"Las ideas catastrofistas sobre el fin del castellano o el catalán han sido derrotadas"

La Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación, la octava norma de educación de la democracia, que pasará a la historia como la ley Celaá, superó el jueves el trámite del Congreso con 177 votos de siete partidos. Falta el trámite del Senado y está previsto que entre en vigor en el próximo curso. La ministra de Educación, Isabel Celaá (Bilbao, 1949) defiende la norma y responde a cada una de las principales polémicas. Por ejemplo, sostiene que el castellano no está en peligro porque se elimine el concepto "lengua vehicular" que fue establecido en 2013. Niega totalmente que se vayan a cerrar los colegios de educación especial y, de hecho, responde directamente a quienes, como Bertín Osborne, han asegurado que estos centros tendrán que cerrar: "Le digo que su hijo va a seguir siendo tratado en el centro de educación especial al que asiste". Y atribuye las críticas a las falsedades que se han difundido, como que va a acabar con la educación concertada porque, según explica, lo que se hace es equilibrarla con la pública. En su opinión la ley anterior, la 'ley Wert', es "elitista" y advierte al PP que "es una ley de obligado cumplimiento, y si el PP se muestra insumiso a una ley eso ya son palabras mayores", ante la posibilidad de que los gobiernos autonómicos intenten desactivar la norma.

PREGUNTA. ¿Por qué era necesaria una nueva ley de Educación?

RESPUESTA. Porque la sociedad había evolucionado muchísimo, con cambios que hemos dado en llamar disruptivos, incluso antes de la pandemia, y era necesario tener una escuela que sirviera a la sociedad que actualmente existe, no la que ya no existe. Tenemos un sistema educativo que estaba sirviendo a una sociedad que ya no existía y era necesario corregir los desequilibrios para que toda persona, al margen de sus condicionantes de origen, como los socioeconómicos y otros, llegara a desarrollar al máximo su talento.

P. Pero la llamada 'ley Wert' ni siquiera ha sido desarrollada del todo y no se han podido ver sus resultados.

R. Es que ni siquiera ellos mismos, el PP que la impulsó, pudieron resistir la avalancha de protestas y quejas por los nefastos resultados y consecuencias que estaba teniendo esa ley sobre la educación en términos de reválidas, itinerarios excluyentes, programas de bajo valor educativo… Era una ley absolutamente elitista y no conforme a las necesidades que España ya tenía en el 2013.

"La ley Wert es una ley absolutamente elitista con nefastos resultados y consecuencias"

P. ¿Estamos condenados a que cada Gobierno haga una ley de Educación?

R. El PP tiene claramente una perspectiva muy, muy patrimonialista en relación con el ejercicio del poder. Ni una sola ley de cuño socialista ha sido apoyada por el PP. Ni siquiera la LRU de 1983, pasando por la LODE del 85, la LOGSE del 90, la LOE de 2006…ninguna mereció el respaldo del PP. Y siempre han reaccionado de la misma manera: autoexcluyéndose del debate y, a continuación, con recogidas de firmas o acudiendo a los tribunales.

P. Entre los reproches o acusaciones que se hacen a la ley, la primera es que se dice que se aprueba sin consenso.

R. Pues esta ley nace en su tramitación muy consensuada. El jueves mismo lo decía la CEAPA, que he de recordar que es la representación más extensa que tenemos de padres y madres de familia, que había sido una tramitación muy consensuada. Ellos habían trabajado una a una las 500 enmiendas en el Consejo Escolar del Estado y, desde luego, nosotros somos conscientes de que esta ley ha salido con el respaldo de siete fuerzas políticas y se han incorporado más de 300 enmiendas. Si hacemos una comparativa con la LOMCE, esta salió en solitario, con el único respaldo del PP y apenas se acogieron 30 enmiendas. Por tanto, creo que queda claro quién es capaz de dialogar y quién no. Dicho esto me gustaría que el PP y lo que representa la derecha hoy hubiera sido capaz de entrar en el debate educativo, pero ha preferido mantenerse al margen para protestar contra la ley y esto es lo que me parece muy inaceptable.

