener relación de titularidad" con algún miembro de los Franco y sugiere que estos bienes han llegado a sus manos gracias a "actuaciones contrarias a derecho", describe el escrito. "Sin mostrar documento alguno ni testimonio directo que acredite las falsedades (...), el reportaje no duda en constituir como conductor de aquellas invenciones a fingidos perjudicados, que en conveniencia con aquellos fines no dudan en tergiversar la realidad", aseguran los familiares del dictador que ejerció como jefe del Estado español durante 36 años.

Tras la emisión del documental, los Franco remitieron un burofax a Mediaset en el que solicitaban a la cadena que dejara de emitir el programa tanto en abierto como a través de internet, porque entendían que su contenido era falso, estaba manipulado y atentaba contra la reputación de la familia. Avisaban de que el perjuicio sería mayor si no retiraban el espacio y de que interpondrían la mencionada querella en el caso de que el canal hiciera caso omiso a su misiva, como de hecho ocurrió. Los responsables del programa respondieron al burofax con una carta en la que aseguraban que, a su entender, el contenido del reportaje "se ajustaba a los criterios de neutralidad" y rechazaban paralizar la emisión. Los encargados de 'En el punto de mira' invitaron a sus interlocutores a especificar qué aspectos concretos del contenido eran inexactos e incluso se ofrecieron a examinarlos entre ambas partes.

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En la querella, los denunciantes —que ponen en duda la profesionalidad de los periodistas, censurando el procedimiento que utilizan para obtener la información— concretan algunas de esas frases que a su juicio consideran no objetivas. "El apellido Franco les sirvió para hacerse multimillonarios", "una exhumación que sus nietos no quieren pagar", "en este reportaje les vamos a contar cuál es el origen de su fortuna", "durante la guerra y después de una guerra es cuando se hacen las grandes fortunas" o "el dictador dejó a sus herederos palacios, adivinen cómo conseguía apropiárselos", "se les acercaba gente que les proponía chanchullos, ellos los aceptaban, se llevaban comisiones, las bendecían...", "para que el negocio fuera redondo, solo tenían que quitarse de encima a los inquilinos de renta antigua" son algunas de esas frases que los querellantes consideran injuriosas y que mencionan en su denuncia para argumentar la comisión del delito por parte de los investigados.

La querella fue presentada por los nietos del antiguo jefe de Estado y de Gobierno de España el 21 de mayo de 2019, un año después de la emisión del espacio televisivo. Junto al mencionado Francisco Franco Martínez-Bordiú, firmaron el escrito Jaime, María del Mar, Aránzazu, José Cristóbal y María de la O Martínez-Bordiú. La querella fue inadmitida inicialmente por la Justicia, que no consideró en ese primer momento que existieran indicios de la comisión de los delitos de injurias y calumnias. Los familiares del dictador, sin embargo, recurrieron en apelación la decisión. La Audiencia Provincial de Madrid les dio entonces la razón y obligó a la titular del Juzgado 39 de Madrid a abrir diligencias de investigación contra los imputados por los mencionados ilícitos penales. La magistrada abrió la causa por este motivo el pasado 20 de junio. Los querellados estaban citados a declarar el pasado agosto, pero sus citaciones fueron retrasadas y tendrán lugar mañana.