Interior expedienta a siete funcionarios de prisiones por la paliza al preso de Estremera

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha abierto expediente disciplinario a siete funcionarios de prisiones de la cárcel de Estremera por haber propinado presuntamente una paliza a un interno el pasado 7 de septiembre, como adelantó El Confidencial. Así lo han confirmado fuentes del departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz, que se han limitado a señalar que esperan aclarar todo lo sucedido gracias a esta investigación interna y a la que puso en marcha, a instancias de Instituciones Penitenciarias, un juzgado de Arganda del Rey, partido judicial al que pertenece la prisión donde tuvieron lugar los hechos.

Otras fuentes consultadas por este diario explican que la investigación comenzó después de que un médico del centro descubriera por la mañana del 8 de septiembre que el preso en cuestión, que había pasado la noche en aislamiento por un supuesto incidente protagonizado la tarde anterior, había amanecido con moratones por todo el cuerpo. El parte firmado por tres funcionarios de prisiones explicaba que el recluso se había rebelado contra la autoridad, que gratuitamente había golpeado la cabina de los vigilantes, que había pegado puñetazos a cristales y había proferidos gritos.

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El mismo documento, que describe la actuación de los funcionarios, relata cómo los empleados públicos, ante la violencia del preso, se abalanzan sobre él, lo llevan a la celda de cacheos, donde no hay cámaras de vídeo, y ahí lo reducen. Un facultativo, de hecho, corroboraría esa versión, dado que tras la sujeción mecánica del reo, lo reconoció y observa que apenas tiene unos arañazos sin importancia. El hecho de que al día siguiente el otro médico descubriera los mencionados cardenales por tronco, piernas, brazos y cabeza hizo pensar a los investigadores de la prisión que el interno fue sacudido por la noche.

Este extremo, sin embargo, no parece estar del todo claro. Los responsables de las diligencias tienen elementos para dudar de esta historia. Los moratones, por un lado, pueden tardar horas en aparecer tras una agresión. Las declaraciones de los tres funcionarios que firmaron el parte, por otra parte, explican las fuentes consultadas, apuntan a la implicación en la agresión de otros cuatro compañeros y a que la presunta somanta de palos pudo ser en la misma celda de los cacheos poco después de que se produjera la detención del interno. La investigación está abierta en este punto y tanto los responsables de las pesquisas por vía administrativa como el juzgado de Arganda barajan todas las posibilidades.

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El rastreo de las cámaras de videovigilancia podrá arrojar luz sobre estas incógnitas, ya que estas revelarán el recorrido de los funcionarios aquella noche, las horas a las que pasaron por cada sitio y el tiempo que estuvieron en la celda, extremos que permitirán conocer más sobre lo que pasó aquella noche entre los muros del módulo 2 de Estremera. De momento, los siete funcionarios siguen trabajando, ya que al haber un procedimiento judicial abierto la administración penitenciaria tiene que estar a lo que indique el juzgado.

Las mismas fuentes apuntan a que, además de los delitos vinculados directamente con la agresión, los implicados podrían haber incurrido en un ilícito de falsedad documental en el caso de que el juzgado demostrase que el parte de los tres empleados públicos firmantes relata mentiras o esconde a otros implicados. De momento, Instituciones Penitenciarias ha remitido toda la documentación al juzgado, que será quien determine los próximos movimientos. En la prisión, por otro lado, se viven estos días con mucho nerviosismo entre los empleados y los reclusos.

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Esta pasada semana el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa visitó Estremera en el marco de un viaje que sus miembros están realizando por un grupo de prisiones y de sedes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por toda España. El director del centro penitenciario dio cuenta a los componentes de la delegación de la paliza que había sufrido el recluso del módulo 2 así como de todos los incidentes regimentales que habían tenido lugar en la instalación en los últimos meses. Estremera es una de las prisiones que registra más incidentes del país.

El propio Defensor del Pueblo recogió en su último informe anual, remitido el pasado mayo a las Cortes Generales, varias de las denuncias por malos tratos protagonizados por funcionarios de esta prisión que le habían llegado al tiempo que pidió a las autoridades acabar con esos "espacios de impunidad" que a su juicio aún quedan en las cárceles españolas. Francisco Fernández Marugán realizó una visita a la instalación denominada técnicamente Madrid VII, donde residen 1.800 internos e internas, junto a representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y se entrevistó con reclusos que aseguraban haber sufrido torturas y vejaciones entre rejas. En 2019 hubo 130 denuncias por malos tratos en el conjunto de las prisiones españolas entre una población reclusa que supera las 50.000 personas. De esas 130, 113 fueron archivadas por vía administrativa o judicial.