P. ¿Se ha negociado con el PP y con los sectores educativos?

R. Se ha negociado y se ha hablado con todas las personas y asociaciones, más de 50 representaciones de organismos, asociaciones, fundaciones representativas de la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto y de distinta ideología. Y nos hemos acercado al PP ya desde el año 2018. Primero dijeron que sí, que iban a hablar, pero la práctica ha sido que ni siquiera han aceptado una de las enmiendas transaccionales que se les ha ofrecido.

"La nueva ley equilibra la educación pública y la concertada, pero la concertada no debe temer"

P. Se dice que la ley ataca o daña a la educación concertada.

R. Eso no es así. El título cuarto de la LODE se mantiene absolutamente intacto. Lo que hace la ley es corregir los desequilibrios y excesos que los siete años pasados se han ido incorporando a la práctica a través de la LOMCE y que ha permitido que hoy, por ejemplo, tengamos una gran diferencia entre cómo se ha tratado a la pública en términos de construcción de infraestructuras, de gasto por alumno… en relación a la concertada. Pero esta no es una ley cuyo impulso es incorporar un gran debate sobre la diferencia entre la pública y la concertada, no es ese su objetivo. De facto, la ley claramente afirma que la prestación del servicio público se realiza a través de los centros públicos y a través de los centros públicos concertados. Por tanto, es acogedora de todo lo que significa la red de centros y en varias ocasiones la ley afirma que la programación de la red de centros se hace a través de los centros autorizados, públicos y concertados. ¿Qué hace la ley? Corregir desequilibrios que se han producido a lo largo de estos siete años, pero la concertada no debe temer. Sé que se le han ido comunicando estos días horrores y falsedades, pero por esta ley ningún profesor de centro concertado perderá su puesto de trabajo. Por esta ley, no.

P. Entonces, ¿por qué la protesta de los centros concertados?

R. Porque realmente hasta ahora había una carrera en la llamada demanda social, lo que era un error desde nuestro punto de vista porque la educación es un derecho y no una mercancía y no tiene que actuar con criterios de demanda sino con criterios de programación. Y, además, no llegamos a comprender que el afirmar que las administraciones públicas tengan el deber de incrementar progresivamente los puestos escolares pueda sentirse como amenaza por parte de los centros concertados. No sé qué comprensión del concepto de libertad puede ser ese. Pensamos en la libertad en términos de libertad para todos, no privilegio para algunos.

P. Estos días se están produciendo ya protestas en colegios concertados con participación de los alumnos a los que se les leen manifiestos contra la ley.

R. Es una cuestión que nos preocupa, que la campaña o la discrepancia política se haya incorporado al interior de los centros educativos. Es legítimo mantener diferencias, pero ahí tienen otras posibilidades que pueden utilizar, pero los centros educativos son sagrados y todo aquel que pretenda que su ideología sea prevalente en el interior de un centro está utilizando e implicando a menores para que tengan una convicción semejante a aquel que la predica, a esto se le llama… bueno, no quiero decir cómo se le llama, está muy cerca del adoctrinamiento.

P. Otra de las acusaciones: con la ley tendrán que cerrar los colegios de educación especial.

R. Esto es falso. En la disposición adicional cuarta lo dice con claridad. El mandato que la ley da al Gobierno es que en el plazo de 10 años aporte los recursos necesarios a centros ordinarios para que traten a las personas con discapacidad y es increíble que pueda sentirse como una amenaza para los centros de educación especial. Además, la ley les otorga otra función que es la de ser centros de apoyo y referencia porque tienen acumulado un patrimonio en términos de conocimiento que ha de servir también para asesorar al resto de la red. Centros ordinarios decimos, es decir, centros públicos y centros ordinarios privados y los centros de educación especial, además, podrán seguir escolarizando a alumnos con discapacidad especial.

