El juez de Tsunami investiga una licencia firmada por Industria en plena alarma

La operación de la Guardia Civil contra un grupo de empresarios relacionados con Tsunami Democràtic y presuntamente implicados en el desvío de fondos públicos a la estructura de Carles Puigdemont en Bélgica tiene una derivada que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez. Agentes de la sección de Policía Judicial del instituto armado se personaron este miércoles en la sede del Ministerio de Industria en Madrid para requerir un expediente supuestamente manipulado para favorecer a una empresa del sector de la automoción, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a las pesquisas.

Los hechos habrían tenido lugar en pleno estado de alarma por la primera ola del coronavirus. El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona investiga ahora si la titular de Industria, la socialista Reyes Maroto, y otros altos cargos de su ministerio participaron en este supuesto episodio de la llamada operación Voloh, que abarca una larga lista de operaciones supuestamente irregulares protagonizadas por el llamado frente empresarial del 'procés'.

En concreto, los investigadores detectaron el pasado abril una conversación telefónica entre uno de los principales cabecillas de esta red, el exdirigiente de CiU David Madí, y un directivo de un banco nacional de su absoluta confianza en la que ambos comentaron unas supuestas maniobras para conseguir que el Consejo de Ministros agilizara la autorización de una inversión extranjera en Bergè Auto, el gigante español de la distribución de coches.

El diálogo tenía como trasfondo las restricciones que había aprobado el Gobierno el pasado 31 de marzo (Real Decreto Ley 11/2020) para evitar que empresas foráneas aprovecharan la delicada situación que estaban atravesando las compañías nacionales, como consecuencia de la pandemia, para comprarlas a precio de saldo. Cualquier operación de este tipo que implicara una inyección superior a un millón de euros requería a partir de ese día la validación expresa del Consejo de Ministros, previa aprobación de la cartera correspondiente.

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La medida generó un cuello de botella en las inversiones extranjeras. Decenas de operaciones quedaron congeladas a la espera del visto bueno del Gobierno, entre ellas, la que parecía interesar a Madí: la entrada de la multinacional japonesa Mitsubishi Corporation en el accionariado de Bergè Auto. En diciembre de 2019, se anunció que la firma nipona iba a entrar en el capital de la española —que facturó un año antes 2.950 millones de euros— haciéndose con el control del 24,9% de su capital. El desembolso rondaba los 200 millones de euros.

El movimiento respondía a dos años de negociaciones amistosas. Sin embargo, no se cerró finalmente hasta cuatro meses después, cuando España ya estaba inmersa en los peores momentos de la primera ola del coronavirus. Para entonces, la entrada de Mitsubishi en Bergè Auto se topó con las limitaciones a la inversión extranjera aprobadas por Moncloa y el expediente tuvo que ponerse a la cola del Ministerio de Industria.

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Pero la espera de Bergè no duró mucho, según la conversación intervenida por la Guardia Civil. Madí y su interlocutor comentaron que habían hecho “malabarismos” para agilizar la tramitación del expediente saltándose el resto de operaciones que estaban a la espera de firma. Según los investigados, habían logrado que “la ministra mirara un poco para otro lado” y que “el que firmara fuera su secretario”. Además, para evitar que esta supuesta irregularidad trascendiera, el ministerio pidió que no se anunciara en ningún sitio que ya se había formalizado la entrada de Mitsubishi en Bergè Auto.

El Ministerio de Industria emitió un comunicado este jueves en el que admite que la Guardia Civil les entregó un requerimiento del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona solicitándoles el expediente de Mitsubishi y Bergé Auto, pero matizó que la operación de la compañía japonesa no afectaba a sectores estratégicos y, por tanto, no requería la aprobación del Consejo de Ministros, aunque sí exigía que fuera notificada al Registro de Inversiones. El departamento de Maroto negó cualquier irregularidad.

Lo cierto es que, tras la noticia publicada en diciembre, no volvió a publicarse nada sobre esa alianza. Los agentes del instituto armado se llevaron una copia del expediente para analizarlo en detalle. En el procedimiento, se investigan posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. El caso del Ministerio de Industria sería una excepción. La red actuaba fundamentalmente en Cataluña, aprovechando sus buenas relacionas con dirigentes de JxCAT y ERC.

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Entre las investigaciones abiertas, se encuentra la recalificación supuestamente irregular en el municipio de Cabrera de Mar (Barcelona) de terrenos de la finca Villa Bugatti, propiedad del exdirigente de ERC Xavier Vendrell, otro de los grandes implicados en el desvío de fondos a Bélgica. Vendrell había logrado una modificación del uso del suelo que duplicaba el valor de su parcela y le permitía además construir un colegio concertado. Además de Vendrell, también fueron detenidos este miércoles el alcalde de la localidad, Jordi Mir, de JxCAT, y el concejal de Urbanismo, Enric Mir, de ERC.

Otras líneas del caso afectan a las consejerías de Educación y Sanidad del Gobierno de la Generalitat, que habrían amañado concursos para favorecer igualmente a este grupo de empresarios.