Un juez investiga palizas en el módulo de aislamiento de la prisión de Estremera
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Un juez investiga palizas en el módulo de aislamiento de la prisión de Estremera

El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa toma nota durante su visita al centro, uno de los que más denuncias de internos registra por malos tratos

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Exterior de la cárcel de Estremera. (J. C.)

Un juez de la localidad madrileña de Arganda del Rey investiga desde mediados de septiembre la presunta paliza protagonizada por un funcionario de prisiones del centro penitenciario de Estremera a un recluso que se encontraba en el módulo de aislamiento. Según ha podido saber El Confidencial, el interno había ingresado en la celda de castigo ola noche anterior por haberse involucrado en un incidente. Accedió con apenas un rasguño fruto del forcejo que había tenido. Sin embargo, a la mañana siguiente apareció "con moratontes por todo el cuerpo". Fue entonces cuando el director de la prisión remitió un escrito con el parte de lesiones al juzgado, que abrió una investigación.

Así se lo transmitió recientemente el propio responsable del centro a los miembros del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa que estos días han visitado Estremera. Los responsables del organismo llevan varias jornadas de visita por las instituciones penitenciarias y diferentes sedes de las fuerzas de seguridad para ver qué se está haciendo para evitar malos tratos en estos contextos y rastrear qué casos se están produciendo. En este contexto, el director de Estremera le trasladó el caso mencionado, que no ha sido el único que ha tenido lugar en la mencionada prisión, una de las que registran más denuncias del país. Tan solo en cuatro instalaciones hay más quejas por este tema y coinciden con prisiones que albergan principalmente a presos en primer grado, los más peligrosos.

Foto: Exterior de la cárcel de Estremera. (J. C.)

No en vano el Defensor del Pueblo recogió en su último informe anual, remitido el pasado mayo a las Cortes Generales, varias de estas reclamaciones por casos de malos tratos protagonizados por funcionarios de esta prisión al tiempo que pidió acabar con esos "espacios de impunidad" que a su juicio aún quedan en las cárceles españolas. Francisco Fernández Marugán realizó una visita a la instalación denominada técnicamente Madrid VII, donde residen 1.800 internos e internas, junto a representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con el fin de entrevistarse con reclusos que aseguraban haber sufrido torturas entre rejas.

La prisión, según destacó el Defensor del Pueblo en su informe, "acumula un cierto número de quejas por actuaciones incorrectas de funcionarios que pudieran encuadrarse bajo el epígrafe de malos tratos, lo que suscita preocupación, tanto por la persistencia de estas quejas como por la existencia de situaciones y prácticas administrativas que dificultan la necesaria verificación del fundamento de las mismas mediante la realización de las indagaciones oportunas". El departamento dirigido por Fernández Marugán criticó en ese contexto al centro por permitir el consumo de alcohol a los funcionarios y no exigirles que portasen las tarjetas de identificación en todo momento, como estipula la ley.

La investigación por la paliza sufrida por un interno que dirige un juzgado de Arganda se circunscribe exclusivamente a un episodio concreto. Las pesquisas, sin embargo, se enfocan una gran parte del servicio de guardia, en el que trabaja un grupo de funcionarios. De momento, según fuentes penitenciarias, se desconoce si en la agresión intervino uno o varios empleados públicos, de ahí que las diligencias estén secretas y traten de determinar tanto la identidad del o de los asaltantes como las circunstancias en las que se produjo el ataque violento, que tiene claras consecuencias penales.

Foto: Cárcel de Mansilla de las Mulas (León). (EFE)

Desde Instituciones Penitenciarias se limitan a confirmar que hace unos días, a mediados de septiembre, dieron traslado a los juzgados de Arganda, término municipal al que pertenece territorialmente la prisión, del episodio que habían detectado. Añaden que las direcciones de las prisiones son las primeras interesadas en detectar esas ovejas negras que aún quedan en algunas cárceles, pero destacan que el número de denuncias que hay hoy por hoy por malos tratos en los centros españoles (130 en 2019) es muy bajo en relación a la elevada población reclusa que existe, que supera las 50.000 personas. De esas 130 denuncias, agregan, 113 se archivaron ya sea en vía administrativa o en vía penal.

La conflictividad penitenciaria durante los últimos años no ha tenido como protagonista único esos supuestos malos tratos, que en España alcanzan un número muy bajo en relación a otros países, sino también las agresiones que se ha producido en sentido contrario. Los sindicatos han denunciado un sinfín de ataques materializados por reclusos contra los funcionarios de prisiones, como han reflejado los medios de comunicación y como también dejó constancia el propio Defensor del Pueblo en su mencionado informe anual, donde destacó que en 2019 la institución inició "diversas actuaciones de oficio" en distintos centros con el fin de tratar de "reducir esas agresiones" también.

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