Los Banús llevan a los tribunales su guerra interna por un patrimonio de 200 millones

Los herederos de Juan Banús —el hombre que construyó el Valle de los Caídos junto a su hermano José, además de los barrios de la Concepción y de Mirasierra, en Madrid— están divididos por un patrimonio de 200 millones de euros. Tres nietos del promotor presentaron el pasado 18 de octubre una querella contra su hermano, el administrador de la empresa familiar, por los delitos de administración desleal y ocultación de información. Celia, Ángel y Miguel Banús Gutiérrez acusaron a Manuel, presidente del consejo de administración de la mercantil Valdemira, de vaciar la empresa como si fuera su "cortijo".

El Juzgado de Instrucción 18 de Madrid admitió la querella y abrió una investigación contra Manuel Banús Gutiérrez, pero también contra Luis Moliner Oliva, secretario del grupo y persona muy vinculada históricamente al padre de los hermanos enfrascados ahora en la batalla judicial, Juan Banús. Este último, hijo del mencionado constructor que se hizo rico durante el franquismo, falleció en 2000 y legó el patrimonio a su mujer y a sus 10 vástagos, entre los que se encuentran los tres querellantes y el querellado. El juzgado trata de averiguar ahora si, como dicen los denunciantes, Manuel está concediendo préstamos a otros hermanos sin esperar su devolución, una suerte de operación encubierta de cesión de dinero que está dejando a la compañía sin liquidez y forzándola a vender activos.

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Para conocer los pormenores de estos movimientos, Celia, Ángel y Miguel aseguran en su querella que han reclamado en repetidas ocasiones a su hermano Manuel información detallada que les permita conocer la realidad financiera de la compañía. Los tres argumentan que necesitan "saber con exactitud el valor" de la mercantil, conocer su "evolución económica" y valorar si la gestión del patrimonio ha sido la "idónea" o no. Reclaman conocer estos extremos para decidir si permanecen vinculados a la sociedad familiar o si salen de la misma y en qué momento lo hacen.

Sin embargo, según alegan, la compañía en ningún momento les ha proporcionado documentos internos que reflejen esta realidad contable, a pesar de que dos de los tres querellantes (Ángel y Miguel) incluso son miembros del consejo de administración, junto al propio Manuel y a los también hermanos Rafael y Juan. Los firmantes del escrito acusan al presidente del consejo de administración de "despatrimonializar" la compañía por medio de las mencionadas operaciones desde 2016. Ese año, añaden, los responsables de la cúpula comenzaron a negarles "información" sobre "las cuentas y movimientos" de la empresa.

En concreto, especifican, los administradores se negaron a revelar todo lo relativo a esos "supuestos préstamos" concedidos "a algunos socios por importe de decenas de millones de euros sin garantía real o personal alguna" y a una supuesta "dejadez" para "reclamar una deuda superior a 20 millones de euros" que tiene la compañía. "No se ha realizado ninguna gestión para recuperar préstamos aleatorios a un socio en concreto por más de 18 millones de euros", subrayan a modo de ejemplo los querellantes en su escrito. Los tres hermanos, que calculan en más de 200 millones de euros el patrimonio del grupo, acusan a los querellados de tener una "verdadera voluntad obstaculizadora" para ocultar la realidad empresarial.

Los querellantes, en su escrito, se aventuran a sugerir al juzgado lo que en su opinión está ocurriendo en la compañía por debajo de esta presunta ocultación. Afirman que los administradores están concediendo préstamos "a quien se les antoja", siempre "dentro del entorno familiar". Añaden que, con motivo de estas salidas de fondos, el grupo se endeuda, ya que se queda sin liquidez y tiene que recurrir a las entidades financieras con el fin de que estas le presten las cantidades que han 'escapado' de la caja. "Una vez que la situación es detectada por la banca", continúan, esta solicita la deuda, por lo que la mercantil tiene la "necesidad de vender activos" para sufragar esas reclamaciones. Entienden que este dinero deberían proporcionarlo los beneficiarios de los préstamos, pero aseguran que esto no ocurre. Agregan que el resto de hermanos no defiende sus derechos "por miedo, por no romper las relaciones familiares o porque cree que la situación revertirá".

El representante legal de los dos querellados, el abogado Fernando Castedo, asegura que sus clientes —Manuel Banús y Luis Moliner— están "muy tranquilos" ante esta investigación judicial. "No hay sustrato penal en la querella", sostiene el letrado, quien confía por este motivo en que el caso "se archive pronto". De momento, la cuestión está en fase de instrucción y el juzgado ha pedido una serie de documentos a los gestores de Valdemira que estos no terminan de aportar.

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Se trata de las cuentas anuales de los últimos cuatro ejercicios, las actas de los consejos, el tratamiento fiscal de una "posible donación" de Celia Gutiérrez —madre de los 10 hermanos y viuda de Juan Banús— así como determinadas ventas de activos, los mencionados créditos a familiares o los detalles de diferentes cantidades reflejadas en el balance al que han tenido acceso los querellados vía una auditoría externa que sí les proporcionó la compañía. "La petición no se dirige a la sociedad Valdemira, sino a Manuel Banús como persona física", justifica Castedo, para explicar por qué la sociedad no ha proporcionado aún la mencionada documentación.

La guerra judicial iniciada por tres nietos de Juan Banús —el hermano del constructor de Puerto Banús, José Banús— no es la primera que enfrenta a la familia. A pesar de que el abuelo Juan incluyó en su testamento una cláusula que ordenaba reducir la cuota al heredero que iniciara un procedimiento judicial por asuntos de patrimonio, sus tres hijas acudieron a los tribunales al entender que sus dos hermanos (Juan y Antonio) habían recibido más que ellas. Aquel movimiento fue el inicio de la división familiar que ahora se acentúa en la siguiente generación, la de los nietos del abuelo Juan, que de momento prevén mantener el pulso judicial.