CONGELADOS DESDE MARZO

El Gobierno prevé activar los plazos procesales el próximo 4 de junio

En los últimos días, las asociaciones judiciales reclamaban al unísono un pistoletazo de salida esencial para tratar de recuperar cierta normalidad en los tribunales

Foto: El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. (EFE)
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. (EFE)

La quinta prórroga del estado de alarma no será igual que las demás. Entre otros aspectos, el Ministerio de Justicia -en coordinación con la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial- prevé reactivar los plazos procesales a partir del próximo 4 de junio, informan a El Confidencial fuentes cercanas al departamento que dirige Juan Carlos Campo. La medida es fundamental para desescalar también en los tribunales y activar su funcionamiento, prácticamente paralizados desde la aprobación, en marzo, de las medidas excepcionales. En los últimos días, las asociaciones judiciales reclamaban al unísono luz verde para que comenzaran a correr. Un pistoletazo de salida básico para tratar de recuperar cierta normalidad también en este terreno y minimizar, en la medida de lo posible, el atasco que vendrá tras el parón.

Según informan fuentes jurídicas, el Ministerio ha convocado a las asociaciones este miércoles con la intención de informar sobre la nueva fecha. En anteriores encuentros, se apuntaba a una fecha inicial, el 6 de mayo. Tanto la Asociación Profesional de la Magistratura como la Asociación Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia reclaman la activación anticipada de actuaciones al menos en aquellas zonas de España donde se dan ya las condiciones para ellos por encontrarse en fase 1 o incluso 2.

El estado de alarma que se aprobé el pasado 14 de marzo incluyó la interrupción de los plazos previstos en las leyes procesales para todas los órdenes jurisdiccionales. No contaban así los días establecidos en las normas que regulan los procesos penales, sociales, civiles y contencioso administrativos para todo tipo de cuestiones como alegaciones, pruebas, recursos....

Se interrumpía con esta medida lo que se conoce como el principio de preclusión, que es el que permite que adquieran carácter firme los actos cumplidos dentro del periodo establecido o la pérdida de la posibilidad de variarlos en esa misma sección de tiempo. Con esta suspensión, se evita que las personas incluidas en un proceso pierdan el derecho a hacer un trámite determinado porque no han podido llevarlo a cabo en el plazo establecido.

El decreto establecía que el cómputo de los plazos se reanudaría en el momento en que perdiera vigencia la instrucción o las prórrogas a las que pueda verse sometida por parte del Ejecutivo. En el orden jurisdiccional penal, la interrupción no se aplicó a determinadas actuaciones: las de los servicios de guardia, las actuaciones con detenidos, las órdenes de protección, las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente han podido acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.

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