Un juzgado de Barcelona ordena detener al 'zar' ucraniano del gas reclamado por el FBI

El titular del Juzgado número 21 de Barcelona, Ignacio Carlos García Porrero, ha emitido una orden de detención europea contra el empresario gasístico ucraniano Dmitry Firtash, reclamado asimismo por la justicia de Estados Unidos, que le acusa de sobornar a funcionarios indios con el fin de lograr licencias para explotar yacimientos de titanio. El juez ha tomado la decisión en el marco de la denominada operación Variola contra la mafia ucraniana y rusa asentada en la ciudad condal, con la que el industrial —que se ha posicionado claramente también a nivel político en su país— estaría involucrado.

Al menos esta es la sospecha que tiene la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado la emisión de la orden, al entender que el empresario energético está directamente vinculado con la organización criminal, conclusión a la que han llegado los investigadores de la Policía Nacional y del ministerio público tras el análisis de la documentación intervenida en los registros efectuados el pasado 12 de julio en despachos, domicilios y locales de los 11 miembros de la trama detenidos ese día durante la primera fase de la operación Variola.

Firtash fue detenido en Viena el 12 de marzo de 2014 tras ser reclamado por Washington. Pero el Tribunal Penal de la capital austriaca denegó la extradición, al considerar que EEUU ocultaba razones políticas debajo de su solicitud, un argumento que iba en la línea de lo que sostenían los abogados del magnate, quienes arguyeron que la administración de Barack Obama se interesó por Firtash cuando este se convirtió en mediador en las exportaciones de gas ruso y comenzó a controlar gran parte del mercado de titanio al tiempo que apoyaba a candidatos a la presidencia de Ucrania alejados de la política de Washington, como el expresidente Víctor Yanukovich.

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Además de la orden de detención europea contra Firtash, el Juzgado 21 ha reclamado también a otros dos ciudadanos de nacionalidad ucraniana. Tanto a estos dos últimos como al empresario energético los considera Anticorrupción "líderes de la organización" criminal, según explica la fiscalía especializada en un comunicado.

En el mismo contexto, el juez García Porrero también ha ordenado a la Policía Nacional y a los Mossos d'Esquadra la puesta en marcha de la segunda fase de la denominada operación Variola, que ha sido ejecutada esta mañana. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado ha detenido a un grupo de cinco personas en Marbella y Barcelona vinculadas con la trama organizada, especializada en crear sociedades 'offshore' en Panamá para blanquear dinero de origen ilícito. Se trata de "un grupo de colaboradores de segundo nivel que, con su participación y asesoramiento, habrían facilitado conductas de blanqueo a los principales investigados".

Entre los apresados en la Costa del Sol, se encuentra el abogado Antonio de Fortuny y Maynes, detenido ya una vez hace siete años, en abril de 2009, en el marco de la operación Troika, dirigida por el entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, una actuación también impulsada por la Fiscalía Anticorrupción que conllevó el desmantelamiento de la Tambovskaya, la cuarta estructura de crimen organizado más importante del mundo, y la detención de una veintena de personas vinculadas a esta trama.

De Fortuny intentó tragarse un papel cuando fue detenido en 2009 en la operación Troika, y esta hoja le vincula ahora con la mafia asociada a Yurabi

El letrado al que ahora ha vuelto a arrestar la Policía está considerado por Anticorrupción como un especialista en blanqueo de capitales a través de sociedades gestionadas por despachos ubicados en Panamá, delito que la Fiscalía le achaca desde que hace un año presentara su escrito de acusación en el marco de las diligencias previas 321/06 (operación Troika) instruidas por la Audiencia Nacional, donde el ministerio público le describe como asesor fiscal de la red criminal.

El día en el que la Policía entraba en el bufete de De Fortuny y Maynes para detenerle por primera vez (en 2009) en el marco de Troika, el abogado se metió un papel en la boca y trató de tragárselo ante la atónita mirada de los agentes, que rápidamente se lanzaron sobre él para extraerle el trozo de cuartilla, que ya rozaba su garganta. A pesar de la resistencia, los funcionarios lograron recuperar la hoja y su análisis ha servido ahora a la Fiscalía y a las fuerzas de seguridad para poner en marcha esta segunda fase de la operación Variola, que establece de este modo vínculos con Troika.

Además de De Fortuny, la Policía ha detenido a su hijo —también abogado— en la propia Marbella y a tres personas más en varias localidades de Barcelona, a quienes Anticorrupción achaca los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Entre estos últimos, se encuentran otra letrada que ejercía de enlace con determinados estamentos de la Administración y dos empleados de banca cuyos nombres no han trascendido. Todos ellos habrían aportado a la trama sus "conocimientos de operaciones económicas internacionales bancarias".

Fortuny estaba considerado uno de los mayores especialistas en asesorar a ciudadanos rusos desde su despacho de la Costa del Sol, a pesar incluso del varapalo sufrido tras su detención en 2009 por orden de Garzón. De Fortuny es miembro de la nobleza catalana y nieto de los fundadores del centenario despacho Abogados Asociados de Fortuny.

La segunda fase de la operación contra la mafia ucraniana y rusa tiene lugar después de que el pasado 12 de julio el juez Porrero ordenara detener a una docena de personas vinculadas con el blanqueo de capitales, entre las que se encontraban el dueño del restaurante Yubari, el empresario armenio Arman Mayilyan, cuyo local habría sido utilizado para ocultar el dinero de procedencia presuntamente ilícita, y Stepan Chernovetsky, hijo del que fuera alcalde de Kiev (Ucrania) Leonid Chernovetsky, considerado el principal cabecilla de la organización. El restaurante Yurabi, cerrado tras la operación, era uno de los más lujosos de la capital catalana y lugar de encuentro de los futbolistas del Barça y la 'jet' de la ciudad condal.

Anticorrupción considera acreditado que los detenidos en la primera y en la segunda fase de la operación constituyen "un entramado empresarial que utilizaba personas interpuestas a través de las cuales se incorporaban capitales de origen ilícito procedentes de otras sociedades, constituidas principalmente en Chipre y las Islas Vírgenes", dinero que "invirtieron en negocios de hostelería y en la compra de bienes inmuebles por valor de 10 millones de euros".