Fin del caso sobre el restaurante Yubari: ni vínculos con la mafia ucraniana ni blanqueo

La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado el archivo de un procedimiento contra una decena de personas que estaban acusadas de pertenecer a la mafia ucraniana y blanquear dinero en España. La causa arrancó tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción que advertía de que el grupo, presuntamente vinculado con el capo ruso Semion Mogilevich, había introducido en territorio nacional al menos 12 millones de euros mediante la compra de todo tipo de inmuebles y la apertura de negocios de apariencia legal, entre ellos, el lujoso restaurante Yubari de Barcelona. Pero la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona ha dictado el sobreseimiento provisional de las actuaciones tras concluir que no hay ningún indicio sobre el carácter delictivo de esas inversiones y que los investigados carecen de antecedentes penales en sus países de origen.

La querella inicial de la Fiscalía provocó que el Juzgado número 21 de Barcelona, encargado del caso, acordara en julio de 2016 la detención de varios de los supuestos implicados y el registro de 16 propiedades relacionadas con ellos. Según el Ministerio Público, por debajo de Mogilevich se situaba el magnate ucraniano del gas Dmitry Firtash, con un patrimonio estimado de 500 millones de dólares, y el industrial de la misma nacionalidad Stepan Chernovetskyi. En un escalón inferior se situaría ya el empresario armenio Arman Mayilyan, afincado en la Ciudad Condal y responsable de Yubari, así como otros supuestos testaferros que movían sobre todo por Cataluña.

La tesis principal de la Fiscalía era que las mafias rusa y ucraniana estaban utilizando masivamente España para introducir en el circuito legal del dinero la fortuna que obtenían en sus países con sus actividades criminales tradicionales. Pero el Juzgado 21 dictaminó el pasado octubre, tras más de cuatro años de diligencias, que no se ha podido acreditar la relación entre los investigados; que gran parte del dinero invertido en España procede de la venta de un banco que la familia Chernovetskyi vendió en 2008 por 591 millones de dólares; que el resto de los fondos procede de otras actividades legales; y que no hay ninguna prueba de que los sospechosos hayan participado o colaborado con anterioridad en operaciones del crimen organizado. Tampoco, que hayan estado en el blanco de las autoridades de sus respectivos países por otras infracciones.

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Roberto R. Ballesteros

El Ministerio Público decidió recurrir el archivo alegando que aún quedaba por llegar comisiones rogatorias de Ucrania y Chipre y que no se había tomado declaración a Firtash, que en la actualidad reside en Austria. Pero la Audiencia Provincial tumbó esos argumentos el pasado 1 de julio en una resolución que ya no puede ser recurrida.

En su auto, los tres magistrados de la Sección Quinta recuerdan que los documentos solicitados a Ucrania ya han sido adelantos por los propios investigados sin aportar ningún hecho relevante para la causa. En cuanto a la comisión de Chipre, añaden que ya fue rechazada por las autoridades de este país por falta de concreción, sin que hayan aparecido elementos que permitan perfeccionar la solicitud.

En lo que respecta a Firtash, representado en España por el despacho Business & Law, la Audiencia Provincial señala que ya se solicitó su entrega a Austria y que las autoridades de este país denegaron igualmente la petición al concluir que los hechos que se le atribuían no estaban suficientemente fundamentados. En concreto, la justicia austriaca consideró que no constaba ningún elemento objetivo que demostrara la relación de Firtash con la supuesta organización criminal ucraniana, ni se especificaba qué dinero había sido lavado por el empresario, ni cuál era el teórico origen ilegal de los fondos bajo sospecha para poder sustentar esa atribución. Además, Firtash, sostienen los magistrados, ya prestó declaración ante notario para negar cualquier conexión con Chernovetskyi, por lo que su interrogatorio, por sí solo, tendría un escaso valor para el procedimiento.

En conjunto, las pesquisas han “arrojado un principio de prueba sólido acerca del origen lícito del dinero”, según el auto de la Audiencia Provincial. “Ningún indicio se extrae de las diligencias practicadas acerca de la implicación delictiva de las personas investigadas o del origen ilícito de los fondos”, expone la resolución.

“En atención a lo expuesto, consideramos que la vía de investigación seguida para el esclarecimiento de los presentes hechos se encuentra agotada y las diligencias pendientes de ser practicadas -o completadas-, o no resultan viables, o no son susceptibles de modificar el fondo de la decisión adoptada, porque no es previsible que de ellas pueda extraerse información nueva o que no se conozca ya a través de otras diligencias obrantes en autos”, resuelven los magistrados, aunque dejando la puerta abierta a que la aparición en el futuro de “información nueva y relevante” permita la reapertura de la causa.