"Se han ido comunicando horrores y falsedades sobre una ley que busca corregir desequilibrios"

P. ¿Garantiza que pasados esos 10 años esos colegios especiales se mantengan y sus padres van a poder elegir que sus hijos vayan a esos colegios especiales?

R. Al cabo de 10 años esos colegios especiales seguirán existiendo. Con esa doble condición: podrán escolarizar a los niños especiales como dice la ley y además serán centros de referencia y apoyo. Y, además, incorpora otra garantía o cautela: la necesidad de que en esa decisión, que ha de servir al interés superior del menor, las familias sean preceptivamente oídas. Sobre este tema, España tiene condenas importantes de la ONU, de la Comisión de Personas con Discapacidad, por no tener los recursos suficientes en centros ordinarios para hacer el tratamiento con personas con discapacidad. Por tanto, tenemos un deber desde luego político y moral para atender la dotación de esos recursos que es lo que dice la ley.

P. Asociaciones relacionadas con estos niños y estos colegios especiales se quejan de que no se les ha consultado.

R. Esto no es así, porque hemos consultado a todas las asociaciones, entre ellas a CERMI o Inclusiva, si. Especial también. Yo sé que hay preocupación, nosotros entendemos la preocupación de padres de niños con discapacidad y la ley garantiza que van a seguir siendo tratados como las familias deseen que sean tratados.

P. Le insisto con un ejemplo: ayer Bertín Osborne hizo público un vídeo en el que hablaba de su hijo, dependiente total, y denunciaba que con la ley va a dejar de ser atendido porque tendrá que dejar el colegio especial en el que está, ¿qué le puede decir?

R. Le digo que eso no va a ser como dice. Le digo que su hijo va a seguir siendo tratado en el centro de educación especial al que asiste.

"Pensamos en la libertad en términos de libertad para todos, no privilegio para algunos"

P. Otra polémica: la ley elimina el castellano en la educación en comunidades con lengua propia.

R. Es otra falsedad. No es así. Difícilmente en la legislación educativa podremos encontrar una disposición tan garantista como la disposición adicional 38. Lo que dice con total rotundidad es que las administraciones educativas garantizarán el derecho de todos los alumnos y alumnas a recibir enseñanza en castellano y en la lengua cooficial, conforme a lo establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía. Decir conforme a la Constitución quiere decir que todo el artículo 3 se incorpora de manera automática. Pero dice más la disposición 38: al final de la enseñanza básica, a los 16 años, todos los niños y niñas tendrán dominio pleno y equivalente en ambas lenguas cooficiales y además los centros educativos tienen la obligación de compensar con medidas este conocimiento. Por tanto, hemos de esperar que, como hasta ahora, los alumnos y alumnas consigan el desarrollo de esas destrezas lingüísticas como, por cierto, se viene consiguiendo desde hace más de 30 años. Las lenguas han coexistido con algunas refriegas entre ellas, pero el objetivo se ha cumplido. He de decir que el término vehicular realmente no había aparecido en la legislación educativa hasta el año 2013 y, sin embargo, el castellano ha sido vehicular siempre a lo largo de la historia. La vehicularidad de las lenguas no está en entredicho, las lenguas son vehiculares por su propia condición, en sentido amplio, porque son herramienta de comunicación, y en sentido estricto. Si estamos hablando desde una perspectiva como transmisoras de materias es una cuestión que tenemos que desarrollar si queremos garantizar las destrezas que nos exigen.

