Los funcionarios de prisiones, indignados con la Fiscalía belga: "Aquí no se tortura"

El cuestionario que la Fiscalía belga ha trasladado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela antes de decidir sobre la entrega del 'expresident' Carles Puigdemont a España ha levantado ampollas entre los funcionarios de prisiones. Ayer, poco después de conocerse la noticia, el WhatsApp de los empleados públicos que trabajan en las cárceles ardía. No entendían que un país europeo pusiera en duda "uno de los sistemas penitenciarios más avanzados del mundo", como subraya también el presidente del sector prisiones del sindicato CSIF, Adolfo Fernández. "Aquí no se tortura", insiste el representante sindical, que recuerda el nivel de instalaciones y personal cualificado con que cuentan los centros.

"La mayoría de los profesionales que trabajan en prisiones tienen una e incluso dos carreras; están enormemente cualificados y tienen los resortes adecuados para evitar que los reclusos tengan secuelas físicas o psíquicas cuando abandonan la cárcel", añade Fernández, quien recuerda también que la ley contempla mecanismos como la Inspección Penitenciaria, los jueces de vigilancia o los directivos para evitar incidencias. "Los centros, además, tienen cámaras" y ante la mínima sospecha se levantan informaciones reservadas, añade. Entre los profesionales, asegura, "hay juristas, facultativos, médicos, psicólogos, educadores, personal de vigilancia y un largo etcétera" de personal cualificado.

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La Fiscalía belga preguntó a la magistrada cuál sería el tamaño de la celda en la que estaría encerrado Puigdemont en caso de que concedieran la extradición, si la comida que recibiría iba a ser "suficiente" y "de calidad", si las autoridades españolas cumplían con los requisitos sanitarios y de higiene e incluso si el Ministerio del Interior cumplía los convenios de derechos humanos. La jueza Lamela remitió el cuestionario al departamento dirigido por Juan Ignacio Zoido, que contestó inmediatamente que los presos tienen una habitación de 11 metros cuadrados, que comen tres veces al día, que tienen todo tipo de instalaciones para recreo y ocio, que disponen de atención sanitaria y que Puigdemont podría solicitar incluso un habitáculo individual.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que fue el organismo que contestó al requerimiento de la Fiscalía belga, hizo especial hincapié en su respuesta en dejar claro que España cumple escrupulosamente con los convenios europeos e internacionales de derechos humanos y mostró su sorpresa ante el hecho de que el ministerio público extranjero sospechara sobre la bondad de las cárceles de nuestro país cuando Puigdemont ha sido presidente de Cataluña y esa comunidad autónoma está regida por las mismas leyes que el resto del país en materia penitenciaria.

Ese tono de sospecha en relación al trato que reciben los presos ha sido lo que más ha indignado a los funcionarios de prisiones. "Ningún funcionario de prisiones hace más de tres décadas ha sido condenado por torturas físicas en España", sentencia el dirigente sindical, que asegura que a día de hoy ni siquiera conoce denuncia alguna por este ilícito en los centros penitenciarios del país. El ministro Zoido, por su parte, aseguró ayer durante un acto con las víctimas del terrorismo que "nadie" va a dar a España "ninguna lección a este respecto". Interior incluso hizo público un informe que publicó ayer mismo el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que señala que las cárceles españolas cumplen con los requisitos comunitarios, que todos los centros ofrecen a los internos una gran variedad de actividades, algunas hasta remuneradas, que tienen espacio en sus celdas y que los funcionarios respetan a los reclusos y sus horarios de visitas.

Fernández insiste no solo en la calidad de las instalaciones materiales, un aspecto en el que para más inri la cárcel de Estremera es un referente, ya que incluso cuenta con una amplia piscina, gimnasio y todo tipo de comodidades que ya quisieran muchos países desarrollados. El responsable de CSIF destaca el trato humano que reciben los reclusos en España. "El personal de vigilancia, por ejemplo, carece de mecanismos represivos; no disponen de porra ni de 'spray' ni de esposas con los que reducir a los presos en caso de revuelta", apunta.

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Además, señala el dirigente sindical, aquí los reclusos cuentan con muchas más horas de patio que los reos de Bélgica y pueden hacer uso de "departamentos ocupacionales y terapéuticos" que no existen siquiera en el resto de Europa. Fernández apunta modelos pioneros en el mundo, como los módulos de respeto, en los que los propios presos (que están ahí porque han demostrado un buen comportamiento continuado en el tiempo) se organizan entre sí: se dividen las tareas de limpieza y de orden del módulo y se encargan de otras actividades.

A estas últimas zonas solo pueden acceder los internos que son capaces de convivir con educación, que respetan unas mínimas normas de higiene y que en definitiva se encuentran en un nivel de trato humano elevado. No en vano, ellos mismos se corrigen si ven que alguno no está cumpliendo con lo que exige estar en un módulo de este tipo, se reúnen habitualmente con el educador o mantienen una estrecha relación con el personal de vigilancia, dado que demuestran diariamente que casi no requieren ser controlados.