Torra pide al Constitucional que suspenda su condena

Todo en la condena de Quim Torra va rápido. El hasta ayer presidente de la Generalitat ha registrado a primera hora de esta mañana un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que solicita, como medida cautelar urgente, que se suspenda la pena de inhabilitación "para evitar el grave daño irreparable que al propio recurrente y a terceros provocaría la ejecución de la referida sentencia".

En un extenso escrito de más de 400 páginas al que ha tenido acceso El Confidencial, su defensa esgrime varios precedentes del TC, en particular dos decisiones de 1995 (sobre un senador del PSOE) y 2004, en las que "en supuestos análogos se avala la suspensión cautelar de los efectos de una pena de inhabilitación especial de estas características", tanto cuando se trata de una pena principal como accesoria. Incluye la pandemia como argumento y dice que en este momento "particularmente incierto" sobre la evolución en un futuro inmediato del covid lo "hace si cabe más lesivo y desproporcionado el derrocamiento del Gobierno de la Generalitat".

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Asegura, además, que en su caso, la suspensión de los efectos de la pena de inhabilitación impuesta no lesionan los derechos fundamentales o libertades de terceras personas. "De hecho, en este caso, se da la circunstancia opuesta: es la ejecución de la pena de inhabilitación impuesta la que ocasiona una perturbación particularmente grave, diríase que sin precedentes, a un interés constitucionalmente protegido, como es el principio democrático, así como a los derechos fundamentales o libertades de terceras personas".

La suspensión se reclama hasta que el alto tribunal falle sobre el fondo de su recurso de amparo. La decisión adoptada se apoya en parte en un informe de los servicios jurídicos del Parlament de Cataluña, adelantado por 'Vozpopuli', en el que apuntan como opción para esquivar la condena que el TC acuerde la suspensión si estima que la sentencia produce un perjuicio que pueda hacer perder al amparo su finalidad.

Contra la mayoría de los pronósticos que apuntaban a un cierto 'atrincheramiento' de Quim Torra en su cargo si el Tribunal Supremo avalaba su inhabilitación, los planes del expresidente son otros. Su intención es apurar lo más rápido posible la vía de recursos en España y coger un atajo para impugnar ante la Justicia europea la sentencia que le descabalgó en poco más de dos horas del puesto al que llegó casi por accidente en 2018, cuando Puigdemont le designó su sucesor.

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Dos años después, Torra recibió a las cuatro y media de la tarde el auto en el que se le notificaba que la prohibición para ejercer cargos públicos tenía efectos inmediatos. En un escrito inusitadamente veloz, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cerraba todas las vías de escape y evidenciaba con su rapidez y precisión de disposiciones un temor no muy oculto a una nueva desobediencia. El TSJ ordenó entregar en mano y en su despacho al 'president' la orden que le obligaba a dejar su puesto. Informaba también al 'vicepresident', Pere Aragonès, y al presidente del Parlament, Roger Torrent, de lo decidido y se recordaba que además de dejar libre el sillón del Palau, debe 30.000 euros y debe abonarlos rápido.

Ni siquiera este ritmo electrolatino en la ejecución de la sentencia que el Supremo había notificado a la una de la tarde alteró los planes del 'expresident': aceptarlo, asumirlo y pelear fuera de España. Fuentes de su entorno aseguran a El Confidencial que renunciará a la última baza de discusión ante el Supremo, el incidente de nulidad, y acudirá directamente al Tribunal Constitucional. También aseguran con ironía que si el TC inadmite, acelerará los tiempos y dejará franca la vía al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

Aunque las facetas del recurso serán múltiples, reiterará la falta de imparcialidad que ha atribuido en distintos escritos a los magistrados de las instancias que fueron conociendo el caso que arrancó como un desafío a la Junta Electoral Central y ha acabado en un destierro de año y medio de la política y en un empujón a unas elecciones anticipadas que se daban por seguras ya hace meses.

Su discurso de despedida fue eso, un mitin preelectoral. "Las elecciones tienen que ser un nuevo plebiscito y un nuevo mandato que confirmen el referéndum del 1 de octubre", dijo. Pidió una "ruptura democrática, pacífica y desobediente". Y dejó claro que no abandonará ni se resignará. "Aún menos acepto esta sentencia, que quiere derrocar el Govern de Cataluña", indicó. La "respuesta en Europa" llegará, dijo. "Y ganaremos".