La residencia en la que los muertos y contagiados por coronavirus son un secreto

El enfado con la residencia Orpea de Alcobendas se refleja en el grupo de WhatsApp que decenas de familias han puesto en marcha para coordinarse. En él, critican la opacidad del centro ante la pandemia del coronavirus, una situación que han denunciado ante la Fiscalía, la Policía Nacional y la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ninguno sabe con certeza qué está ocurriendo de puertas para adentro ni cuántas muertes suma el geriátrico, pero las noticias que llegan no son buenas. Este mismo lunes, Ana enviaba un mensaje a las 23:19 para mostrar su malestar: "Una noche más, a esperar que no pase nada". Nueve horas después, a las 8:47, volvía a escribir en el grupo: "Aquí acaba todo para mí. Mi madre ha muerto esta madrugada". Con la residencia negándose a facilitar datos, las familias ya tienen su particular 'chat del pánico'.

La multinacional Orpea cuenta con 23 geriátricos en Madrid, y el de Alcobendas no es el primero que salta a los titulares por el coronavirus. A finales de marzo, Comisiones Obreras compartió el audio de una trabajadora de la residencia Orpea Loreto en el que se asegura que el centro ha ocultado un brote mediante chantajes y amenazas. Ahora, familias de la de Alcobendas, con 180 plazas, temen que esté ocurriendo lo mismo, y es que por mucho que pregunten por el número de muertos y contagiados, el centro se escuda en que afecta a la intimidad de los residentes para no dárselos. Mientras tanto, en el chat hablan de más de 25 fallecidos durante el estado de alarma, una preocupación que se refleja en la denuncia que presentaron el 4 de abril ante la Policía Nacional.

Orpea, sin embargo, quita peso a las críticas. La denuncia se ha hecho "en representación de 59 personas" que tienen algún familiar en el centro, pero a ellos les parece un grupo menor: "De 180 plazas, son 59. Pues mira, 120 están en el lado contrario". La empresa asegura además que ha presentado demandas contra algunos de ellos, y defiende su decisión de no comunicar el número de fallecidos o contagiados: "Tenemos directrices de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, de que esos datos sean comunicados a ellos. Evidentemente, las familias quieren estar informadas, pero no es a ellos a quienes se los tenemos que dar". En otras palabras: avisan si el familiar coge el virus o muere por el virus, pero no cuando el virus se propaga por sus instalaciones.

[El comunicado con el que grupo Orpea responde a las críticas]

Dadas sus referencias a las autoridades, El Confidencial se ha puesto en contacto con la consejería de Políticas Sociales y Familia para preguntarles si recomiendan a las residencias que no informen sobre el número de contagiados o fallecidos. Su respuesta es tajante: "Desde la consejería no se ha dado ni una sola orden en ese sentido. Ni una. Las residencias son totalmente libres de facilitar los datos a las familias y en esta consejería se ha optado por la absoluta transparencia". Pero Orpea no da su brazo a torcer. Y cuando se les pregunta por cómo esa falta de información está generando pánico entre las familias, se ponen de perfil: "El pánico está claro, pero muchas residencias tampoco facilitan esa información más que a quienes nos obliga la ley".

Cansados de sus evasivas, algunas familias han sacado a sus mayores de la residencia. Ese es el caso de Carlos Yuste, que el 30 de marzo se presentó en el geriátrico para llevarse a su madre: "Tiene alzhéimer y está en el punto de una edad mental de cuatro años. A mí lo del coronavirus no me asustaba. Yo, sinceramente, prefiero que mi madre se muera tranquila, pero me asustaba mucho que estuviera encerrada, sin ningún estímulo". La sorpresa llegó al repasar el informe médico que le entregaron, en el que le advierten de que su madre corre "riesgo de malnutrición". Pagando 2.400 euros al mes para que cuiden de ella, Carlos no entiende que no hayan prestado más atención a su alimentación, pero Orpea argumenta que no conoce ese "caso concreto".

Según explica Carlos, este es el "caso concreto" de su madre: "Ella tuvo fiebre y la encerraron muy pronto. La confinaron en una habitación y yo me tiré como diez días sin poder hablar con ella. Me apunté a la lista que ofrecen para videollamadas, pero nada. Entonces empecé a presionar en las redes sociales y ya dos días después me llamaron. Al verla, me asusté: me daba miedo que una niña de cuatro años estuviera así". Una vez en casa, sus temores se confirmaron: "Por lo menos antes andaba, ahora ni llega al cuarto de baño ella sola. Hace tres semanas todavía hablaba, ahora no junta dos palabras. Es el proceso que iba a seguir la enfermedad, pero no entiendo que en tres semanas hayan destruido todo el trabajo que ellos mismos llevaban hecho. La tengo aquí en una butaca, no se entera de nada".

