El juez propone mandar al banquillo a los hermanos Muñoz y Villarejo por extorsión

El magistrado Manuel García Castellón ha concluido la instrucción de la pieza número 6 del caso Villarejo, en la que se investiga la contratación del comisario por parte de los empresarios Juan y Fernando Muñoz a principios de 2017 para conseguir información de un exsocio que se había declarado insolvente y les había dejado una deuda de 1,5 millones. En su auto, de 11 páginas, el juez propone mandar al banquillo por extorsión y revelación de secretos a 14 personas, entre las que se encuentran los hermanos Muñoz, el comisario, su hijo y su abogado Rafael Redondo.

García Castellón apunta a que Villarejo, con la colaboración de varios de miembros de su entramado empresarial denominado Grupo Cenyt, proporcionó a los hermanos Muñoz diversa información sensible y de acceso restringido a cambio de 20.000 euros, precio que se abonó en efectivo y sin dejar ningún rastro documental. El objetivo de esa contratación ilícita era localizar activos patrimoniales del exsocio investigado, a la par que obtener " debilidades" de la otra parte, como medida de presión para forzar al socio y a su abogado, Francisco Javier de Urquía, a aceptar condiciones o acuerdos económicos favorables para los Muñoz.

TE PUEDE INTERESAR

Detienen al empresario Juan Muñoz por contratar a Villarejo para cobrar una deuda

EC

Para obtener esta información sensible, Jose Manuel Villarejo, su hijo y su abogado Rafael Redondo se valieron de los servicios de una detective y de funcionarios de policía que realizaron accesos ilegítimos a bases de datos policiales: "Iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives, constatándose que Jose Manuel Villarejo y Rafael Redondo ofertaron a sus clientes un servicio dirigido a solventar una situación de crisis que incluía la obtención, de forma ilegal, de informaciones de carácter reservado y confidencial", explica el magistrado.

A lo largo de la instrucción, quedó claro que ni siquiera los jueces se libraban de ser espiados por Villarejo. En la pieza consta un informe policial que explica una maniobra del policía para chantajear en 2006 a Urquía cuando este ejercía como magistrado en Marbella. Los investigadores sospechan que Villarejo lo hizo en connivencia con el traficante de armas Monzer al Kassar, al que supuestamente le interesaba tener el vídeo en el que "el CNI le grabó farlopeando [a Urquía]". El propio Villarejo describió con estas palabras el contenido de la grabación al empresario Juan Muñoz en 2017, conversación que fue intervenida por la Policía Nacional.

TE PUEDE INTERESAR

"El CNI lo grabó farlopeando": Villarejo espió al juez Urquía para chantajearle con un vídeo

Pablo Gabilondo

"Por parte de los responsables del Grupo Cenyt [Villarejo] se ofertó a los clientes del Proyecto Thew-Pintor (hermanos Muñoz, quienes actuaron asesorados por los letrados ya identificados) una comprometedora grabación de vídeo efectuada años atrás", explica el informe. Urquía, sin embargo, negó en septiembre haber sufrido chantaje alguno con esta grabación en su declaración ante la Audiencia Nacional.

El informe menciona un encuentro de Villarejo con los hermanos Muñoz en febrero de 2017, cita en la que el comisario habla de esta grabación: "No le interesa a él salir en algún medio o en YouTube con unas periquitas y pegándose un tirito, ¿eh?", aseguró a sus clientes. "Él estuvo de juez en Marbella y cometió un error importante... Y es que empezó a coquetear con los moros de allí, moros duros... Sirios y tal, y se dedicó a putear a uno y a otro y a cobrarles a todos, y claro, el CNI lo grabó farlopeando y yo me voy a volver a hacer con esa grabación que creo que la puedo localizar". A lo largo de la conversación, el propio Juan Muñoz dejaba clara la idea de chantajear a Urquía al hablar de "debilitar a esa parte" y de que "esos marrones a él lo pueden matar definitivamente".

En el auto de esta semana, García Castellón destaca que en los registros efectuados a los investigados se hallaron "dos copias de aquella videograbación efectuada en los baños de un establecimiento público de Marbella, en las que aparecía el letrado Francisco Javier de Urquía Peña consumiendo cocaína". A la vista de esta cinta con la que se pretendía poner contra las cuerdas al abogado y, teniendo en cuenta la información sensible que obtuvieron de bases policiales, el magistrado procesa ahora a los 14 investigados por extorsión y revelación de secretos. Las acusaciones disponen ahora de diez días para formular sus escritos solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.