Boadilla prepara un cementerio con nichos para fetos abortados

El municipio madrileño de Boadilla del Monte, gobernado con mayoría absoluta por el PP, será el primero de España en contar con nichos individuales y columbarios para neonatos fallecidos y bebés no nacidos en su cementerio. Así lo han confirmado a El Confidencial fuentes oficiales del consistorio, que explican que aún no han terminado las obras, que comenzaron el pasado mayo. "Están a punto de acabar", aseguran desde el ayuntamiento, que prevé acabar la construcción en las próximas semanas con el fin de que la nueva instalación comience a funcionar en octubre. El presupuesto para el pabellón especial para pequeños que murieron en un aborto o bebés fallecidos al poco de nacer estará incluido en una reforma mayor del cementerio que costará 80.000 euros. La obra en cuestión levantará nueve columbarios para restos de fetos o recién nacidos incinerados o mortales, y tendrá la finalidad, según las fuentes municipales consultadas, de ofrecer a las familias solicitantes un espacio "para el duelo y el recuerdo de sus hijos".

La idea surgió, según explica a El Confidencial el alcalde, Javier Úbeda, para "ampliar los servicios que ofrece el consistorio a los vecinos y seguir siendo pioneros en la puesta en marcha de iniciativas que dignifiquen la vida de las personas independientemente de su desarrollo". Cada nicho, añaden desde el ayuntamiento, tendrá un coste de 386,56 euros para las personas que estén empadronadas en el municipio y del doble para el resto de ciudadanos que quieran hacer uso del servicio. Las familias que alquilen uno de estos espacios tendrán la concesión durante 99 años, cuando el resto de tumbas se alquilan por 10 o 50 años. El Gobierno basa su proyecto en una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 2016 que reconoció el derecho de una madre a enterrar a su hijo de 22 semanas de gestación y 362 gramos, a pesar de que este no alcanzaba los 180 días y 500 gramos que exige la ley para inscribirlo en el Registro Civil.

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E.P.

La resolución, publicada en su momento por la prensa, entendió que el derecho de enterramiento de los fetos está contenido en el "derecho a la intimidad familiar". La sala dio la razón a la madre, que fue la que presentó el recurso de amparo ante el alto tribunal tras sufrir dos reveses procesales previos: en un juzgado de Eibar, primero, y en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, después. Según el fallo, la madre decidió abortar tras un diagnóstico médico que apuntaba a la "improbable viabilidad" del feto. Tras hacerlo, pidió al hospital "los restos humanos" con el fin de incinerarlos, pero los responsables del centro se negaron al entender que para ello era necesaria una "licencia judicial de enterramiento-incineración" que no podía concederse a un no nacido tan joven.

"Los fetos de más de 500 gramos o tiempo de gestación superior a 180 días se consideran sujetos a la normativa mortuoria por tratarse de restos humanos de entidad suficiente; los de peso y vida fetal inferior no están sujetos a la normativa mortuoria por considerarse restos quirúrgicos", alegaron los médicos, que rechazaron así la petición de la madre y abocaban al cuerpo del no nacido a la basura al ser considerado residuo quirúrgico. La decisión de los facultativos fue posteriormente confirmada por los mencionados juzgado de Eibar y Audiencia Provincial de Guipúzcoa. El Constitucional, por contra, arguyó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había emitido sentencias que respaldaban el derecho de la recurrente.

Con base en esa doctrina comunitaria, adujo el TC, la petición de la madre de enterrar los restos de su hijo "se incardina en el ámbito del derecho a la intimidad personal y familiar reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución". "Tanto el juzgado como la Audiencia Provincial han derivado de la obligación de inscribir criaturas abortivas de más de 180 días en el Registro Civil la prohibición de inscribir las de menor tiempo, aunque ello suponga que los padres no pueden asistir a la incineración de su hijo nonato en una ceremonia funeral íntima o familiar", analiza la resolución, que concluye, sin embargo, que "de la imposición de un deber de inscripción en el Registro Civil a partir de un determinado tiempo de gestación no cabe deducir la prohibición de entrega para su enterramiento". "La norma no somete el enterramiento o incineración a las exigencias de permiso judicial e inscripción registral, ni impide por sí la anotación de criaturas abortivas de menos de 180 días", sostiene la sentencia, que entiende que las instancias judiciales previas restringieron el derecho de la madre "sin suficiente cobertura legal".

Según la legislación sobre tratamiento de cuerpos mortales, continuó el Constitucional, "el destino final de todo cadáver será uno de los tres siguientes: enterramiento en lugar autorizado, incineración o inmersión en alta mar". "Esta disposición resulta aplicable a los restos humanos de entidad suficiente procedentes de abortos, mutilaciones y operaciones quirúrgicas, sin otro requisito, en el orden sanitario, que el certificado facultativo en que se acredite la causa y procedencia de tales restos", agregó el alto tribunal en una resolución que el Ayuntamiento de Boadilla utiliza ahora para dar amparo legal a una iniciativa pionera en el país que permitirá, por lo tanto, enterrar o incinerar y guardar en columbarios a cuerpos fallecidos desde el momento de la concepción.

Hasta ahora, solo cementerios como el de San Atilano, en Zamora, o el de Torrent, en Valencia, habían emprendido proyectos parecidos. El primer camposanto cuenta desde el pasado junio con una tumba común a la que denominan "rinconcito blanco" para que las familias de la localidad que han perdido a hijos en el momento de la gestación puedan depositar sus restos con dignidad. El segundo habilitó el pasado octubre un pequeño panteón situado en la plaza del cementerio para los cuerpos abortados a modo de fosa común regida por la escultura de un ángel. La diferencia de ambas iniciativas con los nueve columbarios que abrirá el Ayuntamiento de Boadilla radica en que este último contará con nichos individuales para cada feto o neonato de hasta tres meses y no un espacio común para todos los cuerpos.

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Úbeda define la iniciativa como un "gesto" con el que pretende que los vecinos que lo deseen puedan "llorar y rezar de una forma digna a su hijo y que este no sea tratado como un mero residuo médico que acaba en la basura". "No tiene sentido que una familia que sufre un aborto no pueda dar sepultura a su hijo ni se le facilite el duelo con espacios como los que estamos habilitando", reflexiona. "Es un pequeño paso, pero significativo, para lograr que triunfe el respeto a la vida independientemente de las circunstancias de esta", añade el presidente de la corporación municipal, que anuncia a El Confidencial que prevé ampliar a 18 el número de espacios si hay demanda. "Si lo solicitan las familias, tenemos capacidad para abrir más columbarios, y suponemos que lo harán, pues no existe nada similar como servicio público en España".

En la ciudad vietnamita de Hue, un grupo de católicos promovió un cementerio para fetos en 2014 que alberga más de 45.000 cuerpos en cerca de un millar de tumbas. Ninguna de ellas tiene nombre alguno, tan solo un crucifijo en el que aparece la fecha en que fueron enterrados. En Italia, la idea también tiene algo más de arraigo que en España y no precisamente bajo siglas de partidos políticos de derechas. En 2012, el entonces alcalde de Florencia, Matteo Renzi —que dos años después se convirtió en primer ministro del país y la tercera persona más influyente del mundo, según 'Fortune'—, ordenó reservar un lugar en el cementerio de Trespiano para albergar fetos, una decisión que dividió a la formación en la que militaba, la entonces mayoritaria fuerza de centro izquierda Partido Demócrata. Dos meses antes, el primer edil de Roma, Gianni Alemanno, había destinado un jardín en el camposanto de la ciudad para "tumbas de niños nunca nacidos".