Torra reclama continuar en su cargo hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional

Quim Torra ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para tratar de paralizar los efectos prácticos de la decisión adoptada esta semana por el Tribunal Supremo, que confirmó su condena de inhabilitación de un año y medio provocando su salida de la presidencia de la Generalitat. En un recurso de súplica, el 'president' reclama dejar sin efecto el auto de ejecución de la condena en tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la solicitud de suspensión de los efectos de la sentencia.

Además, Torra señala un efecto de forma e indica que declara la firmeza de la sentencia del Supremo cuando no le corresponde hacerlo en lugar de la de su propia resolución. Es decir, ha abierto la ejecutoria sobre la sentencia del TS cuando la que tenía que ejecutar es la suya. Indica así que "siendo evidente que la ejecución acordada se ha hecho prescindiendo manifiestamente de lo previsto en la ley" se proceda a su suspensión inmediata.

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Por todo ello reclama que quede provisionalmente sin efecto lo acordado solo unas horas después de la decisión del TS. El pasado lunes, solo dos horas después de la decisión del alto tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró efectiva la inhabilitación desde ese mismo día, una vez rechazado el recurso que el hasta ahora 'president' había interpuesto ante el Tribunal Supremo.

En un auto, los magistrados del tribunal catalán consideraban efectiva desde este mismo lunes su incapacidad para ejercer cargo público. "Dada la naturaleza y alcance de la pena de inhabilitación especial impuesta en esta sentencia firme, para el ejercicio de cargos públicos electivos y para el desempeño de funciones de gobierno por tiempo de un año y seis meses, procederá a hacer efectiva, desde el día de hoy, la inhabilitación del MHP de la Generalitat de Cataluña en el cargo de gobierno que actualmente desempeña", indicaban.

El decreto que debe dictar el Govern tendrá que ser publicado y se notificará al Parlament de Cataluña.

A lo largo de seis páginas que representan un punto y final, el TSJ establecía que además de comunicar la decisión al secretario del Govern de la Generalitat de Cataluña, se dirija un oficio al honorable 'vicepresident' del Govern de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, "a fin de que resulte activada la sustitución interina". El decreto que debe dictar el Govern tendrá que ser publicado y se notificará al Parlament de Cataluña.

"Asimismo, puesto que quien desempeña el cargo de gobierno afectado por la pena, de 'president' de la Generalitat de Cataluña, es elegido por el Parlament de Cataluña de entre sus miembros y tiene la representación ordinaria del Estado en Cataluña, se pondrá esta resolución también en conocimiento tanto del 'molt honorable president' del Parlament de Cataluña y de la delegada del Gobierno en Cataluña, acompañando en todos los casos testimonio de la sentencia recaída en firme", agregaba.

La parte dispositiva no podía ser más contundente. El TSJ ordenaba que se requiriera el abandono de cargo de forma personal "a fin de que se abstenga del ejercer o llevar a cabo actuaciones propias de los empleos y cargos públicos para los que ha sido inhabilitado, en particular del cargo de 'president' de la Generalitat, así como de obtener el mismo u otros análogos durante el tiempo de la condena". También establecía que se le deben solicitar los 30.000 euros de la multa impuesta, con la advertencia de se acudirá a la vía de apremio "antes de hacer cumplir la responsabilidad personal subsidiaria impuesta para caso de impago".