La cifra oficial de muertos salta por los aires al admitir las CCAA 8.000 más en residencias

Primero fueron errores en la actualización diaria de los datos. Luego, las diferentes formas de contabilizar a los pacientes hospitalizados y en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Y ahora, nuevamente, los diferentes criterios de las comunidades autónomas a la hora de registrar los fallecidos por coronavirus. Al menos cinco regiones —Madrid, Cataluña, Castilla y León, Galicia y Navarra— no incluyen en los datos oficiales remitidos al Ministerio de Sanidad el número de defunciones que han tenido lugar fuera de los hospitales (residencias de ancianos, domicilios particulares o en la calle), ni siquiera cuando se tratan de positivos confirmados mediante prueba PCR o test rápido de anticuerpos. De incluirse las muertes extrahospitalarias de estas comunidades, la cifra de muertos de España se incrementaría en al menos 2.700, acercando el total a los 22.000.

Cataluña dio la señal de aviso el pasado miércoles, cuando elevó la cifra oficial de fallecidos de 3.855 a casi 7.100. El primer dato —que es el que figura en el último informe de Sanidad— se refiere a “muertes en centros hospitalarios”, mientras que el segundo procede de la información transmitida diariamente por las funerarias, donde figuran 1.810 defunciones en residencias, 62 en centros sociosanitarios y 456 en domicilios particulares.

En la rueda de prensa de este jueves, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, justificó la no inclusión de los nuevos datos de Cataluña por no tener “la seguridad de si tienen un diagnóstico de coronavirus previo o no”. “Ahora mismo, en España se están contabilizando todos aquellos infectados que fallecen y que tienen una prueba positiva. El Ministerio de Sanidad no es quien genera la información; se genera en los servicios sanitarios de salud pública de las comunidades autónomas”, añadió Simón. Desde el departamento dirigido por Salvador Illa, se abundó posteriormente en este criterio: “El ministerio mantiene que la definición de caso es toda aquella persona que fallece sea donde sea con un diagnóstico de Covid por prueba diagnóstica positiva. Ese es el dato que se solicita diariamente a los servicios de salud pública”.

Este criterio es el que siguen, por ejemplo, Castilla-La Mancha y Asturias. La primera incluye los 636 fallecidos en centros sociosanitarios en el total de 1.796 defunciones. Por su parte, la segunda informó ayer de que de los 93 internos en residencias fallecidos por coronavirus, 73 murieron en un hospital y los otros 20 en alguna residencia, todos los cuales están contabilizados en la cifra oficial de muertos.

Sin embargo, Madrid, Castilla y León, Galicia y Navarra solo reportan el dato de fallecidos de casos confirmados en hospitales. Así lo reconoció el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero (PP), al reconocer que los fallecidos en las residencias no se incluyen en las estadísticas oficiales. En su comparecencia del pasado martes, Ruiz Escudero cifró en unos 2.800 los fallecidos en residencias, pero, ayer mismo, la Consejería de Políticas Sociales (Ciudadanos) se refirió a 781 muertos por Covid-19 (con test confirmado), mientras que otros 4.172 fallecieron con síntomas pero sin prueba realizada.

Por su parte, Galicia también separa a los fallecidos en residencias (95) de las defunciones hospitalarias (310), que es el dato que recoge el informe oficial de Sanidad. Castilla y León también remite al ministerio las muertes en hospitales (1.401), si bien da cifras de los internos en residencias sociales que han fallecido por Covid "en hospital o en residencia" (881) y aquellos que han muerto "con síntomas compatibles" pero sin prueba realizada (1.048).

La última región en advertir esta discrepancia metodológica ha sido Navarra. La comunidad foral informaba ayer de que incorporaba "los casos de fallecimientos de personas con prueba PCR positiva, tanto si se producen en hospitales como en residencias, lo que da un acumulado unificado de 340" (en el informe oficial de ayer de Sanidad, seguían apareciendo las 261 muertes en hospitales).

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Si tenemos en cuenta las muertes con PCR positiva fuera de hospitales (1.810 en Cataluña, 781 en Madrid, 95 en Galicia y 79 en Navarra), habría que sumar 2.700 más a la cifra oficial de 19.130 fallecidos en España. Pero si además añadimos las defunciones “con síntomas compatibles” pero sin prueba PCR realizada en residencias (4.172 en Madrid, 1.048 en Castilla y León y 155 en Navarra), estaríamos hablando de un total de 27.200 fallecidos.

Esta información desglosada —fallecidos con test realizado y con síntomas compatibles— ha sido solicitada por el Ministerio de Sanidad a todas las comunidades autónomas, aunque todavía no la ha publicado. No obstante, la inmensa mayoría de las regiones tienen separadas las competencias en Sanidad y Servicios Sociales en dos consejerías diferentes (en el caso de Madrid, están gestionadas por dos partidos diferentes, PP y Ciudadanos, y en País Vasco están en administraciones diferentes, Gobierno y diputaciones forales), lo que puede complicar más aún la recopilación de datos. De sumar todos los fallecimientos en residencias, como hizo Francia, que ha cuadruplicado su número de muertos en el mes de abril, el dato oficial de España saltará por los aires.

Impacto sobre los estudios científicos

Más allá de la provisionalidad del número de fallecidos —el número real aproximado no se sabrá hasta dentro de varios meses e incluso años—, que las cifras oficiales mezclen datos con diferentes significados influye directamente en los estudios epidemiológicos y matemáticos para predecir el avance de la pandemia.

En una entrevista en la Agencia SINC, el investigador David Gómez-Ullate, miembro del comité de expertos de la Acción Matemática contra el Coronavirus, admitía “un problema con los datos que facilitan las comunidades autónomas”. “Algunas envían el número de pacientes ingresados en una fecha concreta, mientras que otras mandan el dato acumulado del número total de pacientes que han necesitado ingreso hasta esa fecha. Y por si fuera poco, algunas comunidades autónomas cambian de criterio a mitad de la serie sin corregir los datos anteriores. Así es muy difícil trabajar. El comité está haciendo peticiones constantes de acceso a mejores datos, pero ahora mismo no nos están llegando”, se lamentaba.

Esta falta de homogeneización de las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, así como los cambios de criterio, ha obligado a desechar muchos estudios científicos. Cuando Sanidad admitió las diferencias entre comunidades autónomas a la hora de contabilizar los hospitalizados en planta y en la UCI, el grupo de investigación MUNQU, de la Universitat Politècnica de València, tuvo que abandonar su modelización epidemiológica: “Cualquier estudio que esté utilizando estos datos debe revisarse, en particular, el nuestro. (…) Esperamos pronto publicar nuevos informes corregidos, si bien será difícil que sean aplicables a toda España por la falta de homogeneidad de los datos en las diversas comunidades autónomas”.

Como dice un concepto informático: ‘Garbage in, garbage out’. Si se introducen datos de mala calidad, el resultado del análisis será siempre malo.