La Fiscalía acepta ahora a la investigación sobre si Iglesias destruyó la tarjeta de Dina

La Fiscalía Anticorrupción no recurrirá las últimas diligencias del juez del caso Dina, Manuel García-Castellón, en las que solicitaba un informe a la policía científica sobre quién había destruido la tarjeta micro SD de la exasesora de Pablo Iglesias. Según fuentes jurídicas, Anticorrupción tampoco se opondrá a la petición de una pericial en el Reino Unido en la empresa a la que Dina encargó, sin éxito, recuperar el contenido de la tarjeta que tiene al vicepresidente al borde de una investigación en el Supremo. Hasta ahora, la Fiscalía había recurrido varias decisiones judiciales en este sentido.

La disparidad de criterios entre el titular del juzgado central seis de la Audiencia Nacional y los fiscales del caso Dina, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, ha marcado la instrucción. El juez ha llegado a apuntar su intención de mandar a Iglesias al Supremo por la destrucción de la tarjeta de su exasesora, pero la Fiscalía considera que el perdón de Dina entierra esa posibilidad.

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Las últimas decisiones de García-Castellón fueron pedir un informe a Asuntos Internos sobre la destrucción de la tarjeta del móvil y una pericial a Reino Unido, a la empresa donde la afectada envió el dispositivo a ver si lo reparaban. Esos dos informes son clave porque, de lo investigado hasta ahora, Iglesias recibió la tarjeta en buen estado de manos del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, y se la devolvió a su dueña, Dina Bousselham, entre cinco y 36 meses después y quemada.

El juez ha destacado las inconsistencias de Iglesias y de Bousselham. "Llama la atención comprobar que el señor Iglesias mantuvo la tarjeta en su poder, sin poner, como mínimo, este hecho en conocimiento de la titular de la tarjeta, pese a ser consciente de todo lo anterior, y observar el contenido de la tarjeta, teniendo en cuenta el carácter particularmente degradante y vejatorio que el hecho tenía para Dina Busselham, su compañera de partido, en la medida que la tarjeta almacenaba fotografías, documentos y otros archivos de su esfera más íntima que habían acabado en manos de un medio de comunicación", señaló el magistrado.

Esa petición de informes llega tras retirar a Iglesias la condición de perjudicado en la causa. García-Castellón pide conocer si "Pablo Iglesias Turrión tuvo en su poder la tarjeta de Dina Bousselham antes de que se crearan los archivos hallados en poder de José Manuel Villarejo Pérez", si "Pablo Iglesias Turrión ocultó a Dina Bousselham la posesión de la tarjeta de memoria" y si "Pablo Iglesias Turrión devolvió dañada a Dina Bousselham su tarjeta de memoria".

Según fuentes jurídicas, la Fiscalía no recurrirá esas peticiones de informes. Eso es relevante, porque hasta ahora la Fiscalía se había opuesto a decisiones clave de García-Castellón en esta línea. La Fiscalía, por ejemplo, resaltó en un escrito el 18 de junio que Dina había perdonado a Iglesias: "Ni siquiera puede considerarse que los daños de la tarjeta se produjeran por imprudencia grave, que para constituir delito deberían superar, además, los 80.000 euros, y también sería renunciable la acción penal por la perjudicada".

Los fiscales tampoco veían problema en que Dina e Iglesias compartieran abogada, Marta Flor, que durante la instrucción compartió en el chat de Podemos mensajes que demostraban su sintonía con los fiscales y tener información de la pieza cuando estaba secreta. "Goza del derecho fundamental a elegir letrado de confianza y del derecho a otorgar su perdón expreso", insistían. Señalaron, además, que la propia Dina "niega categóricamente que exista conflicto de intereses" y que utiliza el mencionado escrito exculpatorio para otorgar de forma tácita su perdón. Sin embargo, el juez reclamó que se separaran las defensas porque Iglesias no era perjudicado y el vicepresidente renunció a usar los servicios jurídicos de Marta Flor.

Los que sí han recurrido las últimas decisiones de García-Castellón son Iglesias y Bousselham. El vicepresidente del Gobierno ha ido a la Sala de la Audiencia Nacional contra la decisión de sacarle de la causa y Dina ha recurrido en reforma la orden de que no compartieran abogada.