P. A efectos prácticos: en un colegio de Cataluña, ¿qué cambiará respecto al castellano cuando entre en vigor la ley?

R. La ley tiene que tener su desarrollo. En ese colegio de Cataluña lo que vemos son los resultados de los alumnos y cuando van a hacer la selectividad su nota media es igual o superior al resto de los alumnos de las otras comunidades. Lo cierto es que esas ideas catastrofistas de algunos sobre que disminuirá la calidad del castellano o por el otro lado que desaparecerá la lengua cooficial se han visto derrotadas con el transcurso del tiempo. Ninguna de las dos es cierta, ninguna de las dos se ha hecho verdad. Ni en Cataluña ha sufrido el castellano ni desde luego ha desaparecido la lengua cooficial. Estamos viviendo sociedades abiertas y el 'input' que reciben los alumnos es inmenso. Estamos hablando del castellano que es patrimonio de 580 millones de personas en el globo, que reciben los alumnos por internet, por películas… y en inglés también. Los alumnos son ahora más multilingües de lo que eran hace un tiempo. No hay grandes dificultades, pero atenderemos también que el castellano siga siendo lengua de estudio y de cultura.

"Nos preocupa que la campaña o la discrepancia política se haya incorporado a los colegios"

P. ¿Un padre o una madre en Cataluña que quiera que su hijo estudie en castellano, puede hacerlo?

R. Eso lo tiene que proveer la comunidad, las administraciones públicas, pero claro que puede y podrá.

P. Y, si es así, ¿por qué ERC tenía tanto interés en esta enmienda?

R. Creo que ERC quiere obviamente que su Estatuto o la ley de Educación catalana se vea reflejada, pero con esta ley en Cataluña se sabe que hay que garantizar la enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales. La comunidad catalana ya habló el año 2018 de manera muy explícita de la necesidad de compensar las lenguas según la zona fuera más castellanohablante o más catalanohablante; por lo tanto, ellos tienen en cuenta y saben perfectamente que estamos hablando de educación, no de dogmas ni de sectarismo ni de esencias. Hemos llevado el centro de gravedad al desarrollo de la competencia, porque hablamos de la perspectiva educativa y no desde las esencias, porque si entramos en un debate existencialista lo único que haremos será tocar los sentimientos de pertenencia y ese es el riesgo de llevar las lenguas a la controversia política, por eso nos estamos centrando en competencias educativas.

"La ley garantiza que los niños con discapacidad van a seguir siendo tratados como las familias deseen que sean tratados"

P. ¿Qué le parece que la Real Academia de la Lengua haya hecho una nota a favor del castellano a propósito de su ley?

R. Están en su derecho y la recibo con respeto. Su competencia es limpiar, fijar y dar esplendor, y estoy encantada de que la RAE mida la calidad de nuestro castellano, revise lo que haya que revisar, pero esta es una competencia que corresponde al legislativo.

P. ¿Se elimina la religión de los colegios?

R. No se elimina la religión de los colegios, de hecho, algunos no han apoyado la ley por esto y, por tanto, no puede ser una cosa y la contraria. La religión se mantiene en los colegios exactamente igual, en los términos que dicen los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado, por tanto, es una cuestión de política exterior que respetamos. La religión es obligatoria para los centros y de asunción voluntaria para los alumnos. Hemos de hablar de religiones, no de religión, y el planteamiento no es que sirva para la nota media, ni para obtener una beca, ni para la nota de selectividad.

"Le digo (a Bertín Osborne) que su hijo va a seguir siendo tratado en el centro de educación especial al que actualmente asiste"

P. Otra acusación es que se adoctrinará a los niños con la asignatura de educación en valores.

R. En absoluto. Esto si que es una 'boutade' absoluta. Hace muchos años ya que la UNESCO mandató a los Estados a educar en la cohesión ciudadana, en la ciudadanía, y recientemente, en 2015, los Estados de la UE adoptaron la decisión de trabajar en valores cívicos y valores para estudiar los derechos humanos, los valores constitucionales, la cultura de la paz, lo que significa la igualdad entre hombres y mujeres, la educación en desarrollo sostenible, la educación para la salud y también la ética como parte de la filosofía que nos forja el carácter y nos enseña a diferenciar lo correcto y lo incorrecto. Este será el contenido de valores cívicos y éticos que todo el mundo tendrá que recibir.

