La Generalitat reactivó el comité olímpico catalán para la ruptura con España

El Comité Olímpico Catalán (COC) fue una institución creada antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona que sirvió, en algunos momentos de la 'era Pujol', para presentar el alma más reivindicativa del catalanismo. En el sumario que instruye el juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona la verdadera dimensión del COC adquiere otro tinte: es un instrumento para utilizar en una campaña internacional que serviría para reivindicar el prestigio de Cataluña en el mundo. La Generalitat le proveyó incluso de sede, le prometió financiación y se aseguró su control político con la introducción de cláusulas restrictivas. Se relanzaría, así, como una herramienta política al servicio del independentismo y del ‘procés’.

Según la documentación incautada e incorporada al sumario, el COC es una entidad privada creada en 1989, pero desde 2005 no había tenido ninguna actividad. “En diciembre de 2016, la Secretaría General del Deporte, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) y la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes firmaron un acuerdo para reactivarlo”, explica un argumentario de la Generalitat de entonces.

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En los registros ordenados por el juzgado número 1, apareció abundante documentación sobre el tema. Uno de ellos fue el contrato de reactivación, firmado el 12 de diciembre de 2016 en el cual se estamparon las firmas del secretario general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, Gerard Esteva (presidente de UFEC) y Xavier Vinyals (presidente de la Plataforma Pro Seleccions). El documento llevaba el título de ‘Pacto de candidatura a miembros del comité ejecutivo del COC’. Oficialmente, ese pacto era entre UFEC y la Plataforma Pro Selecciones, pero, sorpresivamente, también Gerard Figueras figuraba en él.

La utilización política y partidista de la entidad se refleja claramente en el protocolo de intenciones. El pacto señalaba que “Cataluña vive hoy un proceso político en que sus instituciones trabajan para la transformación del país en un Estado que aspira a ser reconocido por la comunidad internacional”. Y añade que las dos entidades citadas “se han puesto a disposición del Govern de Cataluña y de la Secretaría General del Deporte, que han encomendado al sector la tarea de conseguir un Comité Olímpico de éxito a la altura de sus federaciones, los clubs y los deportistas catalanes”.

Por otro lado, el pertenecer al COC era incompatible con presidir una federación deportiva española. Pero, curiosamente, establecía que el COC como tal desaparecería al día siguiente de que Cataluña fuese independiente y pasaría a ocupar su lugar la UFEC, según se desprende de la documentación incautada.

La Generalitat también se comprometía a “poner gratuitamente a disposición del COC un espacio que actúe como domicilio de la sociedad. Este espacio será el Museo y Centro de Estudios del Deporte Doctor Melcior Colet, en la calle Buenos Aires 56”. En realidad, ese espacio ya estaba siendo ocupado por el COC, pero se lo mantenían “sin perjuicio de que la Generalitat pueda encontrar otro emplazamiento más adecuado a las necesidades de la entidad”.

Una dirección de confianza

De ese modo, crearon una dirección ‘ad hoc’ y de confianza, con candidatura única para controlar el COC a partir de diciembre de 2016, 10 meses antes del previsto referéndum ilegal del 1 de octubre: Gerard Esteva, presidente de la UFEC, sería el presidente del comité, mientras que Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma Pro Seleccions, sería vicepresidente y tesorero. Vinyals fue uno de los detenidos en la operación Voloh el pasado 28 de octubre. A través de su organización, se recibieron fondos públicos que teóricamente debían servir para potenciar el deporte, pero que acabaron financiando actos políticos de apoyo a la independencia.

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Los vocales del COC, según recoge el contrato firmado en 2016, serían representantes de las federaciones alineadas con el independentismo: Patinaje (Ramon Basiana), Baloncesto (Maria Lluís Gol), Voleibol (Maribel Zamora), Corfbol (Francesc Serra), Entidades Excursionistas de Cataluña (Jordi Merino) y Federación Catalana de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual (Francesc Martínez de Foix), además de Pere Sust, Enric Ballesteros y María José Bilbao. El comité incorporaba con voz, pero sin voto a Ignasi Doñate, uno de los abogados de referencia que tenía la organización Terra Lliure en los años setenta y ochenta del pasado siglo. La candidatura, evidentemente, no tenía a nadie de la Administración, pero estaba “avalada” por la Generalitat.

Sust, exentrenador de baloncesto, fue el creador de la Liga Catalana y fue miembro del COE y del Consejo Superior de Deportes, además de integrar el comité organizador de los JJOO de Barcelona 92. Durante una época, fue secretario general de Deportes de la Generalitat y mantuvo cargos en el INEFC, el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat o el Circuito de Cataluña. Enric Ballesteros es un exsubmarinista de unos 90 años que presidió la Asociación de Pesca Submarina entre 1965 y 1967, organizando además el campeonato mundial en Cadaqués en 1973. De 1985 a 1999, fue presidente de la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas, y de 1996 a 2008, formó parte de la junta directiva de la UFEC.

Control político

No obstante, la Generalitat se aseguraba su control al introducir una cláusula en la que especificaba que “la realización de cualquier acción del COC con trascendencia externa requerirá el acuerdo previo del comité ejecutivo y un informe favorable emitido por la Secretaría General del Deporte que evalúe las consecuencias legales de la actuación propuesta con especial atención al contenido y efectos de la sentencia 503/2005 de la Audiencia Provincial de Barcelona”.

Esa sentencia dictaminaba que el COC había realizado un acto de competencia desleal hacia el Comité Olímpico Español (COE) “por la utilización indebida de la denominación ‘Comité Olímpico’ en la promoción de la Primera Conferencia Internacional de Países Deportivos”. Señalaba la sentencia que “la deslealtad reside en el error que provoca o puede provocar en el consumidor la falsedad o inexactitud de las indicaciones”, ya que el comité olímpico catalán que se quería ‘vender’ desde Cataluña no era oficial ni estaba reconocido por los organismos internacionales. En síntesis, se denunció que el comité catalán se apropiaba de una denominación solo reservada al COE. A partir de esa sentencia, el COC se mantuvo en letargo hasta el año 2016.

Figueras se comprometía a dotar al COC “de un convenio de colaboración con la Generalitat"

No obstante, en un anexo, Figueras se comprometía a dotar al COC “de un convenio de colaboración y coordinación con la Generalitat siguiendo las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional respecto a la relación de los comités olímpicos nacionales con los gobiernos de sus respectivos países. Este convenio ha de definir las líneas de actuación de cada organización y la coordinación en aquellos ámbitos comunes de actuación. También ha de servir para garantizar una parte de la financiación del COC”.

En ese anexo también se preveía “una campaña de presentación de Cataluña como país deporte (sic) a instancias deportivas internacionales, comenzando por el COI”. Luego, se extendería esa presentación a otros “organismos administrativos, políticos y sociales internacionales, como partidos políticos de ámbito europeo, gobiernos nacionales o la Comisión Europea”. También preveía instaurar “la figura del embajador del Deporte Catalán” y asegurarse la presencia de un miembro de la UFEC en "todos los congresos internacionales, conferencias y acontecimientos deportivos y sociales de ámbito internacional para dar a conocer Cataluña como país deportivo, la voluntad de contar con un comité nacional propio y establecer relaciones con agentes de otros países".