La Guardia Civil ordena rastrear redes para detectar convocatorias de caceroladas

Durante los últimos días, en varios barrios de Madrid y en algunas poblaciones de la comunidad autónoma ha surgido un movimiento espontáneo para protestar contra el Gobierno, no solo desde los balcones sino también en las calles. El barrio de Salamanca ha sido el núcleo inicial que más ha aparecido en los medios de comunicación, pero la iniciativa se ha extendido como la espuma a la práctica totalidad de las zonas de la capital y del resto de la región, e incluso ha saltado a otros puntos de España. Durante la pasada semana, la Delegación del Gobierno envió un grupo de agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), conocidas como los antidisturbios, con el fin de disuadir a los manifestantes.

La decisión política, sin embargo, no tuvo el efecto deseado, al menos no a nivel global. Aquel día, la Delegación del Gobierno logró reducir la presencia en las calles Núñez de Balboa y aledañas, pero la contención duró apenas esa jornada y se limitó al mencionado barrio de Salamanca. El movimiento parecía imparable y estaba descontrolado, lo que generó notable preocupación entre los dirigentes del Gobierno e incluso entre los propios policías, que algunos acusaban de estar al servicio de intereses políticos al tratar de coartar el derecho de protesta.

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En este contexto, la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid ha ordenado a todos los puestos del instituto armado en la comunidad autónoma que pongan a sus agentes a trabajar para detectar futuros movimientos similares que puedan ponerse en marcha en las poblaciones que tienen asignadas. Así lo refleja el correo electrónico al que ha tenido acceso El Confidencial remitido por el coronel jefe interino de operaciones de la mencionada comandancia a todos los responsables de puestos más pequeños.

"Con motivo de los hechos que se vienen desarrollando últimamente en las calles y espacios públicos, con aglomeración de personas en actos reivindicativos, es necesario contar con información previa que pueda recabarse derivada de llamamientos a través de las redes sociales o de otras fuentes", argumenta el mencionado jefe operativo, que pide a sus subordinados que rastreen estas plataformas con el fin de detectar esas posibles convocatorias que permitan a la Guardia Civil acudir a los lugares antes de que se produzcan las concentraciones.

Se trata de una labor clásica realizada por las fuerzas de seguridad para localizar quedadas u organización de actos delincuenciales o potencialmente peligrosos y poder anticiparse a los mismos. Así actúan los servicios de información tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional ante posibles amenazas terroristas, de 'kale borroka' o de otro tipo de bandas organizadas. Se trata del mejor modo de neutralizar un riesgo, cortarlo antes de que tome cuerpo.

En la misma línea va la actuación que estos días está llevando a cabo la Policía Nacional, que ha desplazado agentes precisamente de los mencionados servicios de información a los núcleos en los que se han concentrado más personas en actitud de protesta en Madrid, como el citado barrio de Salamanca de la capital de España. Los funcionarios han estado presentes desde el pasado lunes con el fin de recabar datos sobre posibles infracciones de las limitaciones impuestas por el estado de alarma u otra información "de interés policial", según explican fuentes de la corporación.

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También la Policía Nacional, según publicó El Confidencial, está tratando de averiguar si hay alguien detrás de todos estos actos de protesta, que existe la posibilidad de que no sean fruto de iniciativas espontáneas. El pasado domingo, por ejemplo, llegaron a la puerta de la vivienda que comparten el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra Irene Montero, en el municipio madrileño de Galapagar. La investigación emprendida por la Policía Nacional, según explican a El Confidencial fuentes policiales, fue encomendada por el comisario José Antonio Rodríguez, responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, extremo que niegan tajantemente desde el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

La orden de la comandancia de la Guardia Civil, ahora, se limita a exponer un mandamiento para todos los efectivos del instituto armado en Madrid. No detalla finalidad alguna de la misma, más allá de la mencionada necesidad de contar con datos previos a la concentración de personas "en actos reivindicativos". El jefe interino de operaciones reclama a los destinatarios que le remitan todos los días antes de las 16:00 informes en relación con estas convocatorias detectadas a través de redes sociales o de otras fuentes. El mando aporta incluso un documento Excel con el fin de que los apelados tan solo tengan que rellenar las cuadrículas.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid matizan que en el mencionado correo electrónico "en ningun momento se habla rastrear". "Obtenemos información por cualquier medio para garantizar la seguridad ciudadana, como se ha hecho siempre", explican desde el organismo que dirige al instituto armado en la comunidad autónoma.

Durante estos días, organizaciones sindicales de la Policía y de la Guardia Civil, como Jupol, han protestado contra la utilización política del colectivo de fuerzas de seguridad. En concreto, el sindicato ha anunciado que emprenderá "todas las acciones legales oportunas" ante la difusión de bulos e injurias que se viertan contra la corporación de la Policía Nacional o la actuación de sus agentes. "Se está produciendo la difusión a través de redes sociales de informaciones falsas con relación a actuaciones policiales", subrayan desde Jupol. Otras fuentes aseguran a El Confidencial que la Policía únicamente tiene criterios profesionales y que no actúa por otras directrices que no sean estas.