Pilar Navarro también sacó a su madre de la residencia el pasado domingo. "Veíamos que no nos daban información y mi madre me contó que la iban a bajar a la primera planta, que era donde se encontraban en un principio los contagiados y había muerto alguno. Ahí le dije que no: ellos dicen que han fumigado, pero que sepamos las familias, se ha limpiado la habitación de uno". Su madre, con principio de alzhéimer, se encuentra en buen estado y está a la espera de que le hagan el test, pero la familia no perdona el trato que han recibido por parte de la residencia: "Para mí, eso es el corredor de la muerte".

Esther Ortega, que tiene a su padre y a su madre en la residencia, también habla de angustia: "Mi padre me dice: 'Por favor, no te quejes más, que luego pago yo las represalias'. Tiene cierto deterioro cognitivo y no estoy segura al 100% de lo que me dice, pero te puedes imaginar la preocupación". Las noticias que le llegan de su madre tampoco son alentadoras: "Ella ha estado nueve horas con excrementos en un pañal porque, por mucho que llamaba, allí no apareció nadie". "Este domingo, como muchos otros días, no cenó". "Necesita heparina y nadie se la da". "Le han hecho daño al lavarle y, cuando se ha quejado, le han dicho que si no le gusta cómo lo hacen, se puede ir a su casa y coger a una señora". Cuando se pregunta a Orpea por estos hechos, la empresa sostiene que la anciana se enfrenta a cualquier trabajador que no sea español: "Entrar en ese detalle es absurdo. Que lo quieras publicar tú y buscar el sensacionalismo, fantástico".

[La carta que les ha enviado el gabinete de Díaz Ayuso]

El listado continúa con Susana Paya, que también tiene a su madre en la residencia. "Ellos publicitan que podemos ver a nuestros familiares por videollamada una vez al día, pero con nosotros no se dignan a hacerlo: solo lo hacen con el tutor del residente y una vez por semana. La última vez que vi a mi madre fue el viernes pasado y tenía una insuficiencia respiratoria clara", asegura. Orpea niega que se esté incumpliendo el compromiso de las videollamadas, pero la desesperación de Susana llega a tal punto que ha empezado a grabar todas las conversaciones con la residencia. Entre ellos, destaca una conversación que tuvo con una portavoz del centro el 18 de marzo:

—No puede ser que en una videollamada yo vea que la señorita que está atendiendo a mi madre, en este caso la fisio, no lleve ninguna protección.

—Están bien... A ver, esto no es ningún hospital. Aquí están todos los abuelos y todo el personal bien. Nos estamos lavando todo el día con el jabón este y tomándonos la temperatura.

Susana iba de farol y no tiene la fotografía, pero, si hace falta, asegura que sostendrá esta supuesta falta de protección ante los tribunales. Esa es la posibilidad que cada vez coge más fuerza entre las familias: tras pedir ayuda a la Comunidad de Madrid, la Fiscalía e incluso la Policía Nacional, asumen que no les queda otro camino. Sus quejas se recogen por ahora en la denuncia que presentaron el 4 de abril: "Hemos sido informados por los residentes (cognitivamente válidos) que las deficiencias en cuanto a falta de personal, alimentación e higiene se han visto acrecentadas desde la aplicación del estado de alarma, dejando a los residentes en un estado lamentable y crítico para todas aquellas personas que no se pueden valer por sí mismas". Aunque agradecen el esfuerzo de los trabajadores, no entienden el papel de la dirección.

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Mensajes similares han hecho llegar a la Fiscalía, desde donde les respondió este lunes la sección de Discapacidades de Alcobendas: "En relación con el correo electrónico remitido a esta Fiscalía, sobre la Residencia Orpea de Alcobendas, les comunico que desde la Fiscalía se ha dado traslado a las autoridades administrativas competentes, a los efectos oportunos". El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, les escribió por su parte el 31 de marzo, misiva en la que aseguraba que daría traslado de sus quejas a la consejería de Sanidad: "Puede tener la seguridad de que el Gobierno regional ha puesto en marcha, desde el primer momento, las actuaciones que ha considerado imprescindibles para proteger la salud y la vida de los ciudadanos".

Esa presión a las autoridades se entremezcla con el temor a que suene el teléfono en cualquier momento para avisarles de la muerte de sus familiares. Este reportaje, de hecho, ha quedado desactualizado en los tres días que ha tardado en escribirse: en ese tiempo, Susana ha perdido a su madre. El miércoles por la mañana, ella misma se lo comunicó a El Confidencial entre sollozos: "Mi madre ha muerto. Sigue adelante con el artículo, por favor. Esto no se puede quedar aquí". Ahora solo le queda comunicárselo al resto de familias: la residencia no lo va a hacer.