Casado ve "insostenible" la situación de Illa: "Hubo motivos políticos" para cerrar Madrid

El líder del PP, Pablo Casado, considera que tras la decisión del TSJM de tumbar el cierre de Madrid, la situación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, “es insostenible”. “Había una motivación política y partidista y arremetió contra una comunidad autónoma” que ya contaba con el aval de los jueces de Madrid “lanzando un mensaje de miedo y temor que nunca debió hacerse”. El jefe de la oposición se refería a que el TSJM sí avaló el plan de Madrid de confinamientos selectivos por zonas básicas de salud (llegó a afectar a 45), mientras que ha tumbado la orden del Ministerio por entender que afecta a derechos fundamentales los ciudadanos, no solo madrileños, sino del conjunto de España.

Casado, que participó en la Asamblea General de la Empresa Familiar este jueves, pidió que la “deslealtad institucional” no vuelva a producirse, e insistió en que ahora toca “dar tranquilidad y certidumbre” con “criterios científicos y haciendo caso a los médicos”. En ese sentido, el PP, que ya defendió hace días la gestión de Isabel Díaz Ayuso sin titubeos, recordó que las medidas empleadas por el Gobierno regional de Madrid “permitieron reducir un 40% los contagios y la presión en las UCI”, mientras que el “cierre total que tanto afectaría a la economía y que tan discriminatorio les parecía a algunos ha tenido que venir un tribunal a decir que no era la mejor idea”.

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Con todo Casado vivió a insistir en “tender la mano” para crear un marco jurídico seguro y que las decisiones no dependan de los jueces. Desde que se levantó el estado de alarma cualquier restricción a la movilidad (que afecta a un derecho fundamental) un juez debe autorizar cualquier medida de este tipo. Antes recaían en lo jueces de lo contencioso y, precisamente, para tratar de unificar esa cuestión y que no dependiente del juez de guardia de turno, el Gobierno impulsó una reforma (también solicitada por el PP) y que fueran los tribunales superiores de justicia de las comunidades los que tomaran la decisión final cuando un gobierno regional fuera el que impulsaba restricciones.

El PP lleva meses insistiendo en un plan b jurídico, una opción intermedia entre el estado de alarma (por entender que se trata de una herramienta completamente extraordinaria) y la situación actual que depende de los jueces. En concreto, insistía en que actualmente hay tres leyes en la legislación ordinaria que permiten al Gobierno mantener el mando sanitario único (la ley general de salud pública de 1986, la ley general de Sanidad y la ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud), mientras que existen tres normativas que también permiten limitar la movilidad (ley de seguridad nacional, ley del sistema nacional de protección civil, y la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública).

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Por otra parte, y si el Gobierno consideraba que este marco legal no era suficiente, el PP proponía también otra reforma tomando como regencia el reglamento sanitario internacional de 2005 en materia epidemiológica que fue ratificado en sentencia por el TEDH. Supondría la modificación del artículo 3 de la citada ley de salud pública de 1986, que habilita de un modo genérico al Ejecutivo para “tomar las medidas que sean necesarias” en una situación de pandemia como la actual. Los populares proponen introducir “acciones preventivas” y que se adopte, por ejemplo, la “posibilidad de sometimiento a cuarentena, el aislamiento cuando así proceda y la localización de contactos si hay sospecha de que han estado con infectados”. También se permitiría limitar el movimiento en zonas de mayor incidencia y siempre atendiendo a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

El PP respaldó las dos primera prórrogas del estado de alarma y cuando anunció que se abstendría porque no compartía continuar utilizando esta herramienta presentó este plan b jurídico para que la posible reforma legal estuviera lista en verano. El Gobierno ni la contempló.