HASTA LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

UP presiona al PSOE para regularizar a los 600.000 'sin papeles' que residen en España

El grupo confederal vuelven a poner sobre la mesa de los socialistas uno de los temas sobre los que han manifestado más diferencias y que supuso ya el primer choque en el Gobierno de coalición

Foto: La portavoz socialista, Adriana Lastra (2i), conversa con el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique (i), en una sesión de la comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica. (EFE)
La portavoz socialista, Adriana Lastra (2i), conversa con el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique (i), en una sesión de la comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica. (EFE)

Unidas Podemos ha trasladado un documento de propuestas al PSOE para regularizar a todos las personas extranjeras que residían en España antes del 14 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, y que calculan en alrededor de 600.000 personas. Asimismo, se abunda en diferentes marcos normativos para que se otorgue la nacionalidad a aquellos extranjeros no comunitarios que realizaron servicios esenciales, según la consideración de estos trabajos recogida en el decreto del estado de alarma.

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No se trata todavía de una iniciativa legislativa, dado que los morados entienden que parten de posiciones políticas diferentes, y primero buscarán llegar a un consenso. El documento remitido en primer a la portavoz de los socialistas, Adriana Lastra, se enviará también al resto de grupos parlamentarios con el objetivo, según el portavoz de Unidas Podemos Pablo Echenique, de abrir un debate y "buscar puntos comunes". Si bien, se han dirigido principalmente a los partidos que conforman el bloque de la investidura.

El grupo confederal vuelven a poner sobre la mesa de los socialistas uno de los temas sobre los que han manifestado más diferencias y que supuso ya el primer choque en el Gobierno de coalición. Se produjo a cuenta de las devoluciones en caliente, con el gabinete que dirige Fernando Grande-Marlaska apostando por endurecer la regulación del asilo, ante lo que el sector morado del Gobierno se plantó exigiendo medidas menos restrictivas. Posiciones opuestas manifestadas a raíz de la sentencia de Estrasburgo, que avalaba las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla.

El documento 'Propuesta de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común para reconocer a los héroes de la COVID-19 como compatriotas y poner fin a la irregularidad de las personas migrantes que han vivido la epidemia con nosotros', justifica que "el marco normativo ya ofrece la posibilidad del reconocimiento de la nacionalidad por carta de naturaleza cuando concurran en los interesados circunstancias excepcionales. Por tanto, bastaría con establecer una regulación con los criterios excepcionales y sometidos a un marco temporal preciso para posibilitar esta opción ya recogida en nuestras leyes".

Desde el grupo confederal se argumenta en el texto que "la actitud de un gobierno progresista comprometido con los derechos humanos y la justicia social debe ser valiente y expeditiva para evitar una situación que generará exclusión social y graves sufrimientos a un sector importante de personas que viven en España. No puede ser que cuando hablamos de 'no dejar a nadie atrás' no incluyamos en dicha máxima a cientos de miles de personas que viven y trabajan con nosotros, en el cuidado de nuestros mayores, en el campo, en condiciones de enorme precariedad por carecer de una autorización administrativa, y que han vivido junto a nosotros la peor epidemia en un siglo en condiciones de mayor zozobra y limitaciones, aún si cabe, que el resto de la sociedad".

Las iniciativas legislativas que se proponen impulsar son, por tanto, dos. La primera se trata de una "concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los extranjeros con algún tipo de autorización para permanecer en territorio español al momento de la declaración de la situación de alarma que hayan desempeñado durante el mismo algunos de los servicios esenciales a los que se refiere el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, con exención de renunciar a su anterior nacionalidad en defecto de convenio de doble nacionalidad". La segunda se divide en "flexibilización de los criterios para la residencia por arraigo", por un lado, y "flexibilización de la normativa de renovación de autorizaciones".

Finalmente, se propone también un refuerzo de los recursos humanos y materiales en los departamentos que se ocupan de este tipo de trámites con el objetivo de llevar a cabo estos procesos extraordinarios.

Pablo Echenique ha defendido que se trata de un gesto "decente, justo y patriótico" esta regularización extraordinaria porque supondría "reconocer a todos esos héroes como compatriotas". Medidas valientes, ha añadido, "para evitar situaciones que generan exclusión social". Asimismo, ha calificado esta iniciativa como necesaria tanto desde el punto de vista sanitario como económico. "Su situación de irregularidad podría poner en riesgo su salud y la del conjunto de la sociedad", mientras que desde el punto de vista económico "la irregularidad le cuesta dinero al Estado, y el paso de irregular a regular permite incorporarse al mercado laboral, incrementar los ingresos por IRPF o las cotizaciones a la seguridad social".

Diferencias en política migratoria

Los choques de Unidas Podemos con el PSOE en política migratoria, especialmente con Grande-Marlaska llevan sucediéndose desde antes de firmarse la coalición de Gobierno. Tras el pacto presupuestario, enfocado como un acuerdo de legislatura, el ministro rescató las devoluciones tibias de inmigrantes a Marruecos y quiso contemporizar con la ley mordaza, lo que generó un distanciamiento entre morados y socialistas. En Podemos, la confianza en Marlaska se hizo prácticamente nula, según reconocían entonces los responsables que negociaron el punto sobre la derogación de la ley mordaza recogida en el pacto, uno de los menos ambiciosos y que quedó más abierto.

Si bien se entendía entonces que había un sector en el PSOE más receptivo, se aseguraba que no coincidía precisamente con el ministro de Interior, que estaría tratando de retrasar los plazos ya entonces para la aplicación del acuerdo, minimizando la posibilidad de modificar el Código Penal y vinculando la supresión de las devoluciones en caliente a lo que dictamine el Tribunal de Estrasburgo. Un dictamen que se produjo precisamente el pasado frebrero y ante el que Marlaska utilizó todo tipo de subterfugios lingüísticos para evitar aclarar si el Gobierno mantendría las devoluciones en caliente o incluso las consideradas 'devoluciones tibias', que suponen la deportación de inmigrantes tras pasar de forma exprés por comisaría y mediante un expediente de expulsión personalizado.

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