La Mesa del Parlament, a juicio a finales del mes de julio por el 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado para finales de julio el juicio por desobediencia a los compañeros de Forcadell. La vista se ha fijado para los días 21, 22 y 24 de julio, informan a El Confidencial fuentes jurídicas. El TSJC tenía previsto celebrarlo a partir del pasado noviembre pero la elección de Joan Josep Nuet como diputado alteró las fechas y abrió la posibilidad, al final descartada, de que el Supremo asumiera el procedimiento.

En el banquillo se sentarán los exmiembros soberanistas de la Mesa Lluís Maria Corominas (PdeCAT), Lluís Guinó (PDeCAT), Anna Simó (ERC) y Ramona Barrufet (PDeCAT) además de la exdiputada de la CUP Mireia Boya, para quienes la Fiscalía pide penas de hasta un año y ocho meses de inhabilitación por un delito de desobediencia grave. En cuanto a Nuet, el pasado marzo el TS se declaró competente para juzgarle dada su condición de aforado, aunque no arrastró al resto de acusados a un nuevo juicio en el alto tribunal.

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La causa contra los miembros de la Mesa -iniciada a raíz de varias querellas de la Fiscalía- llegó al TSJC después de que el Tribunal Supremo decidiera desgajarla del proceso contra Forcadell y el resto de líderes independentistas y remitirla al alto tribunal catalán para su enjuiciamiento. Los exvicepresidentes de la Mesa Lluís Maria Corominas y Lluís Guinó, la exsecretaria primera Anna Simó, la exsecretaria cuarta Ramona Barrufet, de JxSí, y Joan Josep Nuet, secretario tercero, entonces de CSQP, están acusados de permitir que la cámara catalana debatiera resoluciones a favor de un referéndum, pese a que el Constitucional les había advertido de su obligación de impedir cualquier iniciativa que supusiera eludir sus mandatos.

Tras la declaración de independencia del 27-S, los miembros de la Mesa de JxCAT y CSQP declararon como investigados ante el Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación, por permitir la tramitación de la ley de referéndum que preveía el 1-O y de la ley de transitoriedad nacional, aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y después suspendidas por el Constitucional. La exdiputada de la CUP Mireia Boya, por su parte, fue imputada por el Supremo en el caso del 'procés' por ser quien presentó, como presidenta de su grupo parlamentario, la proposición de la ley de transitoriedad, que creaba un marco legal alternativo al español para el caso de que el "sí" a la independencia ganara en el 1-O.

'Remember'

Este 'remember' del juicio del 'procés' se celebrará así tras la condena a la presidenta de aquella Mesa, Carme Forcadell. La sentencia le impuso 11 años y 6 meses de prisión por un delito de sedición, pero no de malversación y repasaba lo sucedido en la cámara autonómica. "Las peripecias vividas en sede parlamentaria durante los días 6 y 7 de septiembre y las estrategias urdidas para eludir la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional, le confieren un protagonismo de primer orden", concluía la resolución.

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EFE

El alto tribunal destacaba que en el momento de los hechos, Forcadell era la presidenta del Parlament y que había quedado "manifiestamente acreditado su relevante papel en la elaboración de un cuadro normativo, con aparente valor constitucional, llamado a dar cobertura a un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional". Los magistrados del Supremo señalaban también en la sentencia el papel destacado de Forcadell en "una movilización ciudadana dirigida a hacer visible la pérdida de capacidad jurisdiccional de los órganos judiciales radicados en Cataluña".