P. Otra: se agudizan las diferencias entre comunidades al darles más margen a los gobiernos autonómicos.

R. Se les da exactamente el mismo margen de decisión a todas y naturalmente ya trabajaban conforme a las peculiaridades de cada una. Exactamente tienen la misma posibilidad de ejercicio, dentro del respeto a su manera de dirigirse. Van a tener que gestionar la mayor inversión que conlleva este proyecto, porque en dos años tenemos que llegar al 5% del PIB y hemos predicado con el ejemplo porque para el año 2021 tenemos un incremento de casi el 139%.

"Es una falsedad decir que la ley elimina el castellano de la educación en Cataluña"

P. Se dice que se desincentiva el esfuerzo porque se puede pasar de curso con suspensos.

R. Esta es una equivocación absoluta. Es verdad que estamos en una transición cultural, nos encontramos con una tradición muy arraigada en España pensando que la calidad solo se mide con el número de suspensos y esto es rotundamente falso. La calidad de un centro se certifica por su capacidad para elevar expectativas en los alumnos. Algo pasa en el sistema educativo español cuando nuestro índice de abandono escolar temprano es siete puntos superior a la media europea y no vamos a pensar por eso que nuestro alumnos se esfuerzan menos o son más lentos o menos inteligentes.

Por lo tanto, tendremos que pensar en que algo estamos haciendo de manera diferente al resto de Europa y esto está ya diagnosticado y tenemos evidencia científica de la OCDE que nos dice que efectivamente cogiendo dos niños con un perfil muy igual en un momento determinado de su ciclo educativo, si uno repite y a otro lo promocionamos de curso, al que ha pasado al cabo de un año lo encontramos en una situación cognitiva y emocional muy superior que al que le hemos hecho repetir. No es una opinión al aire, sino certificada por la OCDE. De una manera bastante habitual, cuando un alumno recibe unos cuantos suspensos y se le manda repetir de manera automática hemos de pensar que merece otro tratamiento. No quiere decir que hagamos desaparecer la repetición de manera definitiva, porque la repetición es un procedimiento más, no es el único procedimiento.

El procedimiento es la identificación en ese alumno de las carencias que pueda tener para reforzarlas y hacerle promocionar. El objetivo de la educación es que los alumnos promocionen, somos promotores de talento y todo el mundo puede aprender y lo peor que puede tener la escuela es que los alumnos salgan con la autoestima por el suelo y piensen que no pueden seguir aprendiendo en la vida. Los demás países llegan a incorporar aprendizajes esenciales a los alumnos que van promocionando e incrementando año a año. La media de repeticiones de la OCDE es del 11% y la nuestra el 28% y por eso hay que actuar sobre el sistema con metodología diferente.

P. Pero podría pensarse que en lugar de atajarse las causas de las repeticiones se eliminan la repeticiones mismas para mejorar la estadística.

R. No, no hacemos eso. Vamos a las causas de las repeticiones porque vamos a reforzar esas carencias del alumno identificándolas y la ley busca una enseñanza personalizada, con la filosofía de desarrollar el talento de todos y a esto lo llamas equidad y excelencia. Hay que hacer que todo el mundo llegue a su máximo y por eso se prevén refuerzos extraordinarios en algunos y, además, que el alumno sea evaluado por el elenco que le conoce y le ha visto trabajar todo un curso, con una evaluación colegiada que vea si está preparado para ser promocionado de curso o no. Para eso, el número de repeticiones se reduce a dos, una en Primaria y otra en Secundaria, lo que exige más al sistema para que el profesorado actúe colegiadamente sobre el alumno para compensar las carencias.

"Es una ley de obligado cumplimiento, y si el Partido Popular se muestra insumiso a una ley, eso ya son palabras mayores"

P. ¿Teme el recurso al Tribunal Constitucional?

R. No. Sinceramente, no.

P. ¿Teme que el PP pueda desactivar la ley en las comunidades en las que gobierna?

R. Espero que no, es una ley orgánica de obligado cumplimiento. Si el PP se muestra insumiso a una ley, eso ya son palabras mayores.