Diligencias del Ministerio Público

La Fiscalía investiga los criterios de acceso a las UCI en varios hospitales de Madrid

Se dirige a centros médicos para solicitar a su gerencia información sobre "la edad y patología" de los pacientes y el uso de respiradores

Foto: Una de las residencias donde se produjeron muertos. (EFE)
Una de las residencias donde se produjeron muertos. (EFE)

La Fiscalía Provincial de Madrid ha comenzado a recabar datos en varios hospitales para investigar qué criterios se siguieron en los centros sanitarios durante los momentos más duros del covid-19 para determinar el acceso a las UCI de los contagiados. En un breve escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, la teniente fiscal, Marisa Luisa Ruesta, se dirige a unos de ellos, el hospital de la Princesa para solicitar a su gerencia información sobre "la edad y patología" de los pacientes a los que se atendió. En la comunicación también se menciona el uso de respiradores.

La solicitud se enmarca en unas diligencias de investigación penal abiertas por el Ministerio Público en la Comunidad. Las pesquisas se encuentran en su primera fase y en este momento no se puede determinar si derivarán en la solicitud de apertura de un procedimiento o no, informan fuentes fiscales. Son unas más de las casi 200 que los fiscales han abierto en toda España.

Según los últimos datos, la Fiscalía ha iniciado más de 170 diligencias de investigación penal por la situación en residencias de ancianos durante la pandemia de coronavirus, de las cuales la mayoría están en la Comunidad de Madrid, con 80, seguida de Cataluña, con más de 30. Al mismo tiempo, el número de casos ya judicializados se ha elevado a 22. Así consta en la actualización del listado que, desde hace varias semanas, elabora la Fiscalía General del Estado con respecto al seguimiento de la situación de los mayores o de personas con discapacidad y, particularmente, de quienes viven en centros y residencias en el actual contexto de pandemia por covid-19.

Como ha adelantado la Cadena Ser, responden a denuncias presentadas por asociaciones como El Defensor de El Paciente, que denunció ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz de Ayuso, por la presunta comisión de un delito de omisión del deber del socorro y homicidios imprudentes por dar órdenes a los hospitales madrileños para que no aceptaran ancianos procedentes de residencias.

En una entrevista concedida a El Mundo, Ayuso negó que se hubiera producido una crisis en las residencias y achacó el gran número de fallecidos al hecho de que el virus "se ceba con la tercera edad". Reconoció, no obstante, que en los hospitales se aplicaron criterios técnicos y sanitarios de criba. "Si te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado", dijo.

Según los datos actualizados el pasado 12 de mayo, 4.706 ancianos "con síntomas compatibles de covid-19" han muerto en las residencias de Madrid. A ellos hay que sumar los 1.180 fallecidos con PCR confirmado. En total, desde el 8 de marzo, 5.886 residentes fallecidos a los que en lo más duro de la pandemia de coronavirus se condenó a intentar sobrevivir, en muchas ocasiones, fuera de los hospitales.

Un documento desvelado por El Confidencial retrató uno de esos casos. "Ante la situación de saturación actual, y por indicación de dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital", aparecía inscrito en un parte de alta de Urgencias por el que se devolvió a su centro asistencial a una mujer menor de 80 años que presentaba "neumonía bilateral" y "probable covid-19 (pendiente PCR)", según se especifica en el "juicio clínico" del mismo documento. La paciente fallecía tres días después en su residencia tras no ser ingresada en el Hospital Infanta Cristina, de Parla (Madrid).

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