De Sáenz de Santamaría a Iglesias y Montero: la Fiscalía cambia de criterio

Los escraches son como un saco donde caben distintos hechos. Con el término, se describe un tipo de manifestación celebrada por un grupo de personas en lugares que pertenecen al ámbito privado de personalidades de relevancia pública, como su domicilio o el sitio donde trabajan. Caceroladas, consignas de rechazo, gritos de protesta... Como sucede con las manifestaciones, en ocasiones estas acciones rebasan el límite de lo permitido para entrar en el delito. Los actos de los activistas pueden derivar en coacciones, acoso o amenazas. Dar el salto de la protesta a la violencia.

Según la Fiscalía, esa diferencia de hechos es la que ha provocado que haya solicitado el archivo de las protestas celebradas desde mayo frente a la vivienda del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra Irene Montero, y que hiciera lo contrario a la hora de pronunciarse sobre otros casos, como la concentración frente al domicilio de Soraya Sáenz de Santamaría, aseguran fuentes del departamento que dirige Dolores Delgado.

Los fiscales de Madrid acaban de oponerse al recurso presentado por Montero contra el archivo de la querella presentada contra una concejala de Vox en Galapagar (Madrid), donde la ministra y Pablo Iglesias tienen su residencia. Como adelantó Colpisa, el Ministerio Público entiende que las protestas continuadas no constituyen delito en este caso, dado que en las imágenes aportadas no se observan comportamientos que alteren la vida de los afectados. No ha habido interacción directa con ellos ni con sus hijos. No se observan signos de violencia, no se han producido destrozos ni desórdenes del orden público.

El comportamiento analizado en este caso concreto es —dicen— "incómodo" pero no delictivo. Los afectados lo consideran, sin embargo, un acoso continuado. La concejala de Vox, que ha sido expulsada, acudió a la vivienda durante un largo periodo de tiempo para exigir que la familia abandone la casa y el país "rumbo a Venezuela" y aseguró de forma pública que "no pararía hasta conseguirlo". Montero declaró ante la jueza que ya ha archivado los hechos que esas continuas protestas le generaron "miedo" aunque, según consideró la magistrada, no pudo después concretar de quéVox manera o en qué medida.

Diferencias

La diferencia en la postura fiscal en otros episodios parecidos —aseguran— radica en esa línea que marca la violencia. La protesta en sí encajaría en el ejercicio de la libertad de expresión si no se adentra en ella, dicen. Por ejemplo, el reciente episodio de tuits amenazantes contra sus hijos (en los mensajes, se decía que serán carne de cañón y les "inflarán a hostias") y el lanzamiento de objetos dentro del recinto de la vivienda no son comparables y revisten, a simple vista, carácter delictivo.

En el caso del escrache celebrado en 2013 frente a la vivienda de Sáenz de Santamaría, la postura de la Fiscalía fue diferente. El Ministerio Público defendió entonces que la protesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca violó el derecho a la intimidad de la política e indicó que la violencia física no es la única forma de violencia. Apreciaba entonces "violencia moral con alcance intimidatorio".

Opinión

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En otros casos, como el del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la Fiscalía abrió diligencias al apreciar acoso. El instructor del 'procés' sufrió durante meses ataques a su domicilio y pintadas y, en el verano de hace unos años, un grupo le esperó a su salida de un restaurante de Palafrugell (Girona) y zarandeó su coche. En aquel caso, los Mossos detuvieron a uno de los participantes por incitación al odio y atentado a la